Qué pierde Paraguay con el congelamiento del tratado de Itaipú

El gobierno paraguayo ha centrado su política internacional en adherirse inmediatamente a las políticas norteamericanas dirigidas por el gobierno de Donald Trump. En esa prioridad, se ha “olvidado” que con Brasil debió ya cerrar las negociaciones en torno del Anexo C, de Itaipú. Por qué las mantiene congeladas y qué pierde con eso Paraguay.

Por Julio Benegas Vidallet

El 31 de diciembre del año pasado era la fecha en la que debieron haber cerrado, según habían anunciado en el Acuerdo de Entendimiento de mayo de 2024, las nuevas disposiciones del Anexo C. Principalmente el artículo que establece que el excedente energético, es decir, la energía que cada país no use, debe ser cedido a la contraparte.

Era claro entonces que el país que iba a beneficiarse de la cesión del excedente era Brasil, puesto que Paraguay era un país de muy pocas industrias y con poca capacidad de infraestructura para extender sus redes en las comunidades, entonces principalmente rurales.

Ya en los 2000, por ese excedente energético, Paraguay andaba recibiendo unos USD 120 millones de dólares anuales, hasta que con el acuerdo Lula-Lugo (2009) se triplicó este monto y se habilitó también el financiamiento para la primera línea de alta tensión de 500 Kv., la infraestructura necesaria para trasladar buena parte de la energía que a Paraguay le tocaba de esa entidad binacional.

Hasta el 2023 el consumo interno de la energía de Itaipú no había pasado el 20 por ciento. En el 2024 explotó. Pasó Paraguay a consumir el 30.8 de la potencia contratada por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

La refrigeración de casas y comercios en olas de calor apareció liderando este consumo, aunque muy cerca estuvieron las criptomineras, las legales y las ilegales.

Cerca del 31 de diciembre, muy cerca ya, ambos países comunicaron que no cerrarían las negociaciones aún. Nadie soltó prendas entonces sobre el punto o los puntos álgidos, aunque el presidente de Paraguay había anticipado que los retrasos se debían principalmente al hecho de que el presidente brasilero Inácio Lula Da Silva y las demás autoridades brasileras tenían menos conocimiento técnico del tema que los negociadores paraguayos.

Un poco después, el ministro de Industria y Comercio, Javier Jiménez, comentó a El Prisma que era muy poco lo que faltaba, que había un consenso en un 80% de temas y que el resto era de ir afinando. Sobre cuáles eran los temas de consenso y cuáles había que avanzar no hubo respuesta. Aunque, entre otras cuestiones, indicó que el financiamiento de la generación de nuevas fuentes de energía estaba en carpeta.

Actualmente, en el embalse de Itaipú se han instalado unos paneles flotantes. Es un plan piloto que servirá, en un primer momento, para abastecer al área prioritaria de la misma entidad. A largo plazo puede servir para una poderosa fuente de generación energética.

“Se puede hacer una segunda Itaipú utilizando el diez por ciento de todo el embalse”, dijo, recientemente, el coordinador de dichas obras, el ingeniero Pedro Domaniczky, a nuestro periódico.

La nueva fecha marcada para cerrar la negociación fue “a más tardar” el 30 de mayo de este año, 2025. En ese trámite en el que las negociaciones habían avanzado en “un 80%”, saltó en medios de Brasil que durante el gobierno de Jair Bolsonaro se espiaba, cibernéticamente, a autoridades de Paraguay, entre ellas, al presidente de entonces, Mario A. Benítez.

El gobierno paraguayo tomó esto como justificativo para congelar inmediatamente las negociaciones, hasta contar con una explicación “formal” del gobierno brasilero.

Desde Cancillería de Brasil se ha reconocido que tal espionaje, por aparatos electrónicos, sobre autoridades paraguayas existió, pero durante el primer período de gobierno de Jair Bolsonaro, y no durante el presente gobierno, liderado por Lula Da Silva.

Desde ese momento, las negociaciones entraron en un punto muerto. “De eso no podemos hablar”, nos comentó fuente interna de la embajada de Brasil. “Ni informalmente”.

Entremedio, hubo un revés importante en la diplomacia paraguaya, liderado, probablemente, por Brasil. El candidato paraguayo a presidir la Organización de Estados Americanos (OEA), el canciller Rubén Ramírez Lezcano, que contaba supuestamente con el voto de una mayoría, debió renunciar a tal candidatura.

Es que los vientos del Norte sacudían el hemisferio con nuevas fuerzas desde la asunción presidencial de Donald Trump, aquel 1 de enero de 2025. Esta vuelta de tuerca mantuvo a Brasil y Paraguay en líneas completamente opuestas en relación con las decisiones y los intereses del gobierno de los Estados Unidos.

Ante las masivas deportaciones de migrantes desde los Estados Unidos, con esposas y fusiles a la espalda, los presidentes latinoamericanos y caribeños se reunieron de urgencia en la CELAC para denunciar y ver formas de resistencia.

Santiago Peña no fue a la reunión. En el mismo día se reunió con su par argentino, Javier Milei.

Luego el gobierno de Trump sacó el tema de los aranceles, blandiéndolo selectivamene como premio y castigo. Brasil fue, finalmente, uno de los países más afectados. El gobierno de Trump incluso lo consideró “una amenaza para su seguridad nacional y su economía”. Hacía referencia al hecho de que Brasil, con Lula, se ponía a tono, nuevamente, con los Brics. El bloque económico que busca ser un contrapeso a la economía y hegemonía norteamericanas.

En tanto esto ocurría, otro gran tema que dividió las aguas en las relaciones internacionales fue el caso del genocidio en Gaza, Palestina. En tanto que Brasil y otros países lo denunciaban como tal, como genocidio, Paraguay se posicionaba indefectiblemente en favor de Israel y por, tanto, en favor de la política norteamericana liderada en estos momentos por Trump.

Fue así que se opuso al cese de fuego en Gaza propuesto en la Organización de las Naciones Unidas y también, luego, se opuso a la instalación de un Estado palestino.

Pero el gobierno paraguayo ha dejado dormir la negociación del Anexo C también porque, al decir de sus propios voceros, ya habían conseguido, en el Acuerdo de Entendimiento de abril del 2024, una “conquista histórica”. Es un acuerdo de entendimiento que regirá -o debe regir- hasta el 31 de diciembre de 2026.

En qué consiste esta “conquista histórica”.

Básicamente en haber elevado la tarifa de la energía de Itaipú a USD 19,28 Kw mes. Esto que, según muchos entendidos, entre ellos el ingeniero Ricardo Canese, se considera una derrota, ya que Paraguay debe pagar más cara por la energía que produce Itaipú, para el gobierno no lo es. Para el gobierno fue “una conquista histórica”.

Veamos

La nueva tarifa absorbe el denominado rubro de Gastos Sociales. Son unos USD 650 millones anuales que dispone el gobierno paraguayo para usarlo “discrecionalmente”, al decir de la ex directora financiera de la entidad, Gladys Benegas.

Es un dinero que no se ubica en el Presupuesto General de Gastos de la Nación. Y como tal, se lo utiliza sin un plan definido y sin escrutinio público. Es decir, sin pasar por controles de la Contraloría ni formar parte de presupuesto de ministerio alguno o de la Administración Nacional de Electricidad, la encargada de distribuir y administrar el servicio en el país.

Cuál es la mejor posición

Para la catedrática norteamericana, Christine Folch, experta en temas energéticos de Paraguay, la mejor posición que puede tomar Paraguay es imaginarse Itaipú y Yacyretá como grandes propulsores de un proceso de industrialización para darle calidad de vida a la gente. Con un “gigante como Brasil” ser un “pedigüeño no es la mejor negociación”. Sin un plan de desarrollo es imposible mejorar la negociación con Brasil, nos había dicho en este artículo:https://elprisma.com.py/sin-plan-de-desarrollo-industrial-es-imposible-mejorar-la-negociacion-con-brasil/

En eso coincide con Mercedes Canese y Ricardo. En realidad, coincide con la mayoría de la gente que ha estudiado el tema a profundidad.

Según Canese, lo que Paraguay debe hacer es contratar toda la energía eléctrica de ambas binacionales para ubicarla al servicio de la extensión de la energía a todo el país, a bajar el precio de la electricidad, ampliar la tarifa social a pequeñas y medianas empresas y a industrias con generación de empleo de calidad..

El acuerdo de entendimiento de abril del año pasado también sostiene dos cosas muy importantes: que la tarifa corresponda únicamente al costo operativo de la entidad y no a otros “costos discrecionales” y que Paraguay podrá vender su energía a Brasil libremente.

La frase en la que se establece que la tarifa no tenga un costo “discrecional” es un punto instalado por los negociadores brasileros, hasta donde pudimos averiguar. Y ahí se encuentra, según hemos averiguado, el cuello de botella de la negociación: Sin costos discrecionales, como los Gastos Sociales, la tarifa debería fluctuar entre USD 8 Kw-MES. Pero Paraguay quiere pedir algo cambio, algo más.

En eso estaban cuando se congelaron las negociaciones. En ese algo más. Algo más.

Por la cesión de su excedente a Brasil el año pasado en Paraguay se ingresaron USD 240 millones. A precio de mercado, eso debe quintuplicarse. Así lo entiende incluso Jimmy Kim, vocero de la Cámara de Activos Digitales, atendiendo que las empresas criptomineras meterán a las arcas de la ANDE este año el mismo monto: USD 240 millones, por uso de 1000 MW, lo que produce una turbina y un tercio de otra. Itaipú cuenta con 14 turbinas.

Ahora mismo ya hay acuerdos de la ANDE con hospedadores de IA que quieren enchufar sus establecimientos cerca de las turbinas de la Itaipú.

Todo esto está pasando, pero el gobierno mantiene congeladas las negociaciones porque, según dijo alguna vez: espera una aclaración del gobierno de Brasil sobre lo sucedido durante el gobierno de Jair Bolsonaro.

Qué pierde Paraguay

Paraguay pierde un montón de cosas, nos cuentan los expertos de la materia. Pero sobre todo “sigue perdiendo soberanía energética. La posibilidad de un manejo autónomo de su principal riqueza”, sostiene Rubén Penayo, uno de los coordinadores de la campaña Itaipú, Causa Nacional.