El Poder Ejecutivo remitió ayer miércoles, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al Congreso Nacional una reprogramación del proyecto de presupuesto que se había remitido durante el gobierno de Santiago Peña, como prueba del impacto negativo que ya tiene la crisis financiera provocada por el quiebre de Ueno Bank.
El presidente Pedro Alliana se había reunido el pasado sábado 7 de noviembre con el presidente de la Cámara Baja, Oscar Latorre, ocasión en la que el jefe de Estado le solicitó posponer por unos días el inicio del estudio del Presupuesto General de Gastos 2027, porque volvería a enviar uno modificado, el que remitió ayer.
De acuerdo a las últimas sumas realizadas por economistas privados y funcionarios de sector económico y financiero, los depósitos pertenecientes a organismos públicos en la entidad intervenida oscilan entre USD 1000 y 1100 millones, ya que el monto que el Instituto de Previsión Social (IPS) depositó en el banco quebrado fue superior al monto inicialmente señalado: de USD 350 millones subió a USD 516 millones
Se suman al dinero de IPS congelado otras cuatro cajas de jubilaciones, los fondos del MEF, de ANDE y la margen paraguaya de Itaipú, entre los montos más elevados.
El proyecto enviado inicialmente contemplaba gastos por Gs. 166,3 billones (unos USD 25.754 millones), lo que representaba un aumento del 11,2 % respecto a 2026.
Ahora, el nuevo presidente ordenó al MEF modificar el proyecto para aplicar “recortes a gastos superfluos y reasignar recursos hacia sectores esenciales como salud, educación, seguridad e infraestructura”, según informó Latorre tras su reunión con Alliana.
En este nuevo contexto de crisis financiera es muy previsible un encarecimiento de la deuda que, de seguro, contraerá el Poder Ejecutivo para cubrir el déficit fiscal que afecta al presupuesto anual.
El proyecto original preveía emitir bonos en el mercado internacional por casi USD 2.700 millones. Con el aumento en la percepción de riesgo país tras la crisis bancaria, los analistas y el propio MEF advierten que los inversionistas podrían exigir tasas de interés más altas o mostrar menor interés por los bonos paraguayos.
En este sentido, la agencia internacional Fitch Ratings colocó la calificación de deuda soberana de Paraguay bajo vigilancia negativa. Esto debido al riesgo de que el Tesoro deba absorber costos extraordinarios de rescate o cubrir brechas de liquidez, lo que dificultaría cumplir la meta de reducir el déficit fiscal, proyectado en 3,9 % del PIB para 2027.
Aunque el Poder Ejecutivo aseguró que la restitución de los fondos previsionales tendrá prioridad en el proceso de liquidación, la falta de disponibilidad inmediata de liquidez obliga a las entidades e instituciones públicas afectadas por la crisis bancaria a reprogramar sus flujos de caja e inversiones previstas para el ejercicio 2027.