Gremios empresariales rechazan monto de peaje a cobrar en la Hidrovia Paraguay Paraná

Las 11 asociaciones vinculadas al comercio a través de la hidrovia cuestionan varias cláusulas de la concesión que el gobierno argentino dio a dos empresas privadas para que administren la Vía Navegable Troncal de Argentina, las que pueden perjudicar a las exportaciones e importaciones paraguayas.

“Esta forma de cálculo puede generar un impacto desproporcionado sobre los convoyes de barcazas y, por extensión, sobre productos paraguayos como la soja, la harina, el aceite y las importaciones de combustibles e insumos, cuya competitividad depende de manera decisiva de la eficiencia de la navegación”, expresa un pasaje del comunicado emitido ayer martes, a última hora de la tarde, por los 11 gremios, entre los que resaltan el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (CAFYM), el Centro de Importadores del Paraguay (CIP), la Feprinco, la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro) y la Unión de Gremios de la Producción (UGP).

Los cálculos referidos aluden a la tarifa de 1,30 dólares por tonelada de registro neto de productos transportados por los ríos Paraná y Paraguay que establece el contrato firmado entre el gobierno del presidente Javier Milei y el consorcio conformado por las empresas Jan De Nul, belga, y Servimagnus, argentina. La tarifa tendrá un plazo de duración de 25 años.

La concesión es para el dragado, balizamiento, cobro de peaje y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal que está ubicado en aguas argentinas, en la Hidrovia. El contrato de concesión fue firmado en la primera semana de julio pasado.

“Para un país mediterráneo, no basta con analizar individualmente cada peaje, concesión o intervención, es necesario considerar el costo total de transportar la producción nacional desde su origen hasta los mercados internacionales, así como la importación de productos e insumos críticos para nuestra economía”, dice otra parte del comunicado.

Los gremios firmantes del documento aclaran que están a favor de las inversiones que permitan una navegación más segura, eficiente y previsible por los dos ríos compartidos con Argentina, Bolivia y Brasil, pero advierten que “toda tarifa o peaje debe sustentarse en una metodología de cálculo clara, verificable y proporcional a los servicios prestados”.