Cómo construir confianza digital frente a las nuevas formas de estafa

Las estafas digitales o por medios digitales han estallado en el país. Son, por lejos, el mayor delito cibernético. Qué hacemos, cómo nos cuidamos. Acá un artículo con tres expertos en el tema.

Por Jazmín Rodriguez

Cada vez nos encontramos con más denuncias de estafas digitales y con pocos datos de fuentes oficiales o confiables en Paraguay en cuanto a estadísticas nacionales publicadas o consolidadas sobre el fenómeno.

Socialmente, existe consenso entre las autoridades, las entidades financieras y los equipos de respuesta a incidentes: las denuncias por delitos informáticos aumentan año tras año.

La fuente oficial más completa es la Unidad Especializada de Delitos Informáticos del Ministerio Público, que publica bases de datos abiertas y estadísticas por tipo penal. Entre 2020 y julio de 2025 se registraron 12.642 causas relacionadas con cuatro de los principales delitos informáticos investigados por la Fiscalía.

Paraguay cuenta con tipificación específica de delitos informáticos. No existe un código independiente de ciberdelitos; la regulación se encuentra integrada en el Código Penal (Ley N.º 1160/1997) mediante modificaciones introducidas por la Ley N.º 4439/2011. Estas cifras representan únicamente los delitos cuya investigación corresponde a la Unidad Especializada y no abarcan todos los delitos cometidos mediante medios digitales.

El incremento entre 2020 y 2024 supera el 740 %, lo que evidencia que las estafas digitales se han convertido en la principal modalidad de ciberdelito denunciada en Paraguay. Las investigaciones se concentran en: phishing, spoofing o suplantación de identidad, estafas bancarias digitales, fraudes mediante billeteras electrónicas, acceso no autorizado a sistemas, robo de credenciales, alteración de bases de datos y falsificación de tarjetas de crédito y débito.

Muchas denuncias comienzan como estafas tradicionales, pero el medio de ejecución es completamente digital: llamadas telefónicas, aplicaciones de mensajería, redes sociales, sitios falsos o plataformas de comercio electrónico. En los últimos meses, además, comenzaron a reportarse casos en los que delincuentes utilizan inteligencia artificial para imitar la voz de familiares o conocidos, solicitando transferencias urgentes de dinero; un fenómeno conocido internacionalmente como voice cloning fraud.

Para entender un poco más de todo este entramado tecnológico, El Prisma pudo conversar con varios expertos. Una de ellas es Maricarmen Sequera, directora ejecutiva de TEDIC, recientemente incluida en el Tech Diplomacy Global 50 del 2026, lista anual que reconoce a las 50 personas más influyentes del mundo en políticas tecnológicas responsables, gobernanza digital y cooperación internacional en la era de la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la transformación digital.

“Las políticas de ciberseguridad del MITIC obligan a la notificación de vulnerabilidades a esta institución. Muchas veces las empresas no quieren reportar ni notificar a sus usuarios y usuarias porque creen que afectará la confianza. Estos son protocolos de reporte de incidentes informáticos para colaborar en la protección y el trabajo conjunto de sus infraestructuras. Aun así, existe una limitación importante: al estar la mayoría de las actividades mediadas por tecnologías digitales, resulta cada vez más difícil distinguir estadísticamente cuántas estafas son específicamente ‘digitales’ y cuántas corresponden a delitos comunes cometidos mediante herramientas tecnológicas. En muchos casos, estos hechos se registran como delitos ordinarios y no como delitos informáticos”, nos explica al respecto.

En ese sentido, en Paraguay ya existe un Plan Estratégico de Ciberseguridad al que se puede acceder a través de https://www.tedic.org/la-evolucion-de-la-ciberseguridad-en-paraguay-mitic-como-pilar-estrategico/ y actualmente se encuentran en discusión tres propuestas legislativas sobre la materia.

Para TEDIC, el primer punto es unificar esfuerzos y construir una legislación con amplia participación de la academia, la sociedad civil, el sector privado y las instituciones públicas. También plantea que la ciberseguridad no debe entenderse únicamente como la protección de infraestructuras o sistemas informáticos. Partiendo de que ninguna tecnología es 100 % segura, “sostenemos que las políticas públicas deben poner en el centro a las personas y proteger sus derechos”.

La Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados hará una audiencia pública el 17 de agosto a las 10:30 en el Congreso Nacional. “Sería ideal que más actores se sumen a discutir en este espacio la política que necesitamos”, Convoca Sequeira.

La clave es la educación y la formación constante

La educación digital es la herramienta más efectiva contra las ciberestafas.

Los países que han reducido significativamente el impacto del fraude digital no lo lograron únicamente con mejores tecnologías, lo hicieron formando ciudadanos. La educación en ciberseguridad debería comenzar desde la escuela y extenderse a toda la sociedad. Es decir, no es solamente para ingenieros o profesionales, debe ser transversal para niños, adolescentes, adultos mayores, comerciantes, funcionarios públicos, empresarios, docentes, periodistas, etc.

En la actualidad, el objetivo principal del cibercrimen es explotar la confianza de las personas. Por ello, invertir en educación y concienciación ayuda a reducir pérdidas económicas y la exposición indebida, y fortalece la resiliencia digital del país frente a amenazas que evolucionarán y continuarán.

La educación es exactamente la clave de todo el asunto. Existen múltiples formas de prepararse ante este tipo de estafas y es necesario hacerlo, ya que cada vez se hacen más sofisticadas. Una forma de comenzar, sobre todo si pensamos en los intentos de engaño que llegan por correo, WhatsApp o SMS, son las autoevaluaciones. En este tiempo, en materia de ciberseguridad, la mayor vulnerabilidad sigue siendo la falta de educación digital.

Lupa Alonzo, consultora de tecnología y seguridad digital de TEDIC, recomienda estas dos herramientas disponibles en español. La primera es Shira, disponible en: https://quiz.shira.app/. En esa web se presenta un conjunto de preguntas para que una persona pueda entrenarse y detectar este tipo de engaños. Lo interesante es que se puede realizar varias veces, ya que los casos planteados van variando según las herramientas que la persona declara utilizar: Gmail, WhatsApp, SMS u otras. La segunda herramienta de autoevaluación es la propia de Google, disponible en: https://phishingquiz.withgoogle.com/. En este caso, es un conjunto de 10 casos para que cada persona se entrene.

Todos estamos expuestos

Marvin G. Soto, destacado profesional de la ciberseguridad con 27 años de experiencia, licenciado en Ingeniería en Sistemas Informáticos, con maestría en Ciberseguridad, Hacker Ético Certificado (CEH) e Instructor certificado en hacking ético (CEI), miembro del Salón de la Fama de los Hackers Éticos de EC Council e investigador forense digital, nos explica que cualquier paraguayo con una cuenta bancaria, una billetera electrónica, un perfil en redes sociales o un teléfono celular puede convertirse en víctima.

Este especialista afirma que el ser humano es el principal objetivo del cibercrimen, por eso los atacantes utilizan técnicas de ingeniería social, es decir, manipulan psicológicamente a las víctimas para que sean ellas mismas quienes compartan códigos SMS, autoricen transferencias, instalen aplicaciones falsas o permitan acceso remoto al teléfono o dispositivo.

A esto se suma que la evolución de la inteligencia artificial y el crecimiento de la banca digital también aumentan la superficie de ataque, pues Paraguay ha experimentado una rápida digitalización, un mayor uso de banca móvil, de billeteras electrónicas, de pagos mediante códigos QR, mayor actividad en el comercio electrónico, las transferencias inmediatas y las compras por mercados en línea.

Podemos mencionar también una experiencia peruana del banco BCP muy interesante que quizás los bancos de Paraguay puedan replicar. Consiste en habilitar los terminales POS de comercios para que una persona a la que le robaron el celular pueda bloquear de inmediato sus cuentas y canales digitales desde el comercio más cercano.

La iniciativa responde a un problema común: cuando ocurre el robo, la víctima pierde el dispositivo. Al permitir que cualquier comercio con un POS funcione como punto de reporte, se reduce el tiempo de respuesta y se minimiza el riesgo de que accedan a cuentas bancarias y concreten fraudes.

Todo esto deja nuestra vulnerabilidad cada vez más en evidencia y nos demuestra que las estafas, más allá de la tecnología, son en el fondo un problema económico, social y de seguridad.