Todo lo que en Paraguay nos perdemos por no tener aún 5G

En Paraguay, la licitación de un servicio hoy esencial ha quedado en el enredo, con olor a fraudes y negociados. Se contiene así, como en una camisa de fuerza, todas nuestras capacidades productivas. “Hoy es un bien público esencial”, asume el ingeniero informático Federico Velázquez.

Lali, 14 años, mira, piensa y responde con una pregunta: ¿en serio? Responde así cuando comprende que con Internet 5G puede descargar sus películas favoritas en cuestión de segundos.

-Y por qué aún no tenemos 5G- pregunta casi sin dejar de mirar la pantalla.

El ingeniero informático Federico Caballero responde al vuelo, como si tratase de algo que se debería sobreentender sin más trámite mental que el pensarlo:

“5G implica una velocidad de internet muchísimo mayor. Se lo necesita para la automatización de muchas cosas a través de la tecnología, o sea más automatización en las cadenas de producción”.

Como resultado, asume que una mayor automatización de procesos “implicaría mejor calidad de vida para la gente, más tiempo libre para estar con las familias y afectos sin perder el poder adquisitivo”.

Por estas cuestiones que tienen que ver con el mayor bienestar de la gente, Federico sostiene que estas nuevas tecnologías y empresas “tienen que estar en manos públicas y no en manos privadas extranjeras”.

Efectivamente, 5G es la quinta generación de redes móviles, diseñada para ofrecer velocidades de navegación hasta 100 veces más rápidas que el 4G, menor latencia y mayor capacidad para conectar múltiples dispositivos en tiempo real

Pero de ese corredor digital a lo que hoy tenemos en Paraguay la distancia es enorme.

Nuestra capital, Asunción, figura hoy entre las ciudades con peor internet móvil del mundo, con 16,4 megas de velocidad promedio, según un informe de Holafly. En el ranking global de conectividad móvil, Paraguay está en el puesto 98 con 22,35 Mbps, muy lejos de Brasil que está en el puesto 6 con 222,02 Mbps, de Chile en el puesto 52 con 79,92 Mbps o de Argentina en el puesto 65 con 61,66 Mbps.

A veces creemos que estas tecnologías son solo de comunicación.

Y no, es una infraestructura digital por dónde circulan gran parte de lo que hoy llamamos desarrollo.

Así, donde se siente muchísimo la demora es en el proceso industrial.

Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 74% de las firmas industriales paraguayas utilizan tecnologías atrasadas.

En este escenario de bajo nivel de conectividad, las Mipymes difícilmente se pueden integrar eficientemente en las cadenas de valor internacionales.

En estas cuestiones ya no hay que ir tan lejos, ni a China o Japón.

En 2025, Brasil registró 102,5 millones de líneas móviles y más de seis millones de accesos 5G, un incremento del 185% en un año.

Paraguay, a contra corriente

Las proyecciones indican que el 5G aportará USD 90 mil millones a la economía latinoamericana para 2034, lo que representa el 5,4 por ciento del crecimiento del PBI de la región.

El informe de Economía Móvil calcula que la contribución del sector móvil aumentaría a USD 600 mil millones para 2030, de los cuales 70 mil millones provendrán del 5G. A nivel más amplio, se estima que el impacto económico de 5G superará los 50 mil millones de dólares en América Latina, con la manufactura, la salud y el transporte como principales beneficiarios.

Además de bajar en segundo una película o un archivo audiovisual, el 5G abriga la posibilidad de una agricultura de precisión con sensores y drones en tiempo real.

En fin, es automatización industrial, atención médica a distancia, sistemas de transporte inteligente y realidad virtual.

Es como que en vez de caballos de carrera anduviésemos con bueyes.

La licitación, sin tecnología china

En el proceso de licitación, los únicos que se presentaron para la subasta 5G fueron Claro y Nubicom, un pequeño prestador salteño de internet sin local ni experiencia en Paraguay.

Su representante está ligado nuevamente al Grupo Vázquez, este equipo muy cercano al presidente Santiago Peña que capitalizó una pequeña financiera del Mercado 4 hasta convertirlo en un emporio: el grupo Ueno.

Así la Comisión Nacional de Telecomunicaciones asignó 200 Megahertz a cada uno de esos dos operadores en la frecuencia de 3.5 Gigahertz.

Nubicom quedó bajo fiscalización especial de la Contraloría General, que advirtió que no encontró evidencia de que Conatel cuente con un mecanismo de seguimiento que permita verificar el cumplimiento de los compromisos para el despliegue.

El gobierno intenta corregir el rumbo con la segunda licitación, la Licitación Nº 01/2026 Banda Ancha Móvil. El llamado contempla espectro en 2.300 MHz y 3.500 MHz con precios base que oscilan entre un millón y 1,6 millones de dólares. El 10 de julio se recibieron finalmente las ofertas de Tigo y Personal, los dos jugadores que habían quedado afuera. Pero la corrección llega con una nueva polémica.

Conatel decidió mantener la exigencia de que los equipos de acceso radioeléctrico cuenten con la certificación internacional TIA SCS9001, vinculada a la seguridad de la cadena de suministro. El propio director suplente de Conatel, Víctor Martínez, confirmó que ese requisito ya figuraba en el pliego anterior y siguió vigente, y reconoció: ¿Eso puede excluir a un fabricante? Sí, le puede excluir.

La exigencia, según Conatel, responde a una instrucción del MITIC en el marco de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Los operadores, en cambio, pidieron reglas claras y neutralidad tecnológica, ya que el regulador bloquea la posibilidad de incluir tecnología china pese a que los principales proveedores de tecnología 5G son Huawei y ZTE.

El MITIC defiende el modelo actual diciendo que el gobierno tomó la decisión de que esta licitación no tenga un carácter recaudatorio, sino que tenga el carácter de impulsar el despliegue de las redes 5G en el Paraguay. Durante un año se hicieron mesas técnicas con el argumento de que el despliegue no era rentable. En ese año, el mundo no esperó.

Sin una infraestructura robusta y propia, no solo se afecta la competitividad económica y el desarrollo social, sino que la seguridad nacional y la integridad de los datos personales de la ciudadanía quedan en una vulnerabilidad constante, advierte Gaspar.

“Cada mes de demora es un contrato agroindustrial con trazabilidad satelital porque acá no se puede ofrecer, es una fábrica que no se automatiza y es una mipyme que sigue pagando internet caro y lento para intentar exportar al mundo”, resume, por su parte, Federico Velázquez.

Hoy es un bien público esencial para el bienestar de la gente, repite. Y por lo tanto, reitera, no debiera dejarse en “en manos privadas extranjeras”.