Indefectiblemente. USD 1.200 millones se dejaron de invertir del 2021 al 2025. Varias líneas de transmisión y subestaciones de la ANDE (Administración Nacional de Electricidad) no se hicieron. A este monto se sumarán otros para lo que queda del plan hasta el 2030. En tanto, el Estado paraguayo juega “discrecionalmente” con el dinero de Itaipú.
“Con esos atrasos en inversiones, proyectos y obras de transmisión, es evidente que el sistema eléctrico se está debilitando y su confiabilidad se está reduciendo. La calidad del servicio se está deteriorando”, sostiene, en su último informe, el Instituto de Profesionales Paraguayos del Sector Eléctrico (IPPSE).
La desinversión ha generado una tremenda inestabilidad en la distribución de la energía eléctrica. Apagones, pestañeos y cortes largos por problemas en las líneas de transmisión (esas columnas grandes que transportan energía desde las centrales hidroeléctricas hasta los centros de distribución) han sido, sobre todo en épocas de mucho calor, la constante en el 2024. Y se ha extendido en el 2025.
Así como están las cosas, esta inestabilidad en el servicio continuará y se agudizará al tomar en cuenta el último informe del IPPSE.

¿Los números no muerden?
Con la desinversión establecida en estos años, IPPSE comenta en su informe que 8 líneas de transmisión y 14 subestaciones previstas para el 2023 y 2024 no están y otras 12 instalaciones, seis líneas de transmisión y seis de subestación, no estarán en el 2025.
La energía se transporta desde las centrales y se la deposita en las subestaciones. De ahí salen las redes de distribución del servicio eléctrico domiciliario, comercial o industrial.
Números grandes
En el período 2021-2030 (10 años) está o estaba previsto invertir en transmisión UDS 2.993.0000, un promedio anual de 299 millones
Entre 2021 y 2024 estaba previsto invertir USD 1.187 millones, promedio 297, pero solamente se ha realizado 551
En el período 2025-2030, seis años, restan invertir entonces 2.442 millones, un promedio de 407
Lo que estaba a mano
En el acuerdo de entendimiento de abril del 2024 (firmado el 7 de mayo del mismo año), el gobierno paraguayo acordó con sus pares de Brasil alzar la tarifa de la energía a USD 19,28 Kw-mes para contemplar en el costo unos USD 650 millones anuales hasta el 31 de diciembre de 2026.
A esta absorción de costo se la llamó Gastos Sociales.
El gobierno encabezado por el presidente Santiago Peña ha mostrado este acuerdo puente, o de transición, en tanto se revisa el Anexo C del Tratado de Itaipú, como una conquista histórica. Pero por su cabeza, o por la cabeza de los negociadores, no se les cruzó una cuestión que para entendidos en la materia energética parece de sentido común: usar el dinero de Itaipú en cubrir las demandas de la empresa que se encarga de transmitir y distribuir la energía.
El gobierno de Santiago Peña ha decidido, en cambio, utilizar ese monto de manera “discrecional” para otros fines establecidos, pero sin control público, sin pasar a integrar ese monto el Presupuesto General de Gastos de la Nación.
Bonos
En contrapartida, para el 2025 le ha impuesto a la ANDE la emisión de bonos para cubrir metas mínimas, aunque sin garantías del Tesoro Nacional.
Si existe ese dinero, y la ANDE necesita para mejorar el servicio, una demanda angustiante de la gente, de los comercios, de los restaurantes, de las cadenas de supermercados, de los mercados, “qué lógica tiene usar un dinero de Itaipú en otras cosas, con un criterio discrecional”, se pregunta la economista Gladys Benegas, ex directora financiera de Itaipú.
Para el ingeniero Ricardo Canese fortalecer la transmisión y la distribución del servicio eléctrico deben ser claramente el primer objetivo, de modo a bajar la angustia social y “contratar toda la energía producida y usarla en beneficio de la gente y en la generación de empleos”.
Pero la lógica del gobierno de Peña pasa por otro lado.