Pese a denuncias de empresas, ANDE vendió 1.586 transformadores en desuso

Luego de descalificar a 11 de las 14 empresas que participaron en el proceso de la subasta pública para la adjudicación de los transformadores en desuso, la ANDE seleccionó y vendió por Gs. 1. 121 millones a dos empresas los equipos que ya no usa.

La subasta pública de los 1.586 transformadores en desuso y no reutilizables de la Administración Nacional de electricidad (ANDE) se realizó el pasado 23 de diciembre de 2025. Ese día, varios representantes de tres empresas (Trafopar SA, Trafosur S.A y Asunción Soluciones Ambientales), en la misma sede central de la ANDE, denunciaron públicamente que, sorpresivamente y horas antes de la subasta, fueron descalificadas en el proceso de convocatoria de la subasta, en el que estaba en juego poco más de G 1500 millones. Y acusaron que la subasta fue dirigida para beneficio de algunas empresas.

Pese a este antecedente, ANDE resolvió ayer adjudicar 1.506 equipos de transformadores a la empresa Di Trento Inversiones SA, y 80 a la empresa Oils Trader Paraguay SA.

“Nuestra dependencia se encargó del proceso de la subasta, que se enmarcó en la legalidad. Y en este proceso, muchas empresas fueron descalificadas para que los artefactos no sean reacondicionados y revendidos“, explicó esta mañana a El Prisma César Zena, responsable de la Dirección de Servicios Administrativos de la ANDE.

La ANDE convoca y realiza periódicamente subastas públicas para rematar a bajo precio sus transformadores en desuso. Y comúnmente acuden a la convocatoria empresas de reciclaje de materiales de plomo, aluminio y hierro y las que venden transformadores en el país.

Días después de hacer públicas sus denuncias, las citadas empresas que fueron descalificadas para participar del remate de los transformadores presentaron las mismas denuncias ante la Contraloría General de la República.

“El proceso de la subasta pública, realizado el pasado 23 de diciembre de 2025, registró una serie de irregularidades graves que atentan contra la transparencia, igualdad y competencia leal, evidenciando posibles delitos penales como colusión, direccionamiento y fraude al erario público”, señala un pasaje de aquella denuncia escrita presentada a la Contraloría.