Ley de superministerio: ¿modernización del Estado o antesala de la privatización de la ANDE?

Para el Poder Ejecutivo, con fuerte apoyo de corporaciones privadas, una reorganización de minas y energía en un superministerio con Industria y Comercio generará las condiciones necesarias para dar un gran salto en la planificación energética del país. Para gremios de ingenieros y de trabajadores de la ANDE llevar a esta entidad a esta súper estructura es indicio de una intención privatista.

A la Ley N° 7599/2025, promulgada en diciembre del año pasado, que habilita por primera vez la participación privada en la generación, compra, venta y exportación de energía de fuentes renovables no hidráulicas, se ha sumado el más pretencioso de todos los proyectos de leyes.

Es el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo el 24 de julio de 2025, el cual crea el Ministerio de Industria, Comercio, Turismo, Minas y Energía, una fusión que absorbe al actual Ministerio de Industria y Comercio, al Viceministerio de Minas y Energía dependiente del MOPC y a la Secretaría Nacional de Turismo.

Esta segunda iniciativa es la que encendió la alarma en la Administración Nacional De Electricidad (ANDE) y es la que el Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad, Sitrande, entiende como la puerta de entrada a la privatización.

Desde el Gobierno, el actual jefe de Gabinete de la Presidencia Javier Giménez afirma que la idea es sacar al Viceministerio de Minas y Energía de Obras Públicas y llevarlo al Ministerio de Industria y Comercio para alinear la política energética con la estrategia de desarrollo industrial.

El Ejecutivo insiste en que no hay ninguna intención de privatizar la ANDE, sino todo lo contrario, y la define como la empresa más importante y estratégica que tiene el país para el desarrollo. Para el viceministro Mauricio Bejarano, elevar el rango de Minas y Energía a un ministerio consagrado jerarquiza la política pública.

En la vereda de enfrente, Sitrande y los otros tres gremios técnicos de la ANDE – la Unión de Ingenieros, SIPRA y Aproande – sostienen que el texto es mucho más que una reorganización administrativa.

Apuntan al artículo 7 del proyecto, que traslada el diseño y la planificación de la política energética desde la ANDE, amparada en su Carta Orgánica Ley 966/64, hacia el nuevo superministerio.

Para el sindicato y los gremios, este artículo vacía de contenido a la empresa estatal y la convierte en una simple oficina administrativa, alejando las decisiones de quien opera directamente la red.

El secretario general de Sitrande, Adolfo Villalba, lo resume así: al englobar la energía con Industria y Comercio se avanza hacia la concesión de los servicios, de la administración y de la distribución de la energía eléctrica.

Esa interpretación se sostiene, según el gremio, en una serie de indicios financieros.

Señalan que la ANDE está obligada a comprar energía más cara de Itaipú, a 19,28 dólares kW mes y que nada de los 650 millones de dólares de Gastos Sociales conseguidos por dicha alza de la tarifa hasta el 31 de diciembre de este año va a la empresa.

Según el Instituto Paraguayo de Profesionales de la Electricidad se necesitaban 1.200 millones de dólares al 2025 solo para subestaciones y líneas de alta tensión, y que por falta de mantenimiento se llega a perder hasta un 25 por ciento de la energía contratada, como había reconocido el expresidente de la ANDE, Félix Sosa.

Con ese diagnóstico, Sitrande se declaró en estado de vigilia y movilización permanente y llevó la protesta al cierre intermitente de la ruta PY01 en Paraguarí. Allí, el delegado Carlos Javier Benítez advirtió que la privatización implicaría tarifazos y pagos de subsidios a empresas privadas que terminarían desangrando al Estado.

Villalba va más lejos al afirmar que el modelo terminaría triplicando el costo de la tarifa eléctrica. Los cuatro gremios también apuntan contra el segundo proyecto que el Gobierno quiere impulsar, el Ente Regulador de Energía, al que califican como un distractor burocrático que no aporta un solo megavatio, que concentra poder normativo, técnico, económico y sancionatorio en tres directores.

Lo que prestende Sitrande, finalmente, es que la ANDE quede fuera del superministerio y que mantenga autonomía en la planificación y ejecución de las políticas de energía eléctrica.

El sector privado coincide con el Gobierno en la necesidad de la fusión pero por motivos diferentes. Para la Unión Industrial Paraguaya, la energía es hoy el principal cuello de botella para la inversión. Su presidente, Enrique Duarte, propuso concretamente que el Viceministerio de Minas y Energía pase a formar parte de la estructura del MIC porque ahí se maneja todo el concepto de desarrollo. La UIP respaldó además la creación de un Ministerio de Minas y Energía y de un ente regulador como primeros componentes para avanzar hacia un mercado eléctrico más abierto y competitivo.

En la misma línea se expresaron el Consejo Empresarial de América Latina y la Asociación Paraguaya de Energías Renovables. Durante la Mesa Energética convocada por el presidente Santiago Peña, Rubén Jacks, presidente de CEAL, señaló que sin una arquitectura institucional adecuada será difícil movilizar recursos, mientras que Eduardo Viedma, de APER, pidió previsibilidad para generación, transmisión y distribución.

Los privados ponen números sobre la mesa: el sector necesitará cerca de 11.000 millones de dólares en los próximos 13 a 15 años y esos capitales solo llegarán si existen reglas claras y si se evita que un mismo actor sea juez y parte.

El ejemplo que repiten es el de las telecomunicaciones, donde desde la apertura del mercado y la creación de Conatel se movilizaron más de 6.500 millones de dólares.

En fin, la Ley 7599 ya definió que la generación dejará de ser monopolio estatal. La ley del superministerio, que Diputados postergó por 15 días en septiembre y que sigue en comisiones, definirá quién planifica esa energía y con qué lógica.

En su afán de ganar legitimidad, el Poder Ejecutivo ha convocado a todos los gremios del sector, apuntando una lista de más de 30 referentes.

Hay muchos temas de fondo, en la mesa, o fuera, entre estos la tarifa para las electrointensivas, empresas tipo data center o hidrógeno verde como Átome.