El fiscal general de Paraguay renuncia asediado por el caso Ueno Bank

Al mediodía, ante el presidente de la República Hércules Pedro Alliana, el fiscal general de la República de Paraguay, Emiliano Rolón Fernández, ha presentado su renuncia. Es, entonces, uno más que se lleva puesto la mayor estafa financiera de la historia reciente: el caso Ueno Bank. Se lo acusa, fundamentalmente, de haber obstruido la rápida persecución penal de los involucrados. Entre estos, del expresidente Santiago Peña.

 

“Señor Presidente, doctor Emiliano Rolón Fernández, fiscal general del Estado, se dirige a usted, en el marco del juicio político, procedimentalmente instalado en la Cámara de Diputados, a fin de presentar renuncia al cargo, ejercido desde el año 2023”, así reza la nota enviada al titular del Poder Ejecutivo.

Un poco antes de la renuncia, el fiscal general del Estado delegó las funciones administrativas de la Fiscalía General a la fiscal adjunta Alba Rocío Cantero Vera, desde el día 18 de noviembre.

Este martes, diputados de la oposición y disidentes del oficialismo presentaron en la Cámara Baja el libelo acusatorio con 36 firmas. Pedían destituirlo por mal desempeño de funciones y por la presunta comisión de hechos punibles en el ejercicio del cargo. La acusación tiene como eje la actuación del Ministerio Público en la mayor crisis financiera y política de la historia reciente del Paraguay, pero su argumento central es más simple y más grave: Rolón no solo actuó tarde, sino que, al actuar tarde, frustró la persecución penal desde el inicio.

La diputada opositora Rocío Vallejo lo resumió así ante la prensa: “Él ha obstruido la investigación en el caso de esta crisis financiera y política, la más grande de la historia del Paraguay”.

El día que todo estalló

El 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay anunció el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank por problemas de solvencia. A partir de ahí, según el libelo, la Fiscalía debió armar de inmediato un equipo de fiscales y funcionarios a la altura de la gravedad del caso.

“Tras el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank por el Banco Central, la Fiscalía imputó a 27 personas y estima un perjuicio al Estado superior a USD 815 millones”, reconoce el propio documento acusatorio. Pero enseguida agrega el contraste que sostiene toda la acusación: “el propio fiscal general admitió el 9 de noviembre de 2026 que los investigadores ‘perdieron de vista’ incautar el teléfono de Peña y justificó que no se allanara la residencia presidencial porque los agentes están sobrepasados”.

Para los diputados, esa confesión no es un detalle. Es la prueba de una conducción deficiente. Al no tomar las medidas urgentes que el caso requería, dicen, Rolón “permitió que se pierdan evidencias valiosísimas, permitió que vaciaran las diferentes dependencias de los hoy involucrados y, sobre todo, privilegió en todo momento a Peña”.

La demora también se vio en los allanamientos

Los fiscales tardaron días en ingresar a Mburuvicha Róga, la residencia presidencial, y también demoraron el allanamiento de la casa de verano del expresidente Santiago Peña en San Bernardino. Cuando por fin lograron abrir la bóveda de alta tecnología que encontraron oculta en esa vivienda, estaba vacía.

El fiscal general, en cambio, pidió paciencia al pueblo paraguayo y justificó la lentitud con expresiones como que la denuncia tenía 200 hojas, según recoge el libelo. Para la oposición, en la mayor crisis financiera del país, la paciencia no era una estrategia: era una omisión.

La denuncia que durmió siete meses

El segundo cargo retrocede a octubre de 2025, un año antes de la caída del banco. Entonces, un grupo de senadores y diputados denunció a Peña por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias y administración en provecho propio. Señalaban un crecimiento patrimonial de 1.603% y vínculos con empresas relacionadas con Ueno.

Según el libelo, la Fiscalía no designó un fiscal para investigar. Remitió la denuncia a la Contraloría General de la República y los denunciantes tuvieron que intimar al Ministerio Público para que no sustituyera la investigación penal por un análisis administrativo. Recién el 26 de mayo de 2026, unos siete meses después, fue asignado el fiscal Jorge Arce.

Los acusadores sostienen que el Ministerio Público debía investigar directamente y que, en cambio, “tiró el fardo” a la Contraloría para que hiciera el examen de correspondencia patrimonial de Peña. Peor aún: en abril, mientras esa denuncia seguía sin avanzar, el fiscal general se reunió con Peña para pedirle más presupuesto para la Fiscalía.

Para la oposición, ese episodio revela algo más que lentitud. Revela una Fiscalía que cedió sus funciones y que evitó investigar al poder.

La nota de renuncia del fiscal general.

Los sobres que no quisieron ver

El tercer cargo es el más conocido por la ciudadanía y el que más indignación generó en su momento.

En septiembre de 2025, Luz Maribel Candado, ex encargada de tareas domésticas en Mburuvicha Róga, relató públicamente que había sobres con dólares en la residencia presidencial, que Peña mantenía reuniones fuera de agenda con empresarios con contratos estatales y que ella y su familia fueron sometidas a polígrafo por personal militar.

Pasaron dos semanas sin que el Ministerio Público abriera de oficio una investigación. Tuvieron que intervenir los abogados María Esther Roa y Guillermo Ferreiro, que presentaron una denuncia formal el 25 de septiembre de 2025.

Los elementos de aquel relato, según el libelo, recién aparecieron en la imputación de noviembre de 2026, que afirmó que Peña recibió dos sobres con 100.000 dólares cada uno y que recibía de forma reservada a Miguel Vázquez.

Rolón había dicho el 9 de noviembre: “Si no hay evidencias, no tenemos base sólida para investigar”. Para los acusadores, la frase quedó desmentida por la propia Fiscalía meses después, cuando usó esos mismos elementos para imputar a Peña, en pleno proceso de juicio político contra el entonces presidente.

La conexión entre este cargo y el anterior es, para los diputados, la clave del caso. Las denuncias de 2025 ya advertían sobre los vínculos entre Peña y el Grupo Vázquez. “Si se hubieran investigado a tiempo, las pruebas se habrían asegurado antes de la crisis y el daño a ahorristas y fondos públicos podría haberse contenido”, afirman.

Un laboratorio sin herramientas

El cuarto cargo parece, a primera vista, menor. No habla de Peña ni de Ueno. Habla de funcionarios.

El 21 de mayo de 2025, funcionarios de la Dirección del Laboratorio Forense del Ministerio Público pidieron la intervención de su dependencia ante una situación que describían como insostenible.

Denunciaban renuncias y traslados masivos, sobrecarga de trabajo y falta de insumos básicos como CD, cámaras fotográficas y licencias actualizadas. Según ellos, se había vuelto técnica y humanamente imposible cumplir sus labores.

¿Por qué importa esto en un juicio político por Ueno Bank? Porque ese laboratorio es el que debe sostener con pericias contables, documentológicas e informáticas las investigaciones más complejas de la Fiscalía.

Para los acusadores, la inacción frente a ese reclamo no es un problema administrativo: es parte del mismo patrón de un Ministerio Público que no se preparó para investigar, ni siquiera cuando sus propios funcionarios lo pedían.

Lo que está en juego

Peña ya fue destituido el 6 de noviembre en un juicio político por mal desempeño de funciones y permanece detenido en el marco de la investigación por el caso Ueno, al igual que exfuncionarios del Banco Central y exdirectivos del banco intervenido.

Ahora el foco se trasladó a Rolón, quien juró al cargo en marzo de 2023 para un periodo de cinco años, y lo tragó, siendo el segundo hombre más importante de la República en ser radiado por el escándalo financiero más importante de los últimos tiempos.

¿Igual habrá juicio político?

“Fiscal general, Tacumbú es tu lugar”, es uno de los cánticos que se escuchaba, también al mediodía, entre la gente que se manifestaba frente al Congreso Nacional. En su mayoría son trabajadores que, de un día para otro, quedaron sin sus puestos laborales, sin indemnización, aguinaldo y demás derechos consagrados.

En el caso de Peña, aun con su renuncia, se insistió en su destitución. La diferencia acá es que cuando el expresidente renunció ya se había dado la acusación en la Cámara de Diputados, por mayoría absoluta. En este caso, ese proceso aún no se había desarrollado.

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