La criptominería ilegal se ha reducido hasta un 90%

Según el gerente comercial de la ANDE, Hugo Rolón. Las intervenciones con la policía y la pena de hasta 10 años están dando buenos resultados. Aunque puede haber una razón más: el ciclo del Bitcoin se está cerrando.

Las criptomineras ilegales no solo son una pérdida económica para la Administración Nacional de Electricidad. En este rubro llegaron a tener la mayor incidencia en las pérdidas de dinero por distribución. Actualmente estas pérdidas, ahora más en baja tensión, siguen siendo el sector más duro. Dicha pérdida ronda en USD 60 millones anuales, asume el genere comercial.

Pero amén de la pérdida económica, las granjas criptomineras ilegales generan permanente inestabilidad en el servicio de electricidad en las comunidades.

Un establecimiento promedio, generalmente en un contenedor, lo integran unos 200 procesadores de moneda virtual, más específicamente el Bitcoin, cuyo valor actual supera los USD 100.000.

Se ubican en lugares aislados, en algún predio con algún ruedo boscoso y se cuelgan del tendido eléctrico con transformadores propios de media tensión. De esos transformadores de la ANDE que vemos en el tendido eléctrico.

Las granjas criptomineras de media tensión utilizan una cantidad de energía comparable con la que se usa en diez manzanas barriales, nos cuenta el ingeniero Hugo Rolón.

En nuestro país existen unos 60 emprendimientos legales, con contrato con la ANDE. Son casi todos de alta tensión. Miles de procesadores Asicz están prendidos las 24 horas buscando el bitcoin. El más grande, el Penguin Group, hospeda alrededor de 15.000 computadoras.

Unos USD 240 millones pagan anualmente por el uso intensivo de electricidad, ha dicho el vocero de la cámara de activos digitales, Jimmy Kim. Los contratos con esta gente van hasta el 2027.

Hasta el año pasado se calculaba la existencia de al menos 100 establecimientos ilegales. De media tensión, casi todos.

Al no figurar en el sistema, generan cortos, pestañeos y apagones en las poblaciones donde se afincan.

Ahora el gerente comercial nos cuenta que han reducido hasta un 90%. Y que esa reducción se debe a las intervenciones que se han realizado con la policía y la fiscalía. Las intervenciones han tendido más incidencia por la entrada en vigencia de la Ley 7300/24, una ley que establece una penalidad de hasta 10 años de prisión a las personas responsables de tales emprendimientos ilegales. Es una ley que se ha enfocado específicamente en criptominería y el uso intensivo de electricidad. La anterior, de sustracción general, establece penalidad muy baja, de hasta tres años, canjeable por multa y otras medidas.

De acuerdo con Rolón, las que ahora quedan son las cripotmineras de baja tensión. Las caseras o domiciliarias.

Se ubican en alguna pieza aislada de la casa, con aire acondicionadores o ventiladores potentes funcionando día y noche. Llegan a albergar hasta un promedio de 20 procesadores.

El término del Bitcoin

Las critpomineras de media y alta tensión buscan preferentemente Bitcoin. Las domiciliarias se dedican más a otras monedas.

La búsqueda del Bitcoin está llegando a su término. Y esta es una de las posibles razones, además de la penalidad y la intervención de la ANDE con comitiva policial y judicial, de la retirada de los “granjeros” ilegales.

Actualmente, ya han encontrado, y encriptado en archivos informáticos, cerca de 20 millones de monedas virtuales, de una emisión limitada de 21 millones.

Quedan entonces por “encontrar” un millón de monedas, cuyo valor total ascenderá – de mantener su valor actual o seguir en alza- a más de USD 100.000 millones.

Es así que en los últimos meses la ANDE no ha constatado establecimientos de gran porte. “Solo hemos constatado algunas conexiones en baja tensión en los últimos meses”. nos cuenta Rolón.