Itaipú: La caja paralela del Gobierno de Peña terminará en cinco meses

Ahora es el Gobierno de Peña el que está apurado por la renegociación de del Anexo C. Es que los 650 millones de dólares al año que consiguió en la última negociación con Brasil terminarán el 31 de diciembre de este año.

Este dinero, que se maneja fuera del Presupuesto General de la Nación, le ha servido y aún le sirve para financiar obras, pavimentación, viviendas populares, hospitales, refacciones de colegio (en la foto de portada, el Colegio Técnico Nacional, cuya refacción fue valuada en un poco más tres millones de dólares), puentes, patrulleras policiales, motos: todo a la medida de los contratos y controles de Itaipú Binacional.

Con un Presupuesto Nacional completamente deficitario y con todas las obras de infraestructura atadas a deudas externas, estos fondos, por fuera de dicho presupuesto, han sido un gran balón de oxígeno económico.

En el manejo directo, “discrecional”, según la exdirectora de Finanzas de Itaipú, la economista Gladys Benegas, se ha visto a las autoridades del Gobierno, incluida la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, más veces en actos de inicio, planificación o cierre de obras financiadas con estos fondos que con recursos del Presupuesto General de Gastos de la Nación. Aunque forman parte de otros programas de la binacional, esos fondos también sirvieron de colchón para ampliar exponencialmente la cantidad de becas para estudios universitarios. Las Becas del Gobierno llegaron a más de siete mil personas.

En su momento, en abril de 2024, el propio Santiago Peña había presentado el acuerdo con el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva como una “conquista histórica”.

¿En qué consistía y consiste esa conquista?

Básicamente, en alzar la tarifa de la energía a 19,28 USD/kW-mes. Para ello, esos 650 millones de dólares para Paraguay, y una partida igual para Brasil, se incluyeron como parte del costo operativo de la entidad. La incomodidad de los negociadores brasileños quedó estampada en el propio acuerdo, denominado Acta de Entendimiento. Allí se estableció que, desde el 1 de enero de 2027, la tarifa de la energía producida por la entidad corresponderá “exclusivamente al costo operativo, sin costos discrecionales”.

Sin este costo “discrecional”, la tarifa debería, según asumen los expertos, rondar los USD 10/kW-mes. Antes de 2023, la famosa “deuda espuria” formaba parte del costo de producción de la energía, razón esgrimida para no bajar el precio.

En tanto el Gobierno conseguía estos “fondos discrecionales” para manejarlos a través de una entidad por fuera del control de los organismos públicos, la propia ANDE, administradora del sistema eléctrico en Paraguay, quedaba sin fondos para las inversiones en redes de transmisión y en las subestaciones necesarias para estabilizar y ampliar el servicio, al punto de que el 55 % de los emprendimientos en este sentido quedó atado a préstamos de organismos financieros internacionales.

De hecho, en el propio Presupuesto General de la República se había establecido la emisión de bonos para cubrir las demandas.

Las negociaciones del Anexo C siguen paradas. A estas alturas, es muy posible que se llegue al 31 de diciembre sin un nuevo acuerdo y que, por trámite, entre a rodar aquel preacuerdo de abril de 2024.

En ese preacuerdo también se establece, entre otras cosas, que Paraguay podrá vender “libremente” -las comillas son de la redacción del acta- su energía al mercado brasileño. Actualmente, como se sabe, Paraguay le cede a Brasil la energía que no utiliza. Este año, por toda la cesión, Paraguay recibió menos de USD 200 millones. Un volumen de energía que en el mercado podría valer, según un cálculo anterior hecho por El Prisma, cerca de USD 1.000 millones.

Este asunto de la cesión, establecido en el Anexo C, es el centro o ha sido el gran tema de negociación. Pero todas las negociaciones “se han dado sin una propuesta de desarrollo nacional, industrial, y por lo tanto siempre se ha visto a Paraguay arañando migajas”, sostiene la catedrática norteamericana Christine Folch, experta en el estudio de la hidroeléctrica.

Los negociadores paraguayos ya han mostrado sus cartas: van a intentar atar un nuevo acuerdo sobre la base del financiamiento de obras, entre ellas la posibilidad de una enorme planta fotovoltaica flotante en el embalse -el lago- de la margen derecha, de más de 130 hectáreas.

Desde Brasil, algunas cartas ya se han vislumbrado también. En el centro de la negociación está la tarifa: que esta corresponda “únicamente al costo operativo”.