El presidente brasilero Luiz Inácio Lula Da Silva encabeza la ceremonia este viernes, a la tarde. El presidente paraguayo Santiago Peña lo hará mañana. La inauguración del puente, financiado con fondos de Itaipú Binacional, ubica a ambos gobiernos en un momento de mayor distanciamiento geopolítico. Repasemos esos asuntos.
Desde mañana, la ciudad de Presidente Franco se convertirá en la tercera con un puente de gran envergadura sobre el Río Paraná. El puente, largamente esperado, lleva por nombre Puente de la Integración.
Hace un mes habían anunciado, o ya confirmado, que ambos presidentes estarían, como es usanza, en la inauguración oficial. Pero las cuestiones entre ambos países, sobre todo entre ambos gobiernos, no están en un buen momento.
En tanto que Inácio Lula Da Silva expresaba ayer su preocupación por el bloqueo marítimo norteamericano en el mar Caribe, y pedía a Donald Trump hablar para resolver los conflictos, el gobierno paraguayo firmaba un nuevo acuerdo con los norteamericanos para que sus tropas ingresen al país, con inmunidad. Es decir, que los efectivos militares no puedan ser procesados en nuestro país por algún delito que pudiesen cometer.
En el primer tramo del gobierno de Santiago Peña, mayo de 2024, las autoridades paraguayas habían conseguido “una conquista histórica” en las negociaciones sobre Itaipú, al alzar la tarifa de la potencia a 19,28 kW-mes, incorporando en el costo de la producción los denominados gastos sociales. Este dinero, unos USD 700 millones anuales hasta el 31 de diciembre de 2026, es utilizado para diversas cuestiones, obras, pupitres, viviendas, algunas cuestiones de salud, otras de seguridad, sin pasar por el Presupuesto General de Gastos de la Nación.
Pero luego de esta “conquista histórica” (así lo había presentado Peña y los negociadores paraguayos), la relación pronto empezó a enfriarse y a distanciarse.
A comienzos del 2025, en el momento en que el gobierno de Estados Unidos deportaba masivamente a trabajadores migrantes latinoamericanos, Brasil decidió retirar el apoyo a la candidatura del canciller paraguayo Rubén Ramírez Lezcano a la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Paraguay, desde el vamos, se había adscripto a las políticas lideradas por el gobierno de Donald Trump.
Poco después, en el Brasil se ventiló que durante el gobierno de Jair Bolsonaro se había espiado, por medios electrónicos, a las autoridades paraguayas, entre ellas al propio presidente de la República de entonces, Mario A. Benítez, en el marca de las prontas negociaciones en torno del Tratado de Itaipú, a cincuenta años de su firma.
Este descubrimiento fue utilizado por el gobierno de Paraguay para “congelar” las entonces negociaciones en torno del Anexo C del Tratado de Itaipú. El Anexo es el apartado del tratado que establece la fórmula de tarifa de la energía y la cesión del excedente a la contraparte, en este caso a Brasil.
Unas semanas atrás, el canciller brasilero Mauro Vieira visitó Paraguay para zanjar o intentar hacerlo. El gobierno paraguayo se dio por satisfecho con el acto de entrega de documentos.
Desde el departamento de prensa de la Presidencia de la República se sostiene que la habilitación se da por separado solo por una cuestión de agendas de los presidentes.