En Pilar, Ñeembucú, el presidente Santiago Peña volvió ufanarse de los “gastos sociales” que consiguieron en la negociación del Anexo C de Itaipú. Los USD 650 millones anuales (hasta el 2026) se utilizan fuera del Presupuesto General de Gastos de la Nación, que este año prevé un endeudamiento de USD 713, 1 millones para cubrir su déficit. A esto se suma el hecho de que se le impuso a la ANDE (Administración Nacional de Electricidad), una emisión de bonos por un valor total de USD 198,1 millones, sin garantía del Estado, con lo cual se ponen en riesgo las metas imprescindibles para la estabilización del servicio eléctrico en el país. Una demanda angustiante de la gente.
Por Julio Benegas, desde Pilar
“En los próximos tres años nosotros vamos a invertir USD 1.950 millones para beneficio de todos los paraguayos, en la construcción de ocho hospitales de gran magnitud, en el mejoramiento del sistema y de la red de salud en otros departamentos, además de otras áreas priorizadas”, dijo ayer el presidente Santiago Peña durante la visita a unas viviendas sociales promovidas por Itaipú en Pilar.
“A mí me tocó negociar y, para que tengan una idea, desde la implementación de los gastos sociales, Itaipú le entregó cerca de USD 1.600 millones de dólares al Paraguay, desde el funcionamiento de la represa”, recalcó comparando lo que para estos tres años se consiguió con todo lo que antes se había conseguido.
El dinero del que habló el presidente nos acerca al Acuerdo de Entendimiento firmado entre autoridades paraguayas y brasileñas el 7 de mayo. En este preacuerdo, en el marco de las negociaciones en torno del Anexo C de Itaipú, se estableció la tarifa de la energía a 19,28 kW-mes. Esta tarifa absorbe esos “gastos sociales”. Esto es lo que el gobierno paraguayo ha presentado como una conquista histórica: inflar la tarifa de la energía ubicando un costo discrecional, lejos del espíritu y de la letra del Anexo C, el cual establece que la tarifa debe corresponder únicamente a costos operativos.
Por qué se prefiere endeudar más al Estado paraguayo (actualmente la deuda ya ha se ubicado en el tercio del PIB) antes que utilizar un dinero disponible, se pregunta la ex directora financiera de la entidad, la economista Gladys Benegas.
Técnica y administrativamente tampoco se comprende que, existiendo ese dinero, se le haya impuesto a la propia ANDE, encargada de comprar, trasmitir y distribuir la energía producida, la emisión de bonos por un valor total de USD 198,1 millones.

El gobierno de Santiago Peña ha ido un poco más. Le ha impuesto esta labor financiera, desconocida para la institución, sin ofrecer las garantías del Estado. Sin una garantía del Estado, “será difícil y a una tasa de interés muy alta”, ha dicho la economista Gladys Benegas en una entrevista con El Prisma.
En la actualidad, la ANDE es una de las instituciones con mayor carga de responsabilidad y trabajo. A la responsabilidad propia de distribuir el servicio se le ha agregado una de carácter casi policial. La de buscar conexiones clandestinas de establecimientos criptomineros que se cuelgan de la energía, no pagan, y desestabilizan el servicio, provocando frecuentes apagones o pestañeos.
La imposición de unos bonos sin garantías del Estado pone en riesgo el desarrollo del Plan Maestro de la Administración Nacional de Energía (ANDE) que para este año se fijado por meta, entre otras, cuatro líneas de 220 kV, en el Departamento Central y en Carmelo Peralta, Chaco y una decena de sub-estaciones en varias partes del país.
La ANDE pierde, por cuestiones técnicas, en administración y distribución, cerca de 30% de toda la energía contratada de las hidroeléctricas.
Para el ingeniero Ricardo Canesse es claro que la ANDE debe ser una prioridad, pero no lo es. La prioridad parece ser el uso “discrecional” de esos fondos. Y esto, agrega el ex presidente de la ANDE Pedro Ferreira, necesariamente “se presta para la corrupción”.
El Anexo C
En el acuerdo de entendimiento firmado el 7 de mayo también se establece que, una vez revisado el Anexo C, Paraguay podrá vender su energía a Brasil. Hasta ahora, el tratado habla de cesión de energía. Por esta cesión, Paraguay recibió, en el 2024, USD 240 millones por toda la energía excedente que usa Brasil. También el preacuerdo estipula que la revisión del tratado debía terminarse como máximo el 31 de diciembre del 2024. A la fecha, y descansando en la conquista “histórica” de haber “sacado” de Brasil esos USD 650 millones, solo el silencio reina en torno de las negociaciones.
Paraguay le sigue cediendo su energía excedente a Brasil en vez de venderla.