La encrucijada energética: con el crecimiento actual, el excedente de Itaipú se agota en menos de cuatro años

La presión de las electrointensivas, específicamente de Atome (hidrógeno verde), ya hizo rodar la cabeza del anterior presidente de la ANDE, Felix Sosa. De fondo, el excedente energético que hoy por hoy se lo lleva Brasil a precio regalado. ¿Pero de qué excedente hablamos hoy? ¿Y a qué juega el gobierno de Peña?

El gobierno paraguayo sigue ofertando el país a las inversiones extranjeras sobre la base de su “energía abundante y barata”. Tan “barata” que el presidente Santiago Peña estableció un decreto para electrointensivas (Data center, hidrógeno verde…) a USD 30 MWhora a 15 años, casi el mismo precio que la ANDE paga por contratar la energía.

Luego de protestas de ingenieros y trabajadores, el presidente derogó dichos decretos y dejó que la ANDE, tal como lo dice la Carta Orgánica, sea la que defina la tarifa.

El actual titular prometió que la tarifa contemplaría las necesidades financieras de la entidad y el crecimiento económico.

Muy concentrados en la tarifa, en este tiempo casi se dejó de lado la discusión sobre la energía que se le puede vendar a estas empresas, cuyas carpetas están en el gabinete de la administración estatal.

Si bien Yacyretá, en porcentaje, cuenta con más excedente, las calculadoras se han volcado sobre el excedente en Itaipú (en su tiempo la mayor hidroeléctrica del mundo), desde el mismo momento en que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marcos Rubio, apuntó a Paraguay diciendo que cualquier persona inteligente debería venir acá a poner centro de datos para Inteligencia Artificial.

De ese tiempo, se agrandó la promoción de la “energía barata y abundante”.

Pero el crecimiento en el consumo interno no se frenó a la espera de esas empresas electrointensivas, que no sean las criptomineras.

Las criptomineras son las grandes adelantadas y de hecho fueron el principal motivo, junto con el uso domiciliario, de que el crecimiento interno en el consumo haya disparado por los aires.

Es así que de consumir hace unos diez años no más del 20 por ciento de la energía de Itaipú, Paraguay consume en la actualidad alrededor de 4.900 MW de los 7.000 que le corresponden.

Si la demanda sigue creciendo al 10%, en 2029 ya no habrá energía ni barata ni abundante que ofrecer a las electrointensivas ni margen para negociar.

Así, de unos años para acá, de un país pobremente electrificado, sin grandes industrias, Paraguay entró en la fase más delicada de su historia energética.

Si la generación total de referencia es de 14.000, el 35% que utilizó el país en 2025 equivale a 4.900. A Paraguay, por Tratado, le corresponden 7.000. La diferencia es de apenas 2.100 de excedente. Es todo lo que queda para vender, ceder o industrializar.

El problema no es el presente, es la velocidad.

Con un crecimiento de la demanda interna del 10% anual — el ritmo que viene mostrando el sistema en los últimos años por climatización, criptominería informal y falta de eficiencia —, la curva es implacable.

El resultado es de 3,7 años. En 2026 el consumo llegará a 5.390, en 2028 a 6.521 y en 2029 a 7.174. En menos de cuatro años, Paraguay consumirá el 100% de lo que le toca.

¿Qué se hace con las electrointensivas?

Mucho del consumo interno se lo chupan las pérdidas por fallas técnicas. Al 2024 se hablaba hasta de un 25 por ciento.

En la última entrevista con nuestro periódico, el entonces gerente comercial Hugo Rolón nos había comentado que habían logrado bajar a 18%.

Si Paraguay logra bajar el crecimiento de la demanda del 10% al 4% mediante un plan agresivo de eficiencia energética, reducción de pérdidas técnicas y medidores inteligentes, la ecuación podría cambiar.

La otra realidad, la más compleja y desconocida, es Yacyretá.

Hoy, por el último acuerdo, Paraguay se ha comprometido a usar hasta el 20 por ciento de la energía. Ahí también le corresponde el 50.

Todo esto se da en plena renegóciacion del Anexo C de Itaipú.

Por ahora, Paraguay, a cambio de la cesión del excedente energético a un precio simbólico, acordó unos USD 650 millones más en gastos socioambientales.

Aunque para eso alzaron a 19, 28 kW-mes, el gobierno de Santiago Peña presentó esto como una conquista histórica.

Este acuerdo termina el 31 de diciembre de este año. Y en el acuerdo dice que, a partir de ahí, la tarifa debe corresponder únicamente al costo operativo, dejando de lado los “costos discrecionales”.

Y esta es la segunda cuestión de peso para el gobierno de Santiago Peña.

Ya en el 2027 quedaría sin ese dinero que se ha estado utilizando para obras públicas, pupitres, patrullera de la policía y otros rubros, sin que los fondos pasen por el control presupuestario nacional, utilizándose “discrecionalmente”.

Justamente, en la foto de portada, el presidente Peña y la ministra de Obras Públicas Claudia Centurión, verifican las obras de pavimentación en Alto Paraná realizadas con esos fondos.