La tarifa de Itaipú será el punto más tenso en la agenda de la nueva cumbre Peña-Lula

En medio, como flotando en el aire, el acuerdo SOFA con los Estados Unidos. Este domingo, en Campo Grande, Brasil. Se lo definió en el encuentro de cancilleres de Paraguay y Brasil y el ministro de Minas y Energía del vecino país, de cuatro horas, esta mañana y parte del mediodía, en Mburivicha Róga.

Si bien tanto Rubén Ramírez como Muro Vieira hablaron de que muy pronto habrá un acuerdo general, la cuestión de la tarifa es un hueso muy duro de roer.

Esa cuestión y otras puntuales serán puestas en observación de equipos técnicos, asumieron ambos cancilleres.

Lo imperioso, por el mismo tratado, es la revisión del Anexo C, el mismo que establece la tarifa y las cuestiones financieras.

Ya se debió revisar en el 2023, a los 50 años del tratado.

Brasil quiere, y ya hay fuerte presión sobre su gobierno, que la tarifa corresponda, como lo dice el propio Anexo C, únicamente al costo operativo, una “vez pagadas las deudas”.

Esa deuda ya está saldada, por lo que la tarifa debería oscilar los USD 10 kw-mes.

Así también lo establece el acta de entendimiento de abril de 2024, acta por el cual el gobierno paraguayo había “conseguido una conquista histórica”, al decir de Santiago Peña.

Los términos de este acuerdo puente terminan el 31 de diciembre de este año.

En qué consistió aquella supuesta conquista: en alzar la tarifa a 19,28 kw-mes, para ubicar un gasto discrecional de unos USD 650 millones. Los considerados gastos socioambientales, que el gobierno los utiliza a través de la administración de Itaipú, en distintas obras y compras que no pasan por el Presupuesto General de la Nación. Ni por los controles de organismos públicos.

El gobierno paraguayo plantea la cuestión de la tarifa en el marco de un “acuerdo general”, asumió el canciller

Un acuerdo que comprometa a la Itaipú seguir manejando recursos, a costa de una tarifa alta, para financiar, entre otras cosas, nuevas formas de generación eléctrica, como la de los paneles solares flotantes. También la posibilidad de dos nuevas turbinas en la misma represa, como lo ha adelantado en su momento el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez.

En la conferencia de prensa aseguraron que muy pronto habrá un acuerdo general.

No soltaron prendas sobre cuestiones más específicas y menos sobre la tarifa.

Según el ministro paraguayo se avanzó en la visión general sobre Itaipú quedando en manos de equipos técnicos los valores puntuales.

Lo ha dicho de un modo más complejo: “la arquitectura” de un acuerdo general.

“En muy poco tiempo concluiremos”, reforzó Vieira.

La cesión de la energía

Si bien la cesión de la energía ha sido el gran tema de los más de 50 años (la cesión del excedente a Brasil a un precio súper bajo), este asunto ha ido tomando un lugar muy menos en los últimos tiempos.

Es que Paraguay ha pasado de usar entre 10 a 20 por ciento del total de la energía a utilizar ya casi el 40 por ciento.

Con los crecimientos últimos de consumo, del 18% en el 2024, los 10 del año pasado y el posible 13 por ciento de este año, la estimación de que el excedente energético ya terminará incluso antes del 2030 es casi unánime.

De hecho el año pasado por la cesión de este excedente en Paraguay apenas ingresó un poco más de USD 160 millones, cuando que, en 2009, al triplicarse el precio de la cesión por el acuerdo Luego-Lula ingresaba USD 360 millones.

De todas maneras vale aclarar que por el acta de entendimiento de abril de 2024, Paraguay podrá vender “libremente” su excedente al mercado eléctrico brasilero.

Seguridad y el momento de las relaciones

Ramirez definió que la relación con Brasil es más que importante puesto que, además de Itaipú, es nuestro primer puerto de exportación y de ahí la mayor parte de las inversiones.

“Tenemos una relación exelente”, reforzó al ser abordado por el momento en el que Paraguay ha aprobado un acuerdo de cooperación militar con los Estados Unidos. Un acuerdo que algunos expertos en Brasil consideran como una posible presencia permanente de los militares de Estados Unidos.

El polémico acuerdo, como lo ha definido la BBC, establece una inmunidad especial para los militares y contratistas norteamericanos. Una inmunidad que los exime de ser juzados en Paraguay si cometiesen algún delito.