Piden a la Contraloria intervenir ante el “mayor despojo” energético de la historia

La Contraloría General de la República y Fiscalía General del Estado deben actuar pronta y eficazmente, “si es que no quieren ser tachados de cómplices del mayor robo de la historia del Paraguay, desde el despojo sufrido tras la Guerra de la Triple Alianza”, esgrime en su nota un grupo de referentes técnicos, políticos y sindicales de la energía eléctrica.

En un informe de 70 páginas, dirigentes y referentes del sector de la energía electrica, Ricardo Canese David Campos (Sitrande), entre otros, demandaron a la Contraloría General de República la inmediata intervención en el vaciamiento de la ANDE, la tarifa ilegal alta para el consumo interno y la tarifa irrisoria a la que se les quiere entregar la energía a empresas extranjeras de uso electro intensivo (centro de datos, cripto minería, datos en la nube, hidrógeno verde).

Le piden a la institución intervenir antes de que sea muy tarde y el país quede completamente atrapado, con posibilidades de juicios a futuro por las mismas empresas que hoy pueden apoderarse de los recursos energéticos.

De la renta energética (1250 millones anuales) la Administración Nacional de Electricidad “recibe solo migaja”, recalca.

Esta realidad vuelve imposible que la empresa actualice sus redes y subestaciones para extender el servicio a todos los rincones y estabilizarlo ante los cortes y apagones frecuentes.

En la actualidad la empresa planifica infraestructura sobre la base de créditos externos.

A ese vaciamiento se le han sumado los decretos presidenciales que establecen una tarifa especial, muy inferior, a las empresas que como 8XCloud Inc (norteamericana) solicitan la energía para Inteligencia Artificial y otros servicios de esa índole.

No es solo es el precio también el tiempo de consesión (15 años), con lo cual se estaría embargado la energía futura, entienden.

Son empresas que, además, necesitan energía continua.

Cualquier cosa que salga mal o que el país necesite utilizar la energía para usos domiciliarios, comerciales e industriales, el país se arriesga a demandas internacionales, asumen.

¿Hay alguna solución a este grave vaciamiento de la ANDE y del Estado paraguayo?

“La solución es muy simple, aunque requiere gran dosis de patriotismo, lo que no se ve –ni se verá, nos arriesgamos a pronosticar– en Santiago Peña y su mentor, Horacio Cartes”, esgrime el documento.

¿Qué es lo que se debería hacer?

Este es el frondoso documento que presentaron, con estudios técnicos.

Según los denunciantes, se deberían adoptar las siguientes medidas:

Primero, la ANDE debe recibir una parte significativa de la renta eléctrica (no migajas), que es de 1.250 M US$/año según el mismo Peña, o mejor el 100%, como corresponde.

Segundo, la ANDE debe pagar el costo del servicio (8,87 US$/kW-mes), como exige el tratado de Itaipu, y no una tarifa superior al costo (19,28 US$/kW-mes), con cual la ANDE dispondrá de casi 400 M US$/año. Al mismo tiempo, al Brasil se le debe exportar la energía de Itaipu que no consumamos a precio de mercado, lo que le dará más ingresos a ANDE, como ya estableció el Acuerdo Lugo-Lula (2009), lo mismo que en el caso de Yacyretá, si bien Peña se empeña en no exigir lo que nos corresponde, pues su afán es una tarifa “alta” para manejar discrecionalmente fondos en Itaipu.

Tercero, se deben dar por terminados todos los contratos con criptomineras y similares, como el mismo presidente de ANDE dijo que ocurriría en el 2027, pero ahora se los quiere prorrogar por 15 años con el decreto 5.306/2026. Dando por terminados estos contratos, la ANDE se ahorrará 388 M US$/año.

Cuarto, se deben derogar los decretos 5.306 y 5.307, por ser violatorios de la Carta Orgánica de ANDE, al establecerse una tarifa inferior al costo, y porque acelerarán su vaciamiento y endeudamiento, al otorgar energía subsidiada a quien no genera empleo.