Anexo C, espionaje, cipayismo y negociación

Por qué se persiste en el secretismo en torno de las negociaciones de Itaipú. Por qué no se discute abiertamente cuáles son las cartas de Paraguay y Brasil. Ante el reinicio de las negociaciones del Anexo C, ¿qué hacer para que esta no signifique una histórica oportunidad perdida?

Por Gustavo Reinoso

El pasado 31 de marzo por medio de una publicación hecha por el importante medio periodístico digital brasileño UOL, se supo que la agencia brasileña de inteligencia (ABIN) llevó adelante acciones de hackeo y espionaje digital sobre autoridades del gobierno paraguayo, en el marco de las negociaciones del Anexo C del Tratado de Itaipú.

La situación, siempre según la revelación periodística, afectó a funcionarios del Congreso y la Presidencia de la República del Paraguay. La inteligencia brasileña utilizó el software de espionaje o “Spyware”, denominado “Cobalt Strike”. Es una herramienta capaz de recopilar información y todo tipo de datos de la computadora o teléfono celular que infectan, trasmitiendo la información en tiempo real a terminales externas. A través del acceso a sistemas, registran pulsaciones de teclas, hacen capturas de pantalla y descargan archivos. Todo esto con sigilo, sin que el usuario se percate de que es objetivo de ciberespionaje.

La reacción de las autoridades paraguayas ante estos hechos, como es tradicional, fue pusilánime y a la larga beneficiosa para el Brasil, en cuanto supuso la suspensión de las negociaciones relativas al Anexo C del tratado de Itaipú por más de ocho meses, tiempo ganado por el país vecino. Es de público conocimiento que el gobierno de Brasilia sostiene la tesis de no hacer cambios en las determinaciones iniciales del tratado.

Con la presentación de un informe confidencial del canciller brasileño Mauro Vieira a su homologo paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, el pasado 17 de noviembre, los jefes diplomáticos de ambos países dieron por superado el incidente y anunciaron, en declaración conjunta, que el gobierno brasileño está tomando todas las medidas para permitir la identificación de los involucrados y su responsabilidad judicial.

Ambas partes acordaron reanudar las negociaciones relativas al Anexo C del tratado de Itaipú en la primera quincena del próximo mes de diciembre.

Solo caben especulaciones sobre el contenido del “informe confidencial”. Lo concreto es que a la ciudadanía paraguaya se oculta quiénes fueron los funcionarios y autoridades espiados, qué información sensible de fuente paraguaya fue obtenida por un gobierno extranjero y cuál es la capacidad real de los organismos paraguayos como el Ministerio de Tecnologías Información y Comunicación (MITIC) o la Secretaria Nacional de Inteligencia de la Presidencia de la República ante lo que se presenta como una inexcusable indefensión del país frente a las vulneraciones a su seguridad digital.

La revisión del contenido del Anexo C, posibilidad abierta luego de cumplidos 50 años de la entrada en vigencia del Tratado, es decir desde agosto de 2023, más de dos años atrás, constituye una ocasión crucial no solo en cuanto a los beneficios que obtenga el país de la represa, si no por las oportunidades de desarrollo que posibilitaría al país el uso inteligente de la energía hidroeléctrica.

Este apartado del tratado contiene las bases financieras y de prestación de servicios de electricidad de la Itaipú. Entre los puntos posibles de revisión están en juego la tarifa y la modalidad de contratación (energía o potencia). También el precio de cesión de energía al Brasil, el cronograma de contratación y plazos y los componentes del costo del servicio de electricidad. Los ingresos por royalties, por cesión de energía, utilidades de capital, resarcimientos por cargas de administración y supervisión y gastos de explotación.

La hidroeléctrica en condominio con el Paraguay representa para el Brasil el 15% de toda la energía demandada por el mercado brasileño. Según estimaciones, el Brasil actualmente tiene una capacidad instalada para generar el doble de la energía total que requiere el país. En estas circunstancias, naturalmente el interés del Brasil es que la tarifa de Itaipú se reduzca; además, actualmente el costo marginal de generación de Itaipú es mayor que su tarifa.

Brasil no plantea ninguna innovación al texto del Anexo C. La posición de Brasilia es que se mantenga el texto actual del anexo con respecto al costo del servicio de electricidad, con lo que la tarifa se reducirá drásticamente. Según algunas estimaciones, hasta en un 62% aproximadamente.

Ante este este escenario son varias las posibilidades y alternativas que enfrenta nuestro país. La sociedad paraguaya y su liderazgo político no deberían optar por soluciones a corto plazo. Finalizada la negociación, el país puede obtener los recursos para apuntalar su desarrollo económico y social.

Lastimosamente, salvo esporádicas menciones, notamos con desilusión que el tema está ausente en el discurso de los actores políticos, relegado a un lejano discurso reivindicativo superficial y sin contenido práctico.

En este clima sigiloso, carente de un amplio debate público o consenso nacional, el oficialismo parece deslizarse en dirección a defender el actual esquema de costos y tarifas de la binacional intentando mejorar el precio de la cesión de energía al país vecino, pretextando que con los ingresos se podría invertir en infraestructura, educación y salud.

En este punto, cabe preguntarse muy seriamente si las actuales autoridades del gobierno nacional y del lado paraguayo de la hidroeléctrica ofrecen alguna garantía de transparencia en la gestión de esos ingresos.

¿Qué garantía existe de que estos nuevos ingresos no terminarán como hasta ahora: utilizados en el clientelismo, el uso prebendario, sosteniendo una burocracia ignara, costosa y entreguista?

Hoy por hoy, Itaipú lado paraguayo tiene cuatrocientos funcionarios más que la margen brasileña. Coto cerrado del prebendarismo gubernamental que designa a los amigos y la parentela, esto se traduce en USD 67 millones más de gastos en dietas, sueldos y salarios por año en nuestro país con respecto al Brasil, cifras que no se compadecen con el nivel de desarrollo y el tamaño de la economía comparada de ambas naciones.

La otra gran alternativa para el Paraguay es acordar con el socio Brasil la drástica reducción con de costos y tarifas, lo que estimularía el uso en el mercado interno de la energía, fomentando el desarrollo industrial, la inversión de capitales del exterior atraída por una diferencia de costos y la producción competitiva.

En esta alternativa debe fijarse como meta necesaria el uso del 100% de la energía que le corresponde al Paraguay por el tratado (50% del total generado), erigiendo la infraestructura necesaria: subestaciones, estaciones de reconversión eléctrica y más líneas de 500 Kv, que transporte la energía por todos los rincones del país.

Si esta es la opción finalmente adoptada, cabe mencionar que con toda la infraestructura construida y al ritmo de un crecimiento del consumo eléctrico en el mercado nacional del 5% anual, según estimaciones para el año 2033 el Paraguay requerirá nuevas fuentes de generación eléctrica.

En conclusión ,es imprescindible un debate público amplio y sincero para que la revisión del Anexo C del tratado de Itaipú no signifique para el Paraguay otra oportunidad histórica perdida.