Yacyretá se ahoga en el caos del clientelismo y la mala administración

La situación de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), una de las principales fuentes de energía de Paraguay, es alarmante. La falta de una gestión seria y transparente ha transformado a esta empresa en un claro ejemplo de lo que ocurre cuando la política, o peor aún, la politiquería, se adueña de un bien estratégico para el país.

Yacyretá no es solo una de las generadoras de energía más importantes de Paraguay, sino también un activo fundamental para el desarrollo económico y social. Sin embargo, bajo el manto del clientelismo y la corrupción, este bien ha sido mal administrado, y hoy enfrentamos una crisis que podría tener repercusiones graves para el futuro.

En los últimos años, hemos sido testigos del uso indiscriminado de los recursos de Yacyretá, destinados a satisfacer las necesidades personales y políticas de ciertos grupos. El dinero de la binacional, que debería ser invertido en proyectos estratégicos para el bienestar colectivo, se ha desviado hacia iniciativas completamente ajenas a las necesidades del país. El caso del club 12 de Junio de Villa Hayes, vinculado al político Basilio “Bachi” Núñez, es solo la punta del iceberg. Este club recibió más de 2.179 millones de guaraníes de Yacyretá en los últimos tres años, mientras en Paraguay faltan medicamentos en los hospitales públicos y las escuelas se desmoronan por falta de mantenimiento. ¿Es este el uso adecuado de un bien de todos los paraguayos?

No estamos en contra de que Yacyretá aporte recursos para el beneficio de la población paraguaya. De hecho, entendemos que una parte de esos fondos debe destinarse a mejorar la infraestructura del país y a financiar gastos sociales. Sin embargo, este tipo de inversiones debe estar alineado con un plan de desarrollo que responda a las verdaderas necesidades de los ciudadanos y que esté sujeto a estrictos controles. En lugar de ello, estamos viendo una constante transferencia de recursos a proyectos sin justificación, muchos de los cuales no cumplen con los estándares mínimos de fiscalización. Esto abre la puerta a la desviación de fondos, con fines puramente clientelistas o, incluso, personales.

Además de la mala gestión de tantos directores, y actualmente del director ejecutivo paraguayo Luis Benítez, uno de los problemas más graves de Yacyretá es la opacidad en sus finanzas. El acceso a la información sobre cómo se gestionan los recursos de la empresa se ha convertido en una tarea titánica, casi imposible. Existen claros indicios de complicidad entre los funcionarios y las autoridades de la binacional, lo que impide a los ciudadanos conocer en detalle cómo se distribuyen y utilizan esos recursos.

Este secretismo ha generado una situación de absoluta impunidad, donde se puede actuar sin rendir cuentas ni temer ser auditado por los organismos de control del Estado. La excusa de que, por ser una entidad binacional, no puede ser auditada por los organismos nacionales no tiene sustento legal, y es una manifestación de la falta de voluntad política para garantizar la transparencia. La propia Cámara de Diputados ha sido ninguneada por parte de la binacional en el último pedido de informe sobre la situación financiera de la empresa, y, nuevamente, sin importarles siquiera las atribuciones del poder legislativo, se llamaron al silencio.

Un claro ejemplo de la falta de seriedad en la administración de Yacyretá fue el reciente accidente de una grúa esencial para las reparaciones de las turbinas de la planta. Al parecer, las mismas ni siquiera estaban aseguradas, lo que constituye una gravísima irregularidad. A pesar de la importancia de este incidente, las autoridades de la empresa no han ofrecido respuestas claras ni han permitido una investigación pública sobre el caso. Solo hemos encontrado evasivas por parte de los responsables, lo que agrava aún más la percepción de que los intereses del país y la estabilidad de Yacyretá no son una prioridad.

El punto crucial aquí es que Yacyretá no es propiedad de un partido ni de un grupo político. Yacyretá es un patrimonio de todos los paraguayos, de los que están y de los que vendrán. Sin embargo, hoy parece ser una herramienta más para la política de corto plazo y el beneficio de unos pocos. Este pone en peligro la eficiencia y sostenibilidad de la empresa. Es de público conocimiento que la binacional tiene millonarias deudas con proveedores, contratistas y pagos de indemnizaciones. Si no se toman medidas urgentes y correctivas, tarde o temprano la empresa podría sucumbir por falta de una administración adecuada.

El Estado social de derecho exige que los bienes públicos sean administrados con transparencia. En un sistema democrático, la rendición de cuentas es uno de los pilares fundamentales. Paraguay no puede permitirse seguir en esta senda de desorden. Es hora de que los responsables de la administración de Yacyretá tomen conciencia de la magnitud de su tarea y empiecen a gestionar esta vital fuente de energía de manera profesional, honesta y con visión a largo plazo.

La pregunta que queda es: ¿seremos capaces de poner en orden la casa antes de que sea demasiado tarde?