Trump quiere una Arabia atómica

Luego de años de discretas negociaciones, el pasado 22 de julio el secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, anunció la firma de un acuerdo para desarrollar el uso de la energía nuclear entre su país y el Reino de Arabia Saudita.

La finalidad principal de la cooperación entre ambos países, históricos aliados, será otorgar a la monarquía saudí capacidad tecnológica para generar energía atómica con fines civiles y pacíficos, según declaraciones de las autoridades de Washington y Riad.

Si bien la intención de los saudíes de ampliar su espectro de capacidades energéticas no es un secreto para nadie, las implicancias geopolíticas y armamentísticas del uso de la energía nuclear en la región más estratégica y conflictiva del mundo no dejaron indiferente a la comunidad de analistas y especialistas en política internacional. El denominado “Acuerdo 123” fue suscrito por el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y el ministro saudita Abdulaziz bin Salman.

El convenio bilateral aún deberá ser ratificado formalmente por el Congreso del país norteamericano antes de entrar en vigencia efectiva. El contenido del documento es mantenido en estricta reserva por ambos gobiernos, pero se han filtrado datos no negados por los gobiernos firmantes: el acuerdo tendría una vigencia de 30 años e incluiría la construcción de una planta de enriquecimiento de uranio en Arabia Saudita por parte de firmas estadounidenses. Según la cadena de televisión norteamericana CBS, la principal empresa inversora en el proyecto sería Westinghouse Electric Company. La monarquía saudita, que hoy no tiene ninguna planta nuclear en funcionamiento, podría en poco tiempo poseer la capacidad de enriquecer uranio en su propio territorio, tecnología básica para la fabricación del arma nuclear.

En el acuerdo, según admiten ambos países, estará excluido el Protocolo Adicional de la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA), que otorga a este organismo de las Naciones Unidas poderes de inspección y control sobre las instalaciones nucleares, con acceso a información sobre investigaciones y sitios, e incluso la capacidad de buscar actividades nucleares ocultas o clandestinas. En el Acuerdo 123 las salvaguardas de la OIEA serán reemplazadas por mecanismos bilaterales acordados por los países signatarios del acuerdo, circunstancia que genera preocupación en quienes advierten que se reducen sustancialmente los niveles de verificación y control frente a posibles usos militares clandestinos.

Proliferación nuclear en Oriente Próximo: en momentos en que Israel y Estados Unidos se encuentran empeñados en operaciones militares contra Irán, ofensiva que tiene como uno de sus pretextos las supuestas intenciones iraníes de hacerse con la bomba atómica, resulta una jugada norteamericana sumamente arriesgada apostar a dotar de capacidad nuclear al principal país árabe del Golfo.

La dinastía saudí reinante, Al Saud, no oculta sus ambiciones de hegemonía regional. Arabia Saudita es el segundo productor de petróleo en el mundo y lidera la OPEP, con lo cual influye significativamente en el mercado energético global. Bajo el liderazgo del príncipe heredero Mohammed bin Salman, gobernante de facto y hombre fuerte del país, los saudíes aumentaron sus inversiones en los Estados Unidos, pero se muestran renuentes a normalizar sus relaciones con Israel, lo que condicionan a una solución “creíble” a la tragedia del pueblo palestino. Para el gobierno de Riad, la solución del conflicto pasa indefectiblemente por la creación de un Estado palestino, algo que en Tel Aviv se rechaza de plano.

La posible obtención del arma nuclear por los iraníes es percibida como una amenaza por los saudíes, pero también el expansionismo de Israel, que según varias fuentes posee un arsenal nuclear, constituye un peligro ante el cual se sienten indefensos.

Durante el enfrentamiento militar de mutuos bombardeos entre Israel e Irán de junio de 2025, Arabia Saudita, insegura de la capacidad de los Estados Unidos de controlar el agresivo irredentismo sionista, firmó un acuerdo defensivo con la única potencia nuclear del mundo islámico, Pakistán, país que de facto incluyó a los saudíes en su paraguas de disuasión nuclear ante agresiones externas.

Muy a su estilo, con un posteo en redes sociales, Trump señaló que la continuidad del acuerdo estaba condicionada a la adhesión saudí a los Acuerdos de Abraham, que normalizan las relaciones diplomáticas de Israel con varios países árabes. La embajada saudí en Washington, D. C., declinó hacer declaraciones oficiales sobre el estado del acuerdo nuclear o sobre si estaba considerando reconocer diplomáticamente al Estado de Israel.

Mohammed Alhamed, analista geopolítico saudí y presidente del grupo consultor Saudi Elite, afirmó que las exigencias de Trump sobre los Acuerdos de Abraham “no cambian la esencia del acuerdo”. “Si el reconocimiento saudí de Israel hubiera sido una condición formal para el acuerdo nuclear, se habría negociado antes de la firma del acuerdo y se habría incluido explícitamente en sus términos”, afirmó y luego agregó: “Creo que el presidente Trump se dirigía principalmente a una audiencia política interna al tranquilizar a Israel y a sus partidarios en Washington. Eso no significa necesariamente que Arabia Saudita haya cambiado su postura”.

La guerra nuclear localizada: cualquier país que busque una auténtica soberanía económica, cultural y política, sustrayéndose al vasallaje sin alternativa que ofrecen las superpotencias, intentará resguardar su independencia y seguridad militar. Desde ese lugar, la obtención del arma nuclear ejerce su atractivo. En un mundo en el que las instituciones multilaterales y del derecho internacional adolecen de agónica inoperancia, un arsenal atómico se erige como el único argumento disuasivo contra la agresión militar en las relaciones internacionales; en consecuencia, aumenta el riesgo de eventuales guerras nucleares limitadas o localizadas, la mayor amenaza a la paz del futuro.