En el plan del gobierno de Santiago Peña se vislumbra un súper ministerio que coordine todas las entidades de ambos sectores, entre éstas ANDE y Petropar
En nuestro tiempo, bajo el signo de la revolución tecnológica más transformadora de la historia, la energía, sus fuentes de generación y los recursos naturales necesarios para sostenerla adquieren un crucial valor estratégico, económico y geopolítico.
El Paraguay, que obtiene la mayor parte de sus rentas de la exportación de productos del agro, tiene ante sí, en esta primera mitad del siglo XXI, no solo la oportunidad sino la obligación de diversificar sus fuentes de riqueza por medio de la explotación del potencial energético y las riquezas minerales de su subsuelo.
Una alianza estratégica con los EE. UU., una de las superpotencias económicas, políticas, científicas y tecnológicas del orbe, en manos de una diplomacia con amplitud de miras, que no se conforme con la mera alineación automática, puede ser una importante fuente de inversiones, colaboración científica y transferencia tecnológica, encaminadas al desarrollo económico.
Si en anteriores etapas históricas nuestro escaso volumen de riqueza material, aislamiento y condición de país mediterráneo arrojaron como consecuencia una subexplotación de nuestros recursos, un panorama como el de esta primera mitad de siglo, con demanda de energía y recursos minerales previsiblemente en constante crecimiento por las necesidades creadas por las nuevas herramientas tecnológicas, es susceptible de cambiar la relación costo-beneficio en favor del aprovechamiento económico de nuestros recursos.
En el ámbito energético, el país enfrenta desafíos. En los próximos años se espera el agotamiento del excedente energético del que disfrutó el Paraguay por los grandes emprendimientos hidroeléctricos binacionales de Yacyretá e Itaipú, por lo que resulta imperativo para el interés nacional buscar nuevas fuentes de generación de electricidad para evitar escasez de energía eléctrica en el futuro. Ante esta disyuntiva, la estrategia nacional está contenida en el Plan Maestro de Generación 2024-2043 de la ANDE, que a su vez está enmarcado en el contexto del Plan Energético Nacional, aprobado por Decreto N.º 2553/2024.
El ente energético estatal contempla desarrollar y poner en servicio múltiples tecnologías de generación en el lapso fijado por el plan: paneles fotovoltaicos híbridos, que combinan energía solar fotovoltaica con generadores de respaldo o baterías de almacenamiento; pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH) con capacidad de generación de entre 1 MW y 50 MW por central; baterías de litio, en combinación con paneles fotovoltaicos. También centrales hidroeléctricas nuevas en condominio con la Argentina: Itacorá-Itatí y Corpus Christi, ambas sobre el río Paraná y, finalmente, generación con centrales de bombeo y centrales térmicas que usan combustibles fósiles.
El actual Gobierno nacional, interpretando la crucial importancia de la unidad normativa y de acción ejecutiva en los rubros estratégicos, difunde por estos días documentos que reflejan su intención de crear nuevas instancias institucionales. Se trata de “borradores preliminares” de proyectos de ley: uno que crea el Ministerio de Energía, Minas e Hidrocarburos y otro que crea el Ente Regulador Energético.
En lo que atañe al ministerio proyectado, la instancia busca unificar, por medio de la coordinación y la rectoría bajo su autoridad, a las entidades binacionales hidroeléctricas, la ANDE, PETROPAR, la ARRN, el INFONA, entre otros. Se contemplan un viceministro de Hidrocarburos, un viceministro de Energía y un viceministro de Minería.
El ministerio proyectado reemplaza y sucede jurídicamente al Viceministerio de Minas y Energía, dependiente del MOPC, y a la Dirección de Combustibles, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio. Las atribuciones y funciones de estas instancias administrativas serán asumidas por la nueva entidad.
El futuro Ministerio de Energía, Minería e Hidrocarburos será el brazo ejecutor del plan energético. Dicho plan será elaborado conjuntamente con las entidades bajo su rectoría y trazará objetivos en un horizonte de hasta 10 años, siendo sus puntos cardinales: seguridad y suficiencia en el suministro asequible y continuo de la energía; diversificación de la matriz energética; expansión de la generación, transmisión, distribución, almacenamiento e interconexión; integración eléctrica y energética regional; acceso universal a servicios energéticos modernos; desarrollo de la bioenergía, biomasa y biocombustibles; evaluación de tecnologías emergentes; reducción de vulnerabilidades técnicas, económicas, climáticas y geopolíticas.
Por su parte, la política minera nacional estará orientada a la prospección, exploración, explotación, industrialización, fiscalización y aprovechamiento racional de los recursos minerales en todas sus fases de suministro, procesamiento y comercialización, procurando la atracción de inversiones responsables, la generación de empleos, la agregación de valor agregado, la trazabilidad, la formalización y la protección ambiental y social.
La otra iniciativa legislativa, también en situación de “borrador preliminar”, dispone la creación de la entidad autónoma y autárquica Ente Regulador de Energía (ERE). Sus fines serán: el desarrollo de la red eléctrica, ductos y poliductos seguros, eficientes, fiables y rentables; impulsar la adecuación de la red eléctrica, ductos y poliductos a los objetivos generales de la política energética nacional; facilitar la interconexión y acceso a las redes eléctricas, ductos y poliductos a los actores y agentes del mercado; garantizar la protección del consumidor final. El ERE tendrá amplias atribuciones reglamentarias en relación con las infraestructuras, equipos y fiscalización de las actividades de los actores del sector privado que se desempeñen en el sector energético. El nuevo ente supervisará a los actores del mercado que operen en la red energética y fijará la metodología para el cálculo de las tarifas para el consumidor final, incluida la tarifa social prevista en la Ley N.º 3480/2008. Percibirá tasas, cánones, multas e intereses.
La estructura orgánica de la entidad propuesta contempla: un directorio compuesto por tres integrantes designados por el Poder Ejecutivo, previo concurso de oposición, que ejercerán el cargo por seis años y tendrán una presidencia y vicepresidencia rotativas anualmente. El ERE, además, estará dotado de una Gerencia del Sector Eléctrico y Energías Renovables, una Gerencia de Hidrocarburos, Gases e Hidrógeno, una Gerencia de Biomasa y Biocombustibles y una Gerencia de Calidad y Protección al Usuario.
Lo anterior no es más que una breve reseña inicial de las cruciales innovaciones legislativas que el Gobierno pretende implementar en los sectores energético, minero y de hidrocarburos. Es la respuesta oficial a la necesidad de diversificar nuestra matriz energética luego de largas décadas de inercia inducida por el superávit eléctrico de las binacionales. Resalta, en primer término, la intención de centralizar y unificar el diseño y ejecución de las políticas públicas destinadas a los ámbitos estratégicos de la energía y los recursos minerales. Las atribuciones de coordinación y rectoría del proyectado ministerio garantizarán la unificación en las decisiones, procesos y objetivos. Sobre este particular, la iniciativa es positiva, pero susceptible de generar confusión y tensión institucional con instancias como la ANDE o PETROPAR, por lo menos inicialmente, pero reiteramos que la unidad de acción estratégica es potencialmente positiva.
La creación del ERE, por su parte, crea un escenario en el cual la transmisión y la distribución de energía en la red eléctrica y eventuales redes de gasoductos o conductos para hidrocarburos se abren a los “sectores y actores del mercado”, es decir, a la inversión privada, complementando las leyes ya vigentes sobre generación energética que también asignan un papel importante al capital privado. En el mejor de los mundos, el capital privado ayudará a desarrollar las potencialidades energéticas del Paraguay. En el peor de los mundos, puede generarse un “capitalismo de amigos” que aproveche la infraestructura ya existente, distribuya la energía, perciba tarifas de los usuarios e invierta muy poco en mejorar la calidad técnica del servicio. Estaremos atentos a la evolución de los acontecimientos.