Libertad, desinformación y soberanía digital: el caso Musk Vs De Moraes

En este artículo, nuestro columnista Gustavo Reinoso nos recuerda la gran confrontación de hace un año entre el Estado brasilero y la red X, de Elon Musk. Lo trae como un caso propiciatorio, en el que se albergan posibilidades de nuevas normativas en este mundo en el que, entre otras cosas, se han disparado las campañas fraudulentas a través de las noticias falsas.

Por Gustavo Reinoso

Una año atrás, entre agosto y octubre de 2024, presenciamos uno de los duelos dialecticos e ideológicos más llamativos del atribulado escenario de la política internacional contemporánea: el protagonizado por el juez del Supremo Tribunal Federal del Brasil Alexandre de Moraes y el multimillonario de nacionalidad estadounidense y canadiense, de origen sudafricano, Elon Reeve Musk, suscitado a raíz de acontecimientos que ya forman parte de la historia política del Brasil.

El domingo 30 de octubre de 2022, en la segunda vuelta de las elecciones generales para elegir presidente en Brasil, el presidente en ejercicio del país, el derechista Jair M. Bolsonaro, fue derrotado por el candidato de la alianza electoral “Brasil de Esperanza”. El líder del Partido de los Trabajadores Luiz Ignacio Lula da Silva, cual el ave fénix, renacía de sus propias cenizas para arrebatar el poder a la derecha y ejercer una vez más la primera magistratura del gigante sudamericano.

La estrecha diferencia, entre los candidatos: 50,90% para Lula y 49, 10% para Bolsonaro, propició una conducta cuanto menos llamativa del presidente saliente.

Nunca admitió la derrota electoral, encargó las tareas de transición a un funcionario subalterno y en la víspera de la toma de posesión de Lula, fijada para el primero de enero de 2023, salió del país rumbo a Orlando, Florida, EE.UU. No quería presenciar ni ser testigo del día consagratorio de la resurrección política de su archirrival político.

Simultáneamente, desde el mismo día de las elecciones el entorno del bolsonarismo impulsó con fuerza el rumor de un supuesto fraude electoral masivo y movilizó a sus simpatizantes, quienes acamparon frente a los cuarteles y destacamentos militares de todo el país, exigiendo una intervención militar para impedir la toma de posesión de Lula.

Tras la juramentación del presidente de izquierda y en vista de la inmutabilidad castrense, la movilización de los simpatizantes bolsonaristas desembocó en un desorden público sin precedentes en la capital Brasilia.

Otro domingo, el 8 de enero de 2023, miles de simpatizantes de Bolsonaro irrumpieron en la plaza de los tres poderes de Brasilia, sobrepasaron los retenes policiales e ingresaron al Palacio de Planalto, sede de la presidencia federal, al edificio de la máxima instancia judicial del país, el Supremo Tribunal Federal, y al Palacio Nereu Ramos, sede del Congreso Nacional.

Los manifestantes causaron destrozos a las estructuras mobiliarias de los edificios gubernamentales. Equipos informáticos fueron objeto de pillaje y valiosas obras de arte así como reliquias históricas fueron vandalizadas. Al caer la tarde, la intervención de fuerzas militares federales restauró el orden.

La gravedad de los desórdenes motivó la correspondiente investigación judicial que arrojó como resultado, entre otras cosas, que los simpatizantes bolsonaristas usaron plataformas de redes sociales como X para difundir falsedades y desinformación relativas a la integridad del sistema electoral brasileño.

Desde el 2014 rige en Brasil un marco regulatorio legal, conocido como “Marco Civil de Internet”. Esta disposición jurídica contiene normas que buscan proteger la privacidad de los usuarios, la libertad de expresión y a la vez establece sanciones para las plataformas que no cumplen el marco regulatorio. Entre estas sanciones se encuentra la denominada “ Notificación Judicial y Retirada” según la cual las plataformas son responsables del contenido dañino generado por usuarios, cuando no eliminan dicho contenido después de recibir una orden judicial especifica.

El criterio rector del marco regulatorio es obtener un equilibrio entre la libertad de expresión y la eliminación de contenido ilegal y perjudicial e impedir que las redes sociales, las aplicaciones de mensajería, los foros online sean automáticamente responsables de los contenidos y faculta a la autoridad jurisdiccional a intervenir de ser necesario.

La investigación judicial se enfocó en las llamadas “milicias digitales” bolsonaristas y sus presuntos actos antidemocráticos. En el curso su investigación el Supremo Tribunal Federal solicitó a las plataformas de redes sociales como Facebook, Instagran y X que entregaran las IP de las cuentas investigadas y suspendieran las cuentas vinculadas a las actividades ilegales.

Para ese momento, Musk, autoproclamado campeón de la libertad de expresión, era el novel dueño de la exTwitter. Desde que tomo el timón de la plataforma, el magnate eliminó las autorregulaciones de la empresa sobre difamación, noticias falsas o neutralidad política.

Desde abril de 2024 X empezó a compartir contenidos con sus usuarios en los que calificaba como “ilegales” las solicitudes judiciales del Supremo Tribunal Federal. La disputa se intensificó a finales de agosto cuando el representante legal de X en Brasil renunció y Musk se negó a nombrar uno nuevo, una medida que Moraes interpretó como un intento de evadir la ley.

Ante esta situación, el magistrado Alexander de Moraes emplazó a Musk a nombrar a un representante legal con domicilio en Brasil. X no lo hizo y entonces de Moraes ordenó a la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL) que bloquee el acceso a X en todas las proveedoras del país. Además se borró a la red social de App Store y Google play Store.

El 30 de agosto de 2024 X fue borrada del Brasil.

Finalmente, tras 39 días de suspensión, en gran medida por la pérdida de valor bursátil que la ausencia del mercado brasileño le ocasionó a X, Musk se avino a pagar la multa establecida por la justicia brasileña, el equivalente a 5,2 millones de dólares y a cumplir los requerimientos judiciales sobre los usuarios investigados por actividades ilegales.

El 8 de octubre del 2024 se levantó la suspensión de X en territorio brasileño.

Esta singular confrontación entre la máxima instancia judicial de un país y una de las plataformas de red social más gravitantes del globo tiene varios aspectos dignos de análisis, desde la responsabilidad de estas plataformas en el contenido producido por los usuarios hasta la intervención del Estado para proteger a sus ciudadanos.

Cuáles deben sus mecanismos legales y herramientas tecnológicas de esta intervención para proteger a los usuarios de ser víctimas de la desinformación y la manipulación con fines políticos o comerciales.

En fin, estas son solo algunas de las cuestiones planteadas.

Una normativa equilibrada y una judicatura con la suficiente fortaleza para aplicarla son partes de una solución coherente a las situaciones que plantean las redes sociales y su gran influencia en la sociedad.