Itaipú y la oportunidad perdida para fortalecer a la ANDE

El acuerdo alcanzado en 2024 entre los gobiernos de Paraguay y Brasil sobre la tarifa de Itaipú fue celebrado como un hito histórico. No solo garantizó una tarifa de 19,28 dólares por kilovatio/mes hasta 2026, sino que prometió ingresos adicionales significativos, que el presidente Santiago Peña anunció como una vía para impulsar la salud, la educación, la seguridad y la infraestructura del país. Sin embargo, este acuerdo deja una sensación agridulce al constatarse que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) no fue priorizada dentro de estos planes.

La ANDE, una institución crucial para el desarrollo económico y social del Paraguay, enfrenta una creciente demanda energética en un contexto de infraestructura obsoleta y limitada. Según el propio plan maestro de la estatal, se requieren al menos 500 millones de dólares anuales en inversiones para modernizar y ampliar sus redes de transmisión y distribución. Pese a ello, de los 650 millones de dólares adicionales generados en 2024 por el acuerdo de Itaipú, apenas 73 millones fueron a la ANDE y sirvieron únicamente para cubrir el costo del ajuste tarifario.

El gobierno optó por destinar estos recursos a programas sociales y obras viales, iniciativas que, si bien son importantes y necesarias, no deben ir en detrimento ni competir con la inversión estratégica en energía. El crecimiento de la potencia contratada por Paraguay —de 2.369 MW en 2024 a 2.865 MW proyectados para 2026— pone de manifiesto que la demanda no solo sigue en aumento, sino que supera ampliamente la capacidad actual de la ANDE para satisfacerla.

La falta de priorización de los fondos evidencia una desconexión entre el discurso oficial y la realidad operativa del sector energético. El presidente Peña prometió inversiones en infraestructura energética, pero estas no se han materializado en la magnitud requerida. Más preocupante aún, las proyecciones para los próximos años no garantizan que los recursos adicionales de Itaipú se traduzcan en mejoras tangibles para el sistema eléctrico.

Este desbalance estratégico obliga a la ANDE a seguir endeudándose con la banca multilateral internacional y, a partir de este año, a emitir bonos, para poder realizar las inversiones que el sector energético requiere luego de años de abandono. El recurso a la emisión de bonos para financiar inversiones esenciales, como la modernización de las redes de transmisión y distribución, es una señal preocupante de la falta de respaldo estatal. Este tipo de endeudamiento, si bien puede resolver problemas inmediatos, crea una pesada carga financiera para el futuro, que recae directa o indirectamente en los usuarios.

El acuerdo con Brasil también fue presentado como un logro de la tan sonada “soberanía energética”, incluyendo la posibilidad de vender energía al mercado libre brasileño. Sin embargo, esta opción se limita a fuentes distintas de Itaipú, reduciendo su impacto real. Esto, sumado a la falta de una estrategia integral para fortalecer a la ANDE, plantea dudas sobre si Paraguay está aprovechando plenamente este momento histórico para consolidar su posición en el sector energético.

El desarrollo energético no solo impulsa la productividad y la inversión extranjera, sino que también eleva el nivel de vida de la población, reduce la pobreza y fomenta la equidad territorial. El gobierno de Santiago Peña tiene todavía la oportunidad de corregir el rumbo y priorizar inversiones estratégicas en el sistema eléctrico. De lo contrario, la ANDE continuará siendo una institución rezagada frente a las necesidades del país, y el tan celebrado “hito histórico” del acuerdo de Itaipú se recordará como una oportunidad perdida.

Paraguay no puede permitirse seguir relegando a su sistema eléctrico a un segundo plano. La energía es la base del desarrollo, y su descuido compromete no solo el presente, sino el futuro de las próximas generaciones. Es hora de que el Gobierno actúe con visión y responsabilidad.