Este domingo 25 de octubre se llevará a cabo la segunda vuelta presidencial en Brasil entre Inácio Lula Da Silva y Flávio Bolsonaro. Son dos modelos de país y de formas de encarar las relaciones internacionales. Dos expertos de Paraguay sostienen que en el caso Itaipú poco importa quién gane. Sin embargo, los hechos indican grandes diferencias.
Durante el gobierno de Fernando Lugo (2008-2012), el Estado paraguayo acordó con el Gobierno de Brasil, entonces encabezado por Luiz Inácio Lula da Silva, el financiamiento de la línea de 500 kV y la triplicación de los ingresos por cesión de energía. Con esto, el Estado paraguayo pasaba de percibir 120 millones de dólares a un total de 360 millones. Por fin, lograba una línea de transmisión de grandes cantidades de energía.
Durante los mandatos de Jair Bolsonaro y de Mario Abdo Benítez, se descubrió aquella famosa “acta secreta” que contemplaba sobrecostos de hasta 250 millones de dólares para Paraguay. El descubrimiento produjo una tormenta política que comenzó con la renuncia del entonces presidente de la ANDE, Pedro Ferreira, y avanzó con las dimisiones del director general paraguayo de la binacional y del ministro de Industria y Comercio, hasta que las aguas, finalmente, se calmaron gracias a la mayoría parlamentaria con la que contaba —hasta hoy— el Partido Colorado.
Al retorno de Lula da Silva a la Presidencia, ya bajo la gestión de Santiago Peña y por pedido del Gobierno paraguayo, las partes acordaron elevar la tarifa de Itaipú a 19,28 USD/kW-mes, introduciendo gastos socioambientales por un valor de 1.400 millones de dólares: 700 millones para Paraguay y 700 millones para Brasil.
Este dinero lo percibirán hasta el 31 de diciembre de este año. Luego, según el acuerdo, el precio de la energía de Itaipú debe corresponder única y exclusivamente al costo operativo, el cual se estima en una cifra de entre 10 y 12 USD/kW-mes.
Cuando el Gobierno paraguayo ya se mostraba muy conforme con la “conquista histórica”, una noticia proveniente de Brasil fue utilizada para congelar las negociaciones en torno al Anexo C. Esa información sostenía que, durante el mandato de Jair Bolsonaro, se ordenó espiar cibernéticamente a las autoridades paraguayas, incluido el entonces presidente Mario Abdo Benítez, con el fin de conocer sus posiciones estratégicas respecto a la renegociación del Anexo C, el cual define el costo de la energía y las condiciones de la cesión a precio de costo a Brasil.
El domingo 25 de octubre se desarrollará la segunda vuelta, la definitiva, de las elecciones presidenciales en Brasil. Lula da Silva se presenta buscando un nuevo mandato, mientras que el senador Flávio Bolsonaro, hijo de Jair, representa la herencia política de la oposición, presentándose bajo esa premisa. El tema de Itaipú no ha formado parte del debate ni de las campañas electorales en el proceso de votación reciente.
Hoy, el Gobierno paraguayo ya no se muestra tan relajado respecto a la conquista de la tarifa provisoria, pero no tiene otra alternativa que esperar el resultado de los comicios brasileños para sentarse nuevamente a negociar el Anexo C.
La línea del Gobierno de Lula da Silva es que Itaipú pase a ser lo que siempre debió ser (según palabras de la exdirectora financiera Gladys Benegas): una empresa dedicada puramente a la producción y venta de energía eléctrica.
Por lo tanto, sus negociadores buscarán hacer cumplir el entendimiento de que la tarifa se ciña al costo operativo y deseche los denominados “gastos discrecionales” establecidos en el acuerdo de abril de 2024.
En tanto, el Gobierno de Paraguay busca ligar el acuerdo a nuevos financiamientos de obras públicas; entre ellas, una planta de paneles solares flotantes en el embalse, cuya superficie calculada es de unas 137.000 hectáreas.
Tanto Pedro Ferreira como el docente e investigador en energía Victorio Oxilia sostienen que el tema de Itaipú y otros asuntos considerados de estrategia nacional corren por cuerdas separadas de los gobiernos de turno y de sus respectivas inclinaciones ideológicas.
Ya a 53 años de la firma del tratado, sin la deuda que influyó tanto tiempo en la tarifa, y con un excedente provisorio de 2.000 MW, Paraguay y Brasil retomarían las conversaciones al límite mismo del acuerdo puente.
Ese acuerdo no solo estableció la tarifa y los gastos “discrecionales”, también la posibilidad de que nuestro país pueda vender al mercado brasilero su excedente energético, terminando la cesión a un costo marginal. Pero Paraguay, hasta donde pudimos averiguar, no ha avanzado en la logística necesaria para la venta, porque, básicamente, apunta a atar la cesión a nuevos acuerdos de financiamiento.
Pero también aparece de por medio una cantidad de propuestas de uso de energía para IA e industrias convergentes.
Sobre esto, el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio había impulsado a las empresas norteamericanas y aliadas a mirar el excedente de Itaipú como recurso disponible.
Esta mañana, 21 de octubre, el subsecretario de Estado Christhofer Landau vistió la empresa, con el presidente Santiago Peña y el director paraguayo Justo Zacarías Irún. Foto de portada.