El Acta de Entendimiento del 14 de abril del 2024 había sido presentado por el gobierno de Santiago Peña como una “conquista histórica”.
Esa supuesta conquista se sostuvo en el alza de la tarifa de la energía, de 16,5 kW-mes a 19, 28.
Para eso el gobierno paraguayo peleó que en el costo de la generación eléctrica se incluya un aumento de 650 millones de dólares anuales, hasta del 31 de diciembre de 2026, del rubro Gastos Socioambientales.
Así, ese rubro pasó de 50 a 700 millones.
Esa es la plata que el gobierno estuvo utilizando sin pasar por el Presupuesto General de la República.
Lula Da Silva ya invitó al nuevo presidente, Pedro Alliana. Alliana sabe de qué va la mano: él mismo estuvo muy cerca del nuevo ciclo de Itaipú, el ciclo de Peña.
En total fueron 1.950 millones de dólares en tres años. Esa plata dulce se está terminando.
El cierre del ciclo coincide con la expulsión y la cárcel que enfrenta Peña y con la reelección de Luiz Inácio Da Silva
Para Brasil la cuestión es muy sencilla: nada más de gastos “discrecionales” en la entidad. Quieren una tarifa que promedie los 10 dólares por kW-mes.
Paraguay quiere seguir condicionando a nuevos gastos, entre otros, que se comprometa a la EBI a financiar nuevas fuentes de generación. Su proyecto emblema es una Itaipú de paneles solares flotantes, en el embalse del lado paraguayo.
De acuerdo con la ex directora financiera Gladys Benegas, el gobierno de Brasil quiere que Itaipú sea lo que es: una empresa de producción y venta de energía eléctrica. Esa es la razón, alega, por la cual del lado brasileño ya hay menos funcionarios. Del lado paraguayo, por el contrario, se sigue cargando en sectores que ya nada tienen que ver con las partes técnicas y electromecánicas.

Una tarifa flotante, que dependa solo del costo operativo, es lo que establece el propio Anexo C. Y es lo que corresponde, asume el ingeniero Ricardo Canese, asesor de aquel gobierno, el de Fernando Lugo (2008-2012), durante el cual se logró la triplicación del dinero por cesión de energía.
Una tarifa flotante, que dependa solo del costo operativo, es lo que establece el propio Anexo C del Tratado firmado en abril de 1970.
El preacuerdo del 14 de abril llega a su fin. Aquella acta establece que Paraguay, a partir del 1 de enero de 2027, podrá “vender libremente” su energía excedente a Brasil.
De esta manera terminaría la cesión de la energía a costo marginal.
A Paraguay le quedan aútn alrededor de 2000 MW por excedente, pero en estos tres años no ha preparado la infraestructura de la ANDE para tal efecto.
“Es una cuestión muy compleja” , nos ha dicho el jefe de distribución de la ANDE, Francisco Escudero.
El ex presidente de la ANDE, Pedro Ferreira, cree que el ajuste del precio al costo operativo será gradual. Entiende que terminará oscilando entre 14 y 16 dólares por kW-mes.
De acuerdo con el compromiso asumido por ambos gobiernos, de no llegarse a un acuerdo de fin de año, Itaipú bajará su tarifa a un mínimo histórico.
“Paraguay debe contratar toda la energía y ofertar en el mercado a precio de mercado”, reclama Canese, que impulsa un proyecto de ley que amplia la tarifa social hacia mipymes y comunidades originarias.