Médanos del Chaco: entre la explotación del gas y la conservación

En una nueva controversia, con intereses y discursos repetidos, un nuevo proyecto de ley pretende habilitar la exploración de gas. El gobierno de Santiago Peña lo quiere, gremios empresariales también. Las comunidades y las organizaciones medioambientalistas hablan muy mal de la idea. ¿Desarrollo económico versus medio ambiente?

En el extremo norte del Chaco, entre los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay, se extiende un paisaje que no se repite en ningún otro lugar del Paraguay. Una sábana gigante de dunas de arena blanca formado por la erosión del viento durante cinco mil años. Son los Médanos del Chaco. Con 605.075 hectáreas declaradas Parque Nacional por la Ley 5.723 del año 2016, es la única área protegida que resguarda ese ecosistema en el país. Allí sobreviven las únicas poblaciones registradas de guanaco, junto al yaguareté, el taguá, el tatú carreta y el gato colocolo. Bajo sus médanos nace el río Timane y se protege el acuífero Yrenda, el reservorio de agua dulce más grande e importante de todo el Chaco, vital para la vida y la producción del Alto Paraguay.

Ese mismo territorio está hoy, por tercera vez, en el centro de una disputa en el Congreso.

En octubre de 2022, el diputado cartista Edwin Reimer logró la media sanción de un proyecto que modificaba los artículos 4 y 6 de la Ley 5.723 para habilitar la prospección y explotación de hidrocarburos dentro del parque. En su exposición figuraban cuatro empresas interesadas: Primo Cano Martínez SA, Zeus Oil SA, Riviera SA y Petropar. El entonces presidente Mario Abdo Benítez viajó hasta el parque y pidió públicamente rechazarlo. El Senado lo rechazó en marzo de 2023 y Diputados terminó archivándolo en junio de ese mismo año.

Ahora la iniciativa volvió. En mayo de 2026, el diputado colorado cartista José Ramón Rodríguez Maciel presentó un proyecto idéntico, calco del de 2022. El debate se reabrió.

Desde el oficialismo, la defensa es energética y jurídica. Rodríguez sostiene que en la zona habría gas natural aprovechable y que el impacto ambiental puede ser controlado. En audiencia pública afirmó que a toda explotación se le puede hacer mitigación. En la misma línea, el viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, declara que Paraguay debe avanzar en la explotación de gas si se confirma su existencia en el Chaco.

Para Bejarano, el punto clave es la seguridad jurídica y recuperar la confianza de los inversionistas, respetando los derechos otorgados antes de la creación del parque. Se refiere concretamente al caso de Primo Cano Martínez, que tenía concedido el Bloque Gabino Mendoza de unas cuarenta mil hectáreas y un pozo fluyente que debió cerrar cuando el área fue declarada protegida.

Aunque esta vuelta el proyecto de modificación de la ley viene de la mano del diputado cartista Rodríguez, es en la voz del diputado Eduardo Nakajama en la que ha encontrado más eco discursivo y argumentativo.

Este diputado, ex candidato a la intendencia asuncena, afirma que Paraguay necesita aprovechar sus recursos naturales, como el gas y los hidrocarburos, para mejorar las condiciones de vida en zonas postergadas como el Alto Paraguay. Sostiene que la conservación y la producción pueden convivir si se realizan estudios técnicos rigurosos y una delimitación precisa de los terrenos. Remarca que el interés principal del Estado debe ser darle bienestar al pueblo paraguayo por encima de posturas conservacionistas absolutas.

Lo que permanentemente recuerdan los ambientalistas es que la misma Corte Suprema de Justicia ya se expidió en este tema.

Efectivamente, fue la empresa Primo Cano Martínez la que demandó como inconstitucional la ley que declaraba como área silvestre protegida. La razón esgrimida: la concesión que la empresa tenía por parte del Estado paraguayo. Derechos adquiridos que le dicen. Aquella demanda no le fue favorable, quedando la ley tal como estaba redactada.

“La protección del Medio Ambiente es obligación del Estado y de rango constitucional y se constituye en un interés general por naturaleza y de orden público”, había dicho la Corte en su resolución.

La defensa del Medio Ambiente

“El Parque Nacional Médanos del Chaco constituye una de las áreas silvestres protegidas más importantes y estratégicos del Paraguay y del Gran Chaco Americano”, sostiene la nota que en mayo envió Sobrevivencia, una organización medioambiental coordinada por el ex ministro Oscar Rivas, al diputado Rodríguez.

Le recordaba que la Constitución Nacional establece en sus artículos 6, 7 y 8 “la obligación del Estado de proteger la calidad de vida, el derecho al ambiente saludable y la preservación del patrimonio ambiental”.

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible dictaminó en contra tanto en 2022 como en 2026.

La bióloga Andrea Weiler advierte que explotar Médanos del Chaco sería “catastrófico, con riesgos ambientales, sociales e internacionales”.

“Los parques nacionales son un santuario, esto (el nuevo estudio de la ley) es un dejavu, cuál es la garantía jurídica en cuestiones ambientales. Me causa mucho ruido, mucha inseguridad que cada cierto tiempo se quieran modificar las leyes que protegen los parques nacionales”, esgrime.

Las organizaciones ambientalistas y líderes de comunidades se manifestaron el martes pasado contra este nuevo intento, recordando, entre otras cuestiones, que la Corte Suprema ya en 2019 rechazó una acción de inconstitucionalidad contra la ley del parque.

He aquí la preocupación mayor: si el Congreso habilita la explotación en un parque nacional, ninguna otra área protegida estará blindada, resume el ingeniero ambiental David Cardozo.

El parque es territorio ancestral y de uso actual de los pueblos Guaraní Ñandéva y Ayoreo, incluyendo grupos Ayoreo en aislamiento voluntario. La comunidad Pykasu, del pueblo Guaraní Ñandéva, está asentada en Mariscal Estigarribia, dentro del área de amortiguamiento del parque. Tiene entre treinta y ocho mil y cuarenta y ocho mil hectáreas tituladas

Su líder Isabelino Bogado cuenta que en 2011 intentaron desalojarlos, que entraron al Médanos e hicieron desastre con topadoras, que por la madrugada llegaron agentes de la Fiscalía, pero que lucharon contra eso y desestimaron la licencia ambiental.

“Si nosotros no hacemos nada, ellos (las empresas exploradoras) van a hacer lo que quieren. Pedimos a los compatriotas que nos acompañen en la lucha y que el Estado nos escuche y respete la ley vigente”, exclama.

Nota de redacción: La foto, la de un guanaco y el ecosistema alrededor, fue extraída del documento que sobre este asunto preparó la WWF.