Yacyretá: los complejos problemas de la hidroeléctrica en manos de un Consejo de Administración copado por políticos colorados

La destitución de Ángel Recalde deja la administración de la EBY en manos de dos médicos, un agrónomo, un veterinario y un abogado.

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) es una institución compleja, cargada de desafíos administrativos en materia de ingeniería, hidrología, finanzas, medioambiente y asuntos sociales. Desafíos que deben ser abordados por personas altamente preparadas técnica y profesionalmente.

Pero, obviando estas difíciles responsabilidades que deben ser asumidas por expertos en las distintas áreas de la hidroeléctrica, el vicepresidente Pedro Alliana, en ausencia del presidente Santiago Peña, nombró el viernes pasado como miembro del Consejo de Administración de la EBY a Miguel María Olmedo Leites, un dirigente de base de la ANR en el departamento de Cordillera, previa destitución de Ángel María Recalde, expresidente de la ANDE y reconocido experto en energía eléctrica.

Fuentes cercanas a Yacyretá y presidencia de la República confirmaron que la hidroeléctrica es un cupo de poder del vicepresidente, una institución que maneja según sus intereses políticos dentro de la ANR. Y Olmedo Leites es su operador en la estructura partidaria colorada en el departamento de Cordillera. El diputado abdista Mauricio Espínola dijo esta mañana, en entrevista con radio ABC Cardinal, que Alliana nombró a Olmedo en Yacyretá ante su inminente paso al movimiento liderado por el expresidente Mario Abdo Benítez.

Para el ingeniero Pedro Ferreira, también expresidente de la ANDE, con la salida de Recalde, la administración de la binacional queda a cargo de miembros que “desconocen los complejos problemas de la hidroeléctrica, lo que les imposibilita dar soluciones institucionales a esos problemas”.

El nombramiento de Olmedo Leites cae en medio de la discusión sobre un acuerdo operativo con Argentina para aumentar la tarifa que pagan los dos países dueños de la hidroeléctrica por la energía eléctrica, y de la falta de recursos para las obras de maquinización del Aña Cuá, parada desde enero de 2024, en cuyas obras ya se invirtieron más de USD 200 millones, pero todavía se necesitan más de USD 400 millones.

A este problema financiero se suma la objeción de Paraguay a la deuda que tendría con la EBY por la inversión financiera que realizó la Argentina en la construcción de la represa; no acepta los términos de esa deuda porque la construcción de la usina fue un aporte del Estado argentino, razón por la cual –señala- es erróneo exigir el pago de moras, intereses y otras imposiciones obligatorias.

Asimismo, la EBY debe al Estado paraguayo 15 años de aporte por sus territorios inundados a causa de la construcción de la represa. El último pago que la EBY realizó a Paraguay por este concepto fue el 27 de junio de 2008 por un valor de USD 2.900.000. Además, continúan los compromisos financieros pendientes por generación de energía con Paraguay, que, según informó el actual presidente de la EBY lado paraguayo, Luis Benítez, suman USD 50 millones.

Estos puntos y muchos otros asuntos administrativos de la EBY deben ser abordados por un Consejo de Administración que, hoy, fue copado por políticos colorados sin formación ni competencia.

Abajo te describimos un breve perfil de los cinco miembros del Consejo de la EBY lado paraguayo, nombrados por el Poder Ejecutivo presidido por Peña.

Miguel María Olmedo Leites. Médico. Dirigente de la seccional colorada de Santa Helena, departamento de Cordillera. Fue funcionario de Yacyretá y de la Fiscalía General. Había sido cesado como viceministro de Atención Integral de la Salud, en abril del año pasado, por el mismo Peña, por promover abiertamente la ocupación de cargos en el Ministerio de Salud Pública para dirigentes de base colorados.

Michel Patricio Flores Fernández. Veterinario. Pesa sobre él dos reportes de posible perjuicio patrimonial elaborado por la Contraloría General de la República (CGR) cuando se desempeñaba como intendente de Villa Florida, entre el 2015 y 2021, por un monto de 95.522.067 guaraníes.

Germán Alfredo Gneiting Dichtiar. Ingeniero agrónomo. Político colorado de larga trayectoria en el departamento de Itapúa. Fue hermano del fallecido dirigente colorado Luis Gneiting. Exintendente del municipio de Carmen del Paraná.

Julio César Velázquez. Médico. Dirigente colorado de Fernando de la Mora. Fue senador. Fue consejero de IPS durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, en noviembre del 2018. En la batalla de la enmienda del 2017 fue una pieza política de Horacio Cartes.

Martín Arévalo. Abogado. Consejero nombra do por Cancillería. Exconcejal municipal de Asunción por muchos años. A mediados de setiembre del 2021, Julio Fernández, entonces titular de Aduanas, denunció ante el Ministerio Público al entonces senador Arévalo por tráfico de influencias. El legislador supuestamente había pedido que Miguel Ángel Medina y Luis Pereira, ambos funcionarios de Aduanas, pasen a ocupar direcciones. Fernández también lo acusó de haber intermediado para liberar un cargamento de artículos electrónicos decomisados. El valor total del cargamento rondaba los USD 3 millones y pertenece al ciudadano árabe Ahmad Khalil Chams.