La encrucijada de las pérdidas eléctricas: Grandes consumidores, resistencia al cambio y un importante despilfarro

La ANDE pierde al año US$ 341 millones por hurto de energía eléctrica en el sector residencial, comercial e industrial. El monto asciende al salario de 800 mil personas. Cuáles son las formas más comunes de robo y qué hace la ANDE para recuperar ese dinero.  Qué deja de hacer. Y la disputa de fondo: la fiscalización. Acá, el resultado de la investigación documental de la periodista María Belén Galeano Cristaldo.

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) advierte que las pérdidas del sistema eléctrico tienen dos orígenes: las inevitables técnicas (calentamiento de conductores, transformadores, etc.) y las no técnicas (fraudes o errores comerciales). Su Plan Maestro 2025–2034 las define como “fraudes y robos de energía” detectables mediante campañas de control.

En los sistemas de energía eléctrica, las pérdidas de energía no se ven: la ANDE denomina “pérdidas técnicas” a la energía disipada en forma de calor debido a la resistencia de los materiales conductores, transformadores y equipos de transmisión. Sí, es mitigable controlando, por ejemplo, las altas temperaturas del ambiente o utilizando materiales de calidad para la transmisión, pero siempre será inherente al sistema.

Pero existen otros tipos de pérdidas que sí son evitables.

Estas se esconden en la brecha entre lo que se consume y lo que se paga. Una brecha que, según datos de la ANDE, representa cada año cientos de millones de dólares en energía que el sistema produce, distribuye, pero nunca factura. Se trata de las pérdidas “no técnicas”, “comerciales” o “pérdidas en distribución”, que existen porque existe el hurto de energía del sistema eléctrico.

El hurto eléctrico golpea duramente las finanzas de ANDE. Los US$ 341 millones perdidos en 2024 equivalen a Gs. 2,3 billones (a ~6.800 Gs/USD). Para dimensionar, esto equivale a unos 800.000 salarios mínimos de un paraguayo (mínimo Gs.2.899.048 en julio 2025).

Durante años, el relato dominante ha apuntado hacia los márgenes: conexiones precarias en barrios periféricos, viviendas enganchadas informalmente a la red. En fin, el rostro visible del “hurto eléctrico”.

Sin embargo, puertas adentro del sistema —y en documentos técnicos, operativos y judiciales— comienza a delinearse otra escena: la de los grandes consumidores. Industrias, comercios de alto consumo y operaciones intensivas como las criptomineras, legales e ilegales, que concentran enormes volúmenes de demanda energética y, al mismo tiempo, aparecen cada vez con más frecuencia en procesos de intervención, regularización o litigio.

En ese punto se instala una tensión que hoy atraviesa a la ANDE. Por un lado, la necesidad urgente de reducir pérdidas no técnicas —es decir, el fraude eléctrico— en un sistema cuya demanda crece aceleradamente. Por otro, un modelo de fiscalización cuestionado, basado en inspecciones presenciales donde la decisión final recae en funcionarios con amplio margen de discrecionalidad.

Sobre la tercerización del control

La respuesta institucional ha sido avanzar hacia un nuevo esquema: la licitación de los servicios de control comercial, conocida como HHP5, que propone incorporar empresas privadas para fiscalizar el sistema con mecanismos más estrictos de trazabilidad —desde cámaras corporales hasta actas notariales—.

Pero no todos están de acuerdo. El principal foco de resistencia proviene del sindicato de trabajadores de la ANDE, uno de los gremios más influyentes del sector público paraguayo. Desde allí se denuncia que el proceso de licitación podría encubrir intereses políticos o económicos. Desde el otro lado, voces críticas sostienen que la oposición responde, en realidad, a la pérdida de control sobre un sistema donde —según testimonios recogidos para esta investigación— las irregularidades no siempre se combaten, sino que en algunos casos se negocian.

Entre la energía que se pierde y la que se disputa, lo que está en juego no es solo la eficiencia de una empresa estatal. Es la transparencia de todo un sistema.

Las formas de robar

ANDE distingue varias maneras en las que pobladores, empresas e industrias hurtan energía al sistema eléctrico del país.

• Conexiones directas sin medidor: Enganches clandestinos a la red pública sin registro oficial. Inspectores de ANDE reportan haber hallado suministros “irregulares por conexiones directas, sin medidor” en múltiples barrios.
• Manipulación de medidores: Alterar los equipos de medición para que contabilicen menos consumo. Un caso reciente en Hernandarias detectó la “manipulación del conjunto de medición en lado primario” de una criptominería, con cargas del orden de 1.600 kVA, causando G.732.880.518 de daño patrimonial.
• Derivaciones clandestinas (“puentes”): Toma de energía antes del medidor con cables ocultos. Por ejemplo, ANDE intervino un caso en Caazapá donde se conectaron cuatro conductores de 10 mm² antes de un transformador de 100 kVA, lo que generó casi G.21 millones de multa
• Reconexiones ilegales: Restaurar el servicio tras un corte sin autorización. Aunque menos documentadas en prensa, completan el repertorio de fraudes contra la empresa.

Celebración en informes, pero ¿realmente bajan las pérdidas?

La ANDE suele celebrar “logros” como la caída en el porcentaje de pérdidas (de 28,5% en 2023 a 24,5% en 2025 a nivel total). Sin embargo, esto puede ser una ilusión si crece mucho la demanda.

¿Cómo es eso?

Año a año, nuevos hogares, nuevas empresas, y nuevas criptomineras exigen mayor energía al sistema de energía. En efecto, ANDE informó que la demanda eléctrica subió 13,1% en enero-febrero de 2026 respecto al mismo período de 2025. Mientras el aumento de la demanda crece más de 10 puntos porcentuales año a año, las últimas disminuciones de pérdida fueron el 0,8 al 1%.

¿Ya cachaste el maquillaje?

Esto significa que cada 1% de mejora en la tasa de pérdidas debe repartirse ahora sobre ~13% más de energía entregada. En la realidad, se trata de un descenso porcentual en mejora de pérdidas.

Como señala un informe independiente, las pérdidas totales estaban en 26,5% para 2024 y desde 2021 se han incrementado las pérdidas no técnicas a raíz del auge de la criptominería clandestina. Por ello, la ANDE no siempre lo dice, pero llegó a admitir que la clave está en comparar las pérdidas con la demanda creciente, no solo celebrar la reducción de indicadores proporcionales.

Grandes consumidores, grandes hurtos

Ahora, entendemos que más del 60% de pérdidas son no técnicas. Es decir, evitables. Pero lo que la ANDE no desglosa públicamente es cuánto aportan a las pérdidas los grandes consumidores (industrias, sanatorios y otras empresas, o criptomineras) frente a los consumidores residenciales.

El propio plan de gestión resalta mecanismos para “detectar grandes consumidores de energía no registrados” mediante algoritmos y reconectores telecomandados. Tanto esto, como afirmaciones desde el sector eléctrico, reconocen que la relación entre grandes infraestructuras, grandes pérdidas y grandes coimas, es lógica, y no es coincidencia que la estatal haya focalizado esfuerzos en usuarios de alto consumo.

La siguiente tabla resume los valores de demanda (energía entregada al mercado), pérdidas absolutas y porcentaje de pérdidas. Los datos provienen de las memorias oficiales de ANDE (o su compendio estadístico) y reportes periodísticos basados en ellas

Nótese que en 2022–2024 la demanda creció fuertemente, al mismo tiempo que las pérdidas absolutas siguieron siendo elevadas.

Fuentes: Los valores de 2022 provienen de la Memoria 2022; los de 2023 y 2024 se tomaron de los informes de prensa basados en las memorias. La pérdida % anual se calculó como pérdidas divididas por energía entregada. Para 2025 solo se dispone del anuncio de índices (24,5% total) en prensa.

La tabla muestra que, aunque el porcentaje de pérdidas disminuyó del 28,5% en 2023 al 26,5% en 2024, la energía sin facturar aumentó en valor absoluto debido al alza de la demanda. En dinero, ANDE pasó de perder ~US$319 millones en 2023 a ~US$341 millones en 2024. Este simple cruce de datos ilustra que los puntos porcentuales “ahorrados” en pérdidas se vuelven irrelevantes frente al aumento de la energía entregada.

Las criptomineras: un punto especial

Un claro ejemplo de grandes consumidores que comenten importante hurto son las criptomineras (tanto legales como ilegales): entre 2024 y 2025 se intervinieron una treintena de granjas ilegales de criptomonedas con unos 90 MW instalados, lo cual evitó pérdidas de unos Gs. 18.690 millones al mes. De hecho, en 2024 el potencial de las criptomineras ilegales rondaba los 100 MW.

Estas cifras son comparables con la producción de grandes usinas y confirman que las grandes demandas pueden acarrear enormes hurtos de energía. Por otro lado, el listado interno de “empresas judicializadas” por robo eléctrico, al que accedió este reportaje, incluye nombres de hospitales privados (como Sanatorio La Costa) y fábricas industriales, con montos millonarios en juego. Esto desmiente la narrativa de que el fraude es exclusivo o propio de asentamientos y barrios de bajos recursos, sino que apunta por sobre todo a grandes consumidores con mayor capacidad económica (y, según denuncias internas, posibilidad de sobornos).

Captura de base de datos de empresas/personas que hurtaron energía eléctrica al sistema.Fuente: ANDE (Portal de acceso a la información pública).

¿Cómo detener la rueda?: hacia nuevas estrategias de fiscalización (licitación HHP5). 

Ante este panorama, ANDE concluye que debe cambiar su modelo de control. Tradicionalmente, sus propios fiscalizadores ingresaban a propiedades para cortar servicios e imponer multas, un esquema susceptible a negociaciones informales (sí, coimas) que se volvió insostenible.

Para romperlo, la estatal lanzó un mecanismo de contratación con privados. Por ejemplo, la licitación HHP5 (2025) busca outsourcing de tareas de regularización de suministros. Su pliego oficial anuncia: “Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP5) para la Regularización de Suministros y Adecuación de Sitios para Medidores”.

La idea es que empresas especializadas realicen las inspecciones bajo protocolos estrictos (uso de bodycams, actas notariales, seguimiento digital, etc.), sujetos a auditoría externa. Al tercerizar la fiscalización y documentar cada paso, ANDE espera cerrar las brechas de discrecionalidad y reducir al mínimo las oportunidades de soborno. Como dice el plan oficial, solo así se garantizarían operativos imparciales y un control real de las pérdidas no técnicas.

Sin embargo, el Sitrande (Sindicato de Trabajadores de la ANDE) se opone rotundamente. Este rechazo a la licitación HHP5 no puede leerse únicamente como una defensa corporativa frente a la tercerización. En el fondo, lo que está en disputa es el control del proceso más sensible del sistema eléctrico: la fiscalización. Allí donde hoy existen márgenes de discrecionalidad —decidir cuándo intervenir, cómo documentar, qué sancionar y qué omitir—, la introducción de actores externos con protocolos más rígidos amenaza con cerrar espacios históricamente opacos.

Para el gremio, esto implica pérdida de poder operativo y de autonomía. Para la ANDE es una apuesta por recuperar credibilidad en un sistema atravesado por sospechas. En ese cruce, la oposición a HHP5 revela algo más profundo que una puja laboral: expone las tensiones entre transparencia y control interno, entre institucionalidad y prácticas arraigadas que, durante años, han convivido con las pérdidas que hoy se intentan reducir.

Mientras tanto, la disputa sigue. Pero más allá de esa pulseada, hay una constante que no cambia: el costo de las pérdidas no desaparece, se redistribuye entre los que sí pagan, los que no negocian, los que no tienen margen, quienes terminan absorbiendo, en sus tarifas y en la calidad del servicio, el peso de la asimetría.

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(*) María Belén Galeano: Periodista independiente y comunicadora social graduada de la Facultad de Filosofía UNA. Escribe sobre ciencia, medio ambiente, salud y resiliencia climática. Colaboradora para medios independientes como Ciencia del Sur, Consenso y El otro país. Actualmente cursa la maestría en ciencias sociales de FLACSO y está becada para la iniciativa Open Climate Reporting Journalism de The Centre for Investigative Journalism

Fuentes: Datos oficiales de ANDE (Memorias 2024/2025, plan maestro), reportes de prensa especializada (ABC, Hoy, Última Hora, La Nación), cálculos propios de montos en Gs según cotización, precio promedio de energía (Gs 500) por KWH, y salario mínimo vigente.

*ANDE no publica abiertamente los índices de pérdidas comerciales por zona metropolitana o departamental. No obstante, informes internos señalan que los mayores impactos se concentran en las zonas de mayor densidad de consumo eléctrico y actividad económica. En general, los departamentos del Este y Centro del país (sobre todo Alto Paraná, Itapúa, Central) figuran como críticos, junto con San Pedro y Caaguazú. Estos corresponden aproximadamente a las áreas Este y Metropolitana/Central del país, que albergan los principales puntos de pérdida. No se hallaron datos desagregados oficiales de porcentajes por zona, ni del conteo de conexiones irregulares ni del monto no facturado por región.

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