La última vez que los mandatarios de Paraguay y Brasil mantuvieron un encuentro directo para dialogar sobre la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú fue el 22 de marzo de 2026, fecha en que se reunieron en Brasil.
Previamente, el 19 de marzo de 2026, los cancilleres de ambos países, Rubén Ramírez Lezcano (Paraguay) y Mauro Vieira (Brasil), se reunieron en Asunción para avanzar en las mesas técnicas de esta negociación desarrolladas en Brasilia.
Pero la espera paraguaya ya comenzó desde el 2023, fecha en la que se terminó de pagar la denominada deuda espúrea, al cumplirse los 50 años de la firma del tratado.
Es una espera de más de tres años para que se definan las negociaciones y, por fin, que la tarifa para la venta de la energía a la ANDE se establezca en base a los costos operativos, que debería rondar los USD 10 dólares el KW/mes, y que Paraguay pueda vender a quien quiera el excedente de energía que le corresponde y que no usa para el país.
Aunque esta línea, apreciada por la mayoría de los expertos, no es la que sostiene el actual gobierno de Santiago Peña, el cual quiere seguir atando la tarifa a nuevas financiaciones, entre ellas, la planta fotovoltaica flotante en el embalse del lado paraguayo.
Con la definición de las elecciones en Brasil el domingo pasado, en la que Lula Da Silva fue reelecto, “se espera que (la reanudación de las negociaciones) sea más rápido porque se mantendría al menos gran parte del equipo negociador de parte de Brasil”, dijo Victorio Oxilia a El Prisma.
Oxilia explicó que, generalmente, los cambios de negociadores tienden a darse en los del primer escalón, tal vez en algunos del segundo escalón. “Pero los técnicos principales, que mantienen la historia de las negociaciones por el lado brasileño, es casi seguro que permanecerán en sus puestos o hasta pueden ser promovidos”.
La que debería tomar la iniciativa para la retomar las renegociaciones debería ser la parte paraguaya. Así como ahora está el Anexo C del tratado conviene a Brasil y hace perder energía y recursos financieros a Paraguay.
En un principio, al gobierno de Santiago Peña no se le veía muy apurado, ya que su gobierno viene recibiendo anualmente USD 700 millones en concepto de “Gastos Socioambientales”. Sin embargo, se acerca la fecha de vencimiento del acuerdo de abril de 2024. Este dinero lo recibirá hasta el 31 diciembre de 2026.
Al respecto, ayer lunes, en horas de la mañana, Peña dijo a los medios de comunicación locales que la continuidad de las autoridades brasileñas electas, con Lula a la cabeza, “facilitará el diálogo en las negociaciones pendientes”.
Reiteró su deseo de que se tenga un nuevo contenido del Anexo C del tratado antes de que termine este 2026.
Pero pocos creen que las negociaciones terminen este año, a solo dos meses de su término. “Con seguridad -opina Oxilia- las negociaciones comenzarán en enero de 2027”, un vaticinio que según el ingeniero Pedro Ferreira, expresidente de la ANDE, no se cumplirá, porque la estrategia del gobierno de Peña es dilatar el reinicio de las mesas de conversaciones para alcanzar un acuerdo.