En el año ya se desmantelaron más de 30 criptomineras

Estas se sumaban a las 72 inscriptas en la Administración de Electricidad (ANDE). En promedio, cada granja criptominera usa alrededor de la misma cantidad de electricidad que un barrio. Las ilegales aprovechan una baja penalidad para chuparse la energía “paraguaya” y las legales, el bajo costo de energía, las exoneraciones y el bajo nivel de impuestos en Paraguay.

Las granjas criptomineras son unidades de uso intensivo que, en el caso de las ilegales, generan gran inestabilidad en el servicio de energía en las comunidades.

La última intervención contra una granja criptominera se produjo el miércoles pasado, en una granja real, ubicada en San Solano, una compañía de San Pedro del Paraná, Itapúa. Una granja de gallinas, chanchos y otros animales, en unas tres hectáreas.

Es la primera vez que ocurre esto, nos comenta el fiscal Rolando Ortega. Generalmente, las instalaciones criptomineras se establecen en grandes contenedores. Otro detalle significativo de esta incautación de equipos: el transformador de 100 KVA fue instalado por personal de la ANDE, razón por la cual no lo pudieron desmantelar.

Las “granjas” criptomineras usan computadoras para producir criptomonedas como el Bitcoin. El ingeniero Hugo Rolón, encargado de las intervenciones de la ANDE, nos informa que entre las 30 granjas intervenidas usaban un promedio de 2.000 equipos informáticos, equivalente al uso de una población en diez manzanas.

El procedimiento

¿Cómo descubren granjas ilegales?

El ingeniero Rolón nos cuenta que el sistema de verificación aleatorio, por descargas grandes, fluctuaciones de tensión, saltos de fusibles de protección, suele detectar la existencia de uso intensivo de electricidad no previsto.

“Viene de nuestro sistema de análisis de inteligencia, sofware de inteligencia, Inteligencia Artificial, también tenemos las denuncias”, explica a El Prisma el ingeniero a cargo de estas intervenciones.

Inestabilidad

A las inestabilidades constantes por tormentas y olas de calor, el uso intensivo de energía eléctrica de las granjas ilegales provoca pestañeos y apagones que terminan averiando o destruyendo electrodomésticos en las comunidades, o quedan fuera de servicio de ANDE.

La baja penalidad

Para el agente fiscal no caben dudas de que el responsable de la última granja criptominera intervenida es el dueño de la propiedad, Jorge Amado Sanabria. Como la criptominería no está regulada en el país, solo se puede aplicar artículo 173, del Código Penal, de sustracción de energía. Por este hecho, el código establece una pena privativa de hasta tres años de cárcel, la cual se puede canjear por otras medidas de restricciones y multas.

Según el último informe de la Ande, unas 72 empresas dedicadas a la minería de criptomonedas se encuentran operando actualmente de forma legal en nuestro país. Las mismas representan un total de 391 MW de potencia contratada.