La minería en Paraguay ante su hora clave: un nuevo Código Minero para destrabar millonarias inversiones

Ante el interés cada vez mayor, principalmente de las empresas norteamericanas y aliadas, el Poder Ejecutivo avanza en la reforma del Código Minero para agilizar permisos y atraer inversiones en minerales estratégicos.

La visita del subsecretario de Estado del gobierno norteamericano, Christopher Landau, reforzó la mirada sobre los minerales en Paraguay. En aquella ocasión, Landau entregó al gobierno de Santiago Peña el borrador del “Acuerdo 123”: un acuerdo de “cooperación de nuclear civil”.

Este documento sirve como punto de partida legal (bajo la Ley de Energía Atómica de EE. UU.) para que en el futuro las empresas norteamericanas puedan transferir legalmente componentes y tecnología nuclear de uso civil a Paraguay.

En coincidencia, se anunciaba una inversión privada en uranio, Uranium Energy Corp (UEC), de USD 12 millones destinados a reactivar la exploración en sus concesiones de uranio.

En ese mismo tiempo, también se anunciaba formalmente el contrato de la ANDE con una empresa norteamerica de uso de energía eléctrica para centro de datos, Inteligencia Artificial.

Estas medidas han removido el interés del gobierno actual de apurar un código minero, por un lado, y de establecer una tarifa definitiva para empresas electrointensivas, luego de derogarse aquellos polémicos decretos presidenciales que ofertaban la energía a un valor “subsidiado” (término acuñado por varios dirigentes del sector eléctrico) a empresas como Atome.

El impulso estratégico: minerales críticos y potencial geológico

En cuanto a la minería, estudios recientes confirmaron un potencial de recursos minerales estratégicos en Paraguay, como el uranio, el titanio, el oro, el litio y las denominadas tierras raras (grupo de 17 elementos químicos metálicos esenciales para la tecnología moderna y la transición energética).

En la actualidad, la actividad de extracción minerales subterráneos y a cielo abierto tiene su epicentro en los yacimientos de oro de Paso Yobái, en el departamento de Guairá.

Sin embargo, el interés internacional por diversificar las cadenas de suministro globales ha puesto los reflectores sobre otros puntos del territorio, como las reservas certificadas de uranio en Yuty (Caazapá) y los masivos depósitos de titanio en Alto Paraná.

El Poder Ejecutivo, principalmente a través del viceministerio de Minas y Energía, lidera un proceso de modernización institucional. El viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, explicó a El prisma que el principal objetivo de la gestión estatal es otorgar agilidad, previsibilidad y seguridad jurídica a los capitales extranjeros.

“Estamos ultimando los detalles para la reformulación completa del Código Minero”, señaló Bejarano, y detalló que buscan optimizar los plazos burocráticos: “Las leyes vigentes pueden hacer que los trámites lleven hasta el 50% del tiempo de un proyecto. Queremos normativas mucho más rápidas y eficientes, para que el tiempo de concesión estimado se reduzca, pero haciendo bien las cosas”.

Estos cambios normativos coinciden con un cambio institucional: la integración del viceministerio de Minas y Energía bajo la estructura del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), sentando las bases para la creación de una cartera con mayor fuerza regulatoria.

“Pero con el proyecto de ley de creación del Ministerio de Energía e Hidrocarburos, en el que trabaja el propio presidente de la República, quizá este ministerio, cuando exista, se haga cargo de la cuestión”, explicó Bejarano.

Sector privado: la exploración geológica será un verdedero motor de la economía

Por el lado del sector privado, los gremios de empresas del sector minero ven positivamente las reformas.

Víctor Fernández, presidente de la Cámara Paraguaya de Minería (Capami), remarcó días atrás a los medios de comunicación la importancia de destrabar la fase inicial de la actividad, la habilitación de permiso para exploración.

“El impulso a la exploración geológica en todo el territorio nacional es el verdadero motor para descubrir nuevos recursos y dinamizar la economía. Sin exploración no hay datos certeros, y sin datos no hay inversiones de gran escala”, había dicho.

El empresario minero destacó que la burocracia actual frena la llegada de capitales, que estima en un flujo potencial de más de 2.000 millones de dólares en la próxima década, pero si las reglas son claras y oportunas.

El dilema institucional: velocidad económica y rigor ambiental

Paralelo a las reformas legales, la cuestión ambiental ocupa un lugar central en la agenda pública de la sociedad civil. Proyectos legislativos que plantean abrir zonas de la Región Occidental (Chaco)—como las cercanías del Parque Nacional Médanos del Chaco—a la prospección de hidrocarburos y minerales críticos, generaron preocupación en sectores conservacionistas e indígenas.

Ante esto, las autoridades insisten en que el control del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) será riguroso y restrictivo, bajo estándares internacionales de sostenibilidad.

Pese que los cambios que se anunciaron son muy lentos, lo que intenta el Estado es equilibrar la velocidad burocrática y el rigor ambiental para transformar sus recursos subterráneos en una importante fuente de ingresos.