Está en marcha la privatización de las primeras plantas nucleares de Sudamérica

La energía nuclear fue durante décadas un símbolo de desarrollo tecnológico estatal en Argentina. Hasta el gobierno de Milei la ola privatizadora no le había alcanzado. La energía nuclear cubre hasta 10% de la electricidad consumida en el vecino país.

El 31 de mayo de 1950, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, se creaba la Comisión Nacional de Energía Atómica, la CNEA. Se consituía así en la primera gestión gubernamental en esa área en toda la región del Sur.

De todas las olas privatizadoras que se dieron en la Argentina, la generación de energía eléctrica y otros productos de alta tecnología a través de las plantas nucleares no había entrado en discusión.

Pero he aqui que el gobierno de Javier Milei aprovechó los 76 años de aquel hito fundacional para presentar un documento que cambia de raíz la forma en que el actual gobierno piensa su política nuclear: el Plan Nuclear Argentina 2026.

Por primera vez en toda la historia nuclear argentina el Estado dejaría de ser el operador principal para, gradualmente, sufragar un rol de regulador y garante.

La idea es convocar al sector privado, nacional y extranjero, para que invierta y desarrolle la industria.

El objetivo que esgrime el gobierno es capitalizar las empresas para exportar tecnología, combustible e insumos de alto valor agregado para traer divisas al país.

Los primeros pasos

Las empresas Saesa y Spark propusieron invertir USD 120 millones para reactivar la Planta Industrial de Agua Pesada de Neuquén, parada desde 2017. El plan oficial calcula que esa planta podría generar exportaciones por USD 80 millones de dólares al año.

También hay interés de firmas estadounidenses por participar en el sector nuclear argentino. A eso se suma la creación de YPF Nuclear, una subsidiaria de YPF que tendrá como misión minar uranio en la provincia de Chubut para abastecer la energía del futuro. El propio gobernador Ignacio Torres ya mencionó a Chubut como la sede más probable de esa operación.

La otra pata del plan es la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal que opera las centrales. El Gobierno avanza con la venta de hasta el 45% del paquete accionario.

El argumento oficial es que se necesitan fondos privados para financiar obras clave, como la extensión de vida de Atucha I, que debería volver a operar en 2027, y la construcción de los nuevos reactores modulares pequeños, los SMR tipo ACR-300 de 300 megavatios que se proyectan en el predio de Atucha.

De superávit a bajón

La situación financiera de las empresas estatales es el argumento y el telón de fondo de todo el proceso, aunque Nucleoeléctrica Argentina venía siendo una de las empresas públicas superavitarias. En 2024 cerró con un superávit de 176.602 millones de pesos y fue, según la Secretaría de Hacienda, la que más aportó al resultado positivo del conjunto de empresas estatales. Pero el panorama cambió en 2025.

Salarios y despidos

En este contexto de privatización, el salario de los operarios o se redujeron o se congelaron. Además, recientemente se produjo el despido de más de doscientos trabajadores, entre estos, de operarios muy calificados.

Según el historiador Mariano Saravia, las medidas de congelar salarios, despedir gente calificada tienen por objetivo bajar la capacidad productiva de las empresas, generar quejas por los servicios y justificar con ello una privatización más rápida y más profunda. Y también la tecerizaciondd varios servicios

La privatización “nuclear” parte de un plan de reformas del Estado. Los primeros decretos ya habían habilitado la venta o concesión de empresas públicas como Aerolíneas Argentinas, YPF en segmentos no estratégicos, Correo Argentino y los ferrocarriles.

Parecida ola privatizara ya se había producido durante el gobierno de Carlos Menem, pero ni aun en ese periodo se pensó en las centrales nucleares. Luego, durante el gobierno de Nestor Kirshner se habían re esta tizado.

Qué activos entran en juego

Argentina cuenta con tres centrales nucleares operativas: Atucha I, Atucha II y Embalse. Todas están bajo la órbita de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), una empresa con mayoría accionaria estatal. También está el proyecto CAREM, el primer reactor modular de diseño nacional, y el desarrollo de Atucha III con financiamiento chino. El plan oficial contempla abrir el capital de NA-SA al sector privado, primero mediante la venta de un porcentaje minoritario y luego con esquemas de concesión de la operación y mantenimiento.

Qué implica para el sector

La privatización parcial abriría la puerta a nuevos contratos de suministro de uranio, servicios de ingeniería y tecnología. También podría acelerar la terminación de Atucha III y darle impulso al CAREM como producto de exportación. Los gremios del sector, sin embargo, advierten sobre riesgos en la pérdida de soberanía tecnológica y en la estabilidad laboral de los planteles altamente especializados.

Electricidad y algo más

La actividad nuclear argentina no es solo electricidad. El país es uno de los pocos en el mundo que domina el ciclo de combustible completo. Eso incluye la fabricación de agua pesada en la planta de Neuquén, clave para los reactores tipo CANDU. Incluye también la producción de elementos combustibles en CONUAR y FAE, tanto para las centrales locales como para exportación. La CNEA produce además radioisótopos que se usan en medicina nuclear para diagnóstico y tratamiento de cáncer, y abastece a hospitales de todo el país.