La Corte podría obligar a Itaipú y Yacyretá a transparentar el uso de sus multimillonarios recursos

Un amparo constitucional pendiente de resolución desde el 2022 puede abrir las puertas financieras y económicas de las entidades binacionales para que fluyan como información pública.

“…Habíamos presentamos en su momento el amparo constitucional ante la Corte Suprema de Justicia para que esta obligue a Itaipú a que nos informe sobre los millonarios contratos que adjudicó a abogados externos, pese a que cuenta con un frondoso y permanente equipo jurídico…”, dijo la exsenadora Katya González, aludiendo a la causa judicial que está pendiente en los archivos de la Corte desde enero de 2022, la que había abierto con su ex colega, el también exdiputado Édgar Acosta.

González volvió ayer, tres años después, a la carga con un pedido de urgimiento a la Corte para que resuelva aquel amparo constitucional.

De resolver favorablemente que los dos accionantes deben recibir de Itaipú la información sobre los contratos otorgados a los letrados entre agosto de 2018 y diciembre de 2021, esta decisión dejará un precedente jurídico que serviría para que todos los actos relacionados al uso de los recursos de las entidades binacionales sean informados a la opinión pública y a los entes y organismos competentes en materia de fiscalización y auditoría del uso de los bienes y fondos públicos.

En el documento de urgimiento que presentó ayer ante la Corte, González recordó el caso citado y enfatizó que había presentado el amparo a raíz de que la Itaipú incumplió la obligación legal establecida en el artículo 2 de la Ley 5282, de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental, una ley vigente desde el 2014.

Esta ley incluye expresamente a las entidades binacionales que sean co-propiedad del Estado paraguayo como instituciones que están obligadas a dar información pública a las personas que la soliciten.

Las sucesivas autoridades de las entidades Itaipú y Yacyretá y los gobiernos de turno, la mayoría colorados, vienen repitiendo el mismo argumento hace más de 15 años, a saber:

1- Las entidades binacionales están respaldadas por tratados internacionales. Dentro de la Constitución Nacional, en el artículo 137 (de la supremacía de las leyes), un Tratado está por encima de una ley nacional.

2- Las binacionales no reciben recursos públicos, no presentan su presupuesto al Congreso Nacional para su aprobación, porque las mismas cuentan con autonomía financiera.

3- Las binacionales se manejan con un régimen propio, y el camino correcto para dar información pública sería a través de una nota reversal acordada por los gobiernos de Paraguay y Brasil, es decir un consentimiento expreso para ello.

4-Los empleados de las entidades no son funcionarios públicos porque no se rigen por la Ley 1626, de la Función Pública.

Estos cuatro argumentos habían sido expuestos, en julio del 2014, por los representantes jurídicos de Yacyretá e Itaipú, quienes presentaron ante la Corte Suprema una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 5189, que establece la obligatoriedad de la provisión de información en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones.

Con estos mismos argumentos han repelido las intenciones de varios excontralores de la Contraloría General de la República y exdirectores de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas de auditar los fondos de las binacionales, así como la pretensión de la Fiscalía General del Estado de fiscalizarlas.

En contrapartida, los políticos opositores a la ANR, los miembros de organizaciones sociales y varios abogados constitucionalistas recuerdan y sostienen que ninguna ley ni tratado internacional está por encima de la Constitución Nacional.

“Cualquiera sea la naturaleza jurídica de una entidad en territorio paraguayo, y más aún si es propiedad el Estado, debe regirse por la Constitución Nacional paraguaya. Y las entidades Itaipú y Yacyretá no lo están haciendo porque no quieren transparentar el uso que le dan a esos fondos públicos”, explicó el constitucionalista Emilio Camacho.