Si la Corte Suprema la condena, se viene “una catástrofe” para la más antigua empresa de electricidad del país

Fundada en 1955, en Villarrica, la Compañía de Luz y Fuerza S.A. (Clyfsa) juega una partida entre la vida y la muerte. Según su presidente Luis Ocampos, si la Corte Suprema de Justicia le obliga a pagar a la ANDE los más de G. 65.000 millones habrá dejado a la más antigua empresa de electricidad a las puertas de una quiebra y del despido de unos 200 trabajadores.

En 1955, por Ley 287-55, se había concedido, a través de la municipalidad e Villarrica, a la empresa la posibilidad de generar energía eléctrica. En ese tiempo, el país aún no contaba con ninguna de sus entidades hidroeléctricas.

Con unos generadores importados de Alemania, en 1960 las lamparillas eléctricas suplieron a las velas, a las mechas con alcohol y a las lámparas a querosén.

Había llegado “la modernidad” a aquella ciudad que en dicho tiempo era un gran pulmón económico no solo del departamento de Guairá sino de toda la región del tren Carlos A. López.

Ahí, alrededor de la estación, ya estaba instalado el barrio industrial, aprovechándose que de Villarrica salían varios ramales de la desaparecida locomotora.

Ya en 1963, cuando se habilitó la primera represa, la de Acaray, los tendidos empezaron a transmitir energía hidroeléctrica.

La concesión a dicha empresa debía durar 60 años, pero, según el director jurídico de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Nelson Medina, nada dice la ley sobre cómo debía quedar la administración de la energía eléctrica al término del contrato.

En general, de los contratos de concesión a empresas privadas, de no prorrogarse, el servicio pasa a manos del Estado, ya sea central o municipal.

Un vacío legal.

La empresa, desde ese antiguo tiempo, se ha hecho cargo de todo lo necesario para que la luz llegue a las casas, a los comercios y a las industrias. Los tendidos, los transformadores y la propia subestación (fuente de redistribución) fueron inversiones de la citada empresa, cuya presidencia recae en la actualidad en el ingeniero Luis Ocampos.

Nos cuenta Ocampos que la entidad tiene 18.000 usuarios, entre residencias, comercios e industrias. Aún la gobernación, la Policía y las demás entidades públicas afincadas en Villarrica dependen del servicio de Clyfsa.

Pero he aquí que, en el 2017, la ANDE, la encargada de trasmitir toda la energía producida por las tres hidroeléctricas, le aplica a Clyfsa una tarifa como una usuaria, aunque a menor costo que la tarifa residencial.

“Se lo considera un usuario más”, asiente el director jurídico al sostener que no existe en la carta orgánica de la ANDE una categoría de distribuidor.

Pero esta aplicación tarifaria significaba entonces “un aumento del 94 por ciento”, según Luis Ocampos, “imposible de cubrir con la tarifa de consumo a los usuarios”.

“Nosotros no podíamos trasladar ese aumento a los usuarios. Entonces, si pagábamos, en uno dos meses nos fundíamos”, asegura.

Así que recurrieron a un amparo judicial en Villarrica. Un amparo con el que estuvieron resguardándose legalmente para seguir operando en el mercado energético.

“Nosotros somos distribuidores”, repite Ocampos. “Distribuimos energía a toda una ciudad. No nos pueden tomar como un usuario más”, reclama.

En su defensa, ubican el contrato que en 1973 suscribieron con la ANDE.

La condena

El 5 de marzo pasado, el tribunal de apelación en lo civil, primera sala de la Capital, condenó a Clyfsa a pagar G. 65.061.597.943, más intereses de dos por ciento mensuales. Pero esto es solo de 2017-2021. Luego deberían pagar otro tanto por lo que resta, dictamina Medina

Así las cosas, Clyfsa apeló también ante la sala civil, y aun ante la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Si la Corte confirma, sería “una catástrofe (para la empresa). No me quiero ni imaginar. No”, exclama Ocampos.

En fin, la Compañía de Luz y Fuerza SA (Clyfsa) se ratifica en que el incremento tarifario que la ANDE pretende aplicar y cobrar a la firma guaireña “es desproporcional y vulnera disposiciones contractuales”.

Sostiene que fue recategorizada de forma arbitraria como consumidor en alta tensión, “cuando su rol histórico y operativo es el de distribuidora de energía”.

“La tarifa de la ANDE está originada en la Carta Orgánica. Acto seguido sometemos a consideración el Poder Ejecutivo. Si Clyfsa cree que ya no es negocio, pues…Nosotros no podemos dar a una tarifa diferencial, se le da a una tarifa de consumo industrial, es más barata que la de uso residencial”, esgrime, finalmente, el director jurídico de la ANDE, Nelson Medina.

Por su parte, en un comunicado, Clyfsa sostiene estar abierta a un diálogo con el Gobierno y la ANDE para alcanzar un acuerdo que respete “los contratos vigentes, garantice la continuidad del suministro eléctrico, proteja a los usuarios de Villarrica y evite trasladar costos desproporcionados a la comunidad”.