Meten presión ciudadana para el uso de la energía en Paraguay

Publicado en Legislación y reglamentación
por El Prisma
- 27
de diciembre
de 2024

Se juntaron 48.366 firmas para convertir en ley una iniciativa popular. Esta iniciativa, que deberá ser verificada por la Justicia Electoral y luego debatida en el Parlamento, amplía la tarifa social. El proyecto de ley define a la energía eléctrica como derecho humano y fuente de empleo. El paquete de medidas solicitadas implica una inversión de 200 millones de dólares anuales del dinero recaudado por Itaipú.

Actualmente, la agenda de negociación del gobierno de Paraguay con Brasil sobre el Anexo C del Tratado de Itaipú no contempla una agenda pública. Y sin agenda pública, y sin presión ciudadana, “la agenda es brasilera”, ha dicho, en una entrevista con El Prisma, la ex ministra de Minas y Energía, Mercedes Canese.

En el interés de producir participación y presionar sobre el uso de la energía y sus costos, varias organizaciones (ANDE Pueblo Mba’e, Itaipu Causa Nacional, Itaipú es también soberanía/Partido Paraguay Pyahurã, Movimiento Campesino Paraguayo, Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (CIPAE) y Coordinadora de Adultos Mayores) han presentado el proyecto de ley al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Este organismo, luego de verificar firmas y datos de los firmantes del proyecto de ley, deberá enviar al Parlamento. Así lo establece Ley N° 6983 del Código Electoral.

Esta ley establece que al menos uno por ciento de la población electoral es necesario para promover, con carácter obligatorio, el estudio de una ley. Eran necesarias entonces 48.321 firmas para convertir en proyecto de ley por iniciativa popular, una figura de carácter constitucional.

La iniciativa popular prevé que la energía eléctrica sea un derecho humano en todo el Paraguay, correspondiéndole a la Administración Nacional de Electricidad( ANDE) la obligación de conectar a todo usuario y a no cortarle el servicio, si es que el usuario no tiene condiciones de pago, así como aceptar una tarifa gratuita hasta 300 kWh/mes para indígenas y personas sin recursos de la tercera edad.

Para facilitar el pago de los usuarios de menores recursos, el proyecto de ley prevé descuentos automáticos, tanto para abastecimiento monofásico como trifásico en baja tensión y sin límite de llave limitadora, de hasta 90% (hasta 100 kWh/mes), 85% entre 101 y 200 kWh/mes, 75% entre 201 y 300 kWh/mes y 50% entre 301 y 500 kWh/mes, en todo horario, y descuentos fuera del horario de punta de carga del 35% para consumos entre 501 y 750 kWh/mes, de 25% entre 751 y 1.000 kWh/mes y de 15% entre 1.001 y 1.500 kWh/mes). Con esto, “se llega a más del 90% de las familias, desde el sector popular hasta la clase media”, esgrimen los promotores.

También estipula tarifas reducidas para las juntas de saneamiento, hasta 5.000 kWh/mes, a fin de reducir las tarifas para el agua potable, “que es también un derecho humano, y para las MIPYMES hasta 3.000 kWh/mes, en la misma proporción de descuentos que para las familias, con el fin de generar más empleo. Hay que acotar que más del 90% de las empresas del país son micro, pequeñas o medianas”, expresan los organizadores.

200 millones de dólares

Unos 200 millones de dólares al año costaría poner en práctica de aprobarse la ley. Las organizaciones patrocinantes esgrimen que es menos del 20% de lo que el Estado percibe de las binacionales. Con la tarifa especial establecida en el último acuerdo de entendimiento de mayo de este año, Paraguay estaría recibiendo hasta enero del 2027, 1.250 millones de dólares anuales por energía de Itaipú.

Solo en Itaipú “se dispondría de 600 millones de dólares/año de uso discrecional y sin control. Con este proyecto de ley tales fondos tendrían un uso verificable y altamente beneficioso para el 90% de la población, mejorando la calidad de vida y el empleo, dos variables socio económicas fundamentales”, citan las organizaciones.

El proyecto de ley prevé que el 50% de la renta eléctrica debería transferirse a la ANDE, no sólo para ampliar la tarifa social, sino también para mejorar y expandir el sistema eléctrico nacional a bajo costo, “con lo que se aseguraría un servicio eléctrico de calidad y un precio más económico para toda la ciudadanía a corto, mediano y largo plazo” aseguran los proyectistas.

Este proyecto de ley se puede leer in extenso en la página web del TSJE, en la pestaña de iniciativa popular. Debería ser girado por la Justicia Electoral al Congreso para su tratamiento a partir del mes de marzo del 2025, cuando se reinicie el período ordinario de sesiones.