El uranio, un mineral con muchos tabúes y mucha desinformación

El uranio es hoy la gran materia prima de la energía nucleoeléctrica. Y en Paraguay hay uranio certificado. Su explotación es mucho más amigable con el medio ambiente que otros minerales, sostiene, en este artículo, Jorge Molina Insfrán, ministro de la Autoridad Reguladora Radiológica Nuclear.

Por el doctor PHD Jorge Molina Insfrán

Hablar de uranio es hablar de un elemento sobre el cual existen muchos tabúes y mucha desinformación. Pero en realidad es un mineral muy común en nuestro entorno, ya que se encuentra en el suelo y las rocas sobre las cuales caminamos. Está en nuestro organismo, en la vegetación de nuestros campos y ciudades, en el mar y, si bien es radioactivo en su estado natural, las emisiones que emite no son mayores a las que emite el potasio contenido en una banana.

Al hablar de uranio hablamos también de uno de los minerales con potencial minero en el Paraguay. Desde 1976 se tiene certeza de su existencia en una franja de unidades geológicas que se extienden desde Amambay hasta Itapúa.

Actualmente existen dos proyectos mineros de uranio llevados a cabo por la compañía americana Uranium Energy Corp (UEC). En estos proyectos se han detectado yacimientos de óxido de uranio con potencial demostrado, bien estudiados, completamente documentados y listos para avanzar. Tenemos certificado en el Proyecto Yuty, en el Departamento de Caazapá, unas 8.600.000 libras medidas e indicadas, y unos 2, 2 millones de libras de óxido de uranio inferidas; es decir, 4.800 toneladas de este mineral.

Con respecto al segundo proyecto de Uranio ubicado en el Departamento de Caaguazú, denominado Proyecto Coronel Oviedo, el yacimiento presenta un potencial que podría alcanzar niveles superiores al de Yuty, con una estimación 48 a 24 millones de libras, equivalentes a 21.000 a 10.000 toneladas de óxido de uranio.

Estos depósitos se hallan insertados en rocas cuyas condiciones geológicas son muy favorables para aplicar la metodología de recuperación In Situ (ISR sus siglas en inglés), el cual es un proceso que no requiere de excavaciones a cielo abierto o galerías, ni el uso de explosivos; no afecta el paisaje ni genera acumulación de desechos, lo cual hace que nuestros proyectos mineros de uranio sean muy amigables con el medio ambiente cuando alcancen la etapa de producción.

Ahora bien, para hablar de inversión minera en Paraguay es necesario entender que estos proyectos requieren leyes eficientes. Entender que la minería es un proceso de inversión de alto riesgo y de largo plazo, y que para ello necesitamos avanzar hacia una ley que brinde el tiempo y las garantías suficientes para la inversión minera.

Esta ley necesita dar estabilidad legislativa, jurídica y fiscal al inversionista, tal como ofrecen las leyes de países con tradición minera como son Perú y Chile, pero principalmente el primero, que debe ser el modelo con el que debemos competir en cuanto a captación de inversiones en este sector industrial tan importante.

Debemos apuntar a las grandes inversiones, que son las que necesita el Paraguay, para diversificar su economía y generar empleo en abundancia y con salarios dignos, ya que la industria minera es uno de los sectores con mejores salarios a nivel mundial.

En cuanto a la reglamentación de la ley minera, creada a través del Decreto 8699/2018, esta representa un retroceso en todo el proceso de atracción minera iniciado con la ley 3180 en el año 2007 y mejorado con las modificaciones de esta ley en los años 2011 y 2013.

Desde el primer momento de vigencia de este decreto reglamentario, la Cámara Paraguaya de Minería (CAPAMI), remarcó insistentemente que debía ser modificado o derogado, ya que es una traba a la inversión, es una barrera que en muy poco tiempo va a destruir todo lo alcanzado por la ley que regula.

Según el licenciado en geología Víctor Fernández, actual presidente de la CAPAMI, esta institución ya ha iniciado los estudios necesarios para construir un marco legal más ambicioso y competitivo, capaz de lograr mayor cantidad de inversión minera y desarrollo industrial, con plazos, garantías y estabilidad legislativa, tal como requieren los grandes inversionistas mineros para desembarcar sus proyectos en nuestro país.