Peña: La semana en que un presidente renunció, fue destituido y apresado

En un inédito caso en la historia política paraguaya y en tan solo cuatro días, la explosión por la caída de Ueno Bank obligó al expresidente Santiago Peña a renunciar a su cargo, el Congreso rechazó la renuncia, lo destituyó a través de un juicio político y, finalmente, por orden de la Fiscalía, la Policia Nacional lo detuvo.

El pasado lunes 2 de noviembre, Peña seguía sentado en el sillón presidencial del Palacio de los López, quizás disfrutando aún de su aparente triunfo en la confrontación de liderazgo que mantuvo con su exmentor político Horacio Cartes, al interior de la ANR, y, tal vez, pensando en su próximo viaje, de los muchos que realizó, al exterior para captar inversores que radiquen sus capitales en el país.

Aunque es seguro que ya sabía que el directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) dictaría, en la madrugada del martes 3 de noviembre, una resolución de intervención del banco Ueno Bank por insolvencia financiera, es lo más probable que no imaginara el desenlace al que llevaría aquella decisión del BCP: Que en tan solo cuatro días estaría detenido y en las puertas de una cárcel.

El detonante financiero y económico

Ese martes 3 de noviembre, el BCP dictó la intervención y disolución técnica de Ueno Bank tras constatar que sus índices de solvencia se desplomaron por debajo del 50% de los mínimos exigidos por la ley. La entidad concentraba cerca de 2.9 millones de clientes y custodiaba alrededor de 850 millones de dólares en fondos públicos.

Difundida la noticia en las primeras horas de la mañana, miles de ahorristas indignados formaron extensas filas en las sucursales del banco en Asunción y otras capitales departamentales del país.

Para la tarde y noche ya habían comenzado las masivas protestas en el centro histórico de Asunción, frente al Panteón Nacional de los Héroes y en las cercanías de la sede del Congreso.

Ley de emergencia e imputaciones

El miércoles, en un intento por contener el pánico financiero, el Congreso aprobó en tiempo récord una ley de emergencia promulgada por Peña para liberar el Fondo de Garantía de Depósitos y que se devuelva sus depósitos a los ahorristas pequeños. Asimismo, el mandatario destituyó a Carlos Carvallo, presidente del BCP.

En el plano judicial, la Fiscalía imputó a 27 personas, miembros del directorio y vinculados al banco, ordenando la captura de su fundador y CEO, Miguel Vázquez. Paralelamente, se destaparon investigaciones periodísticas que vinculaban directamente a Peña como accionista del holding empresarial del banco y la colocación irregular de fondos de pensiones estatales en dicha entidad.

Renuncia fallida y rechazo del Congreso

Ante un juicio político inminente y la pérdida total de apoyo parlamentario, el jueves 5 de noviembre, Peña difundió un video a través de sus redes sociales anunciando su renuncia a la presidencia, alegando buscar “la estabilidad del país y la paz social”.

La Cámara de Diputados se reunió en forma extraordinaria, sesionó y aprobó por unanimidad avanzar con el juicio político por mal desempeño de funciones, acusándolo ante el Senado, tal como establece el procedimiento legislativo.

Cerca de la medianoche, Peña aceptó el rechazo de su renuncia y en un nuevo comunicado en la red social X, afirmó que se presentaría ante el Senado, en compañía de sus abogados, para ejercer su derecho a la defensa.

Juicio político y destitución

Y el ayer, viernes 6 de noviembre, la Cámara Alta se constituyó formalmente como tribunal. Aunque la defensa técnica del mandatario solicitó una prórroga de 72 horas para recabar pruebas, el pleno del Congreso rechazó la petición, aunque tres de los 45 senadores votaron por la aceptación de la prórroga, y prosiguió con el proceso destituyente.

Luego de evaluar los cargos de conflicto de intereses, tráfico de influencia, enriquecimiento indebido, riesgo del sistema financiero y mala administración, el Senado votó en bloque: con 44 votos a favor, Santiago Peña fue destituido de su cargo como presidente de la república.

Minutos después, el vicepresidente Pedro Alliana prestó juramento ante el Congreso para completar el mandato constitucional hasta 2028.

Detención domiciliaria y traslado al Escolta Presidencial

Al perder de forma automática sus fueros presidenciales, el Ministerio Público actuó de inmediato. Los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) y otras unidades ordenaron la detención del exmandatario bajo cargos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio.

Cerca de las 19:30 horas, un fuerte contingente de la Policía Nacional rodeó e ingresó a la residencia particular de Peña, en el barrio Mburucuyá de Asunción. El expresidente fue oficialmente notificado y quedó bajo un estricto régimen de arresto domiciliario temporal, custodiado por fuerzas de seguridad a la espera de ser trasladado a declarar ante la Fiscalía a las 11 de hoy sábado.

Pero ante la concentración y manifestación de ahorristas estafados en las inmediaciones de su casa, que iba creciendo, la Fiscalía consideró que, por seguridad de su integridad física, fuera trasladado a la sede del Regimiento Escolta Presidencial.

Llegó a este lugar no ya como Comandante en jefe de las FF.AA del país, si no como un simple preso por acusaciones de delitos.