Tobillera electrónica: Entre el desafío de descomprimir las cárceles y evitar la reincidencia de delitos

A dos años de su implementación, la tobillera electrónica para personas con medidas alternativas a la prisión preventiva arroja aún escasos resultados sobre la crisis de superpoblación en las cárceles y su efectividad tecnológica.

El Sistema de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control (SIMDEC), más conocido por “Tobillera electrónica” para detenidos, regulado bajo la Ley Nº 5863/2017, atraviesa un periodo de prueba en las penitenciarías y el sistema de justicia y seguridad del país.

Concebido como una herramienta tecnológica para mejorar la administración de la justicia penal, la misma estaría teniendo resultados muy positivos desde su implementación, iniciado a fines del 2024, según los informes de las autoridades de seguridad.

Sin embargo, los expertos que evalúan su funcionamiento y resultados observan dificultades que frenan su efectividad como herramienta tecnológica.

“Hasta el momento, la contribución de las tobilleras para reducir el hacinamiento penitenciario ha sido escasa. De las 1.000 tobilleras electrónicas disponibles, según el Ministerio del Interior, son poco más de 200 personas las que se han beneficiado desde el inicio de la implementación”, explicó a El Prisma Oscar Ayala Amarilla, actual comisionado nacional del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP).

Ayala Amarilla añadió que “factores asociados a la pobreza, como la falta de una vivienda donde fijar un domicilio permanente, o la falta de cobertura de telefonía celular para el enlace con el GPS en los lugares que habitan los potenciales beneficiarios, así como la falta de recursos económicos para costear mensualmente la utilización de los dispositivos electrónicos”, son elementos que inciden negativamente en una implementación más extendida de las tobilleras electrónicas.

¿El Estado debe asumir el costo?

Para Sonia Von Lepel, excomisionada nacional del MNP y abogada especializada en derechos humano, “si el Estado no asume el costo de uso de las tobilleras electrónicas, que cuesta poco más de dos millones de guaraníes, no hay forma de que el SIMDEC incida en la descompresión de las cárceles del país”.

Oscar Ayala Amarilla, comisionado del MNP.

El costo de alquiler y monitoreo del dispositivo es de aproximadamente Gs. 2.100.000 mensuales, que debe ser abonado por el beneficiario. En caso de que este demuestre insolvencia económica ante un juez, el Estado debe absorber dicho gasto.

Efectividad y tecnología en tiempo real

Técnica y operativamente, el SIMDEC ha demostrado una fiabilidad sobresaliente en su casi dos años de funcionamiento, según la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (OMDEC), dependiente del Ministerio de Justicia, que coordina el monitoreo con los servicios de emergencia de la Policía Nacional.

Pero, desde fuera del Estado, Von Lepel dijo a El Prisma que, tecnológicamente hablando, “los dispositivos son hipersensibles, razón por la cual suena muy fácilmente la alarma sin que haya violaciones a las restricciones perimetrales de la persona usuaria”.

La abogada explicó, como ejemplo, que el sistema hace sonar cinco mil veces la alarma, de las cuales solo veinte de ellas corresponden a violaciones y peligros reales a las restricciones.

“Si las alarmas suenan muchas veces sin motivos de peligro rales, se corre el riesgo de que el monitoreo no le dé importancia y lo deje pasar, pero puede haber algunos que sí ameriten intervención y esta no se realiza”, dijo la entrevistada.

El nivel de seguridad que tienen las tobilleras saltó al debate público la semana pasada por el caso del feminicidio de Rebeca Martínez Aricaye de 28 años a manos de su exnovio, ocurrido en el municipio de Eusebio Ayala, departamento de Cordillera. El feminicida estaba con medida alternativa a la prisión preventiva, con tobillera electrónica, luego de que la víctima lo denunciara por amenaza de muerte.

Cómo funciona

La tobillera electrónica se diseña con sensores de corte de correa, manipulación del chasis o pérdida de contacto con la piel.

“Si el dispositivo se intenta cortar o forzar, la alerta en la central de monitoreo del 911 es instantánea”, explicó el comisionado nacional de la MNP, agregando que “la eficacia del sistema de monitoreo depende de la inmediata respuesta policial”.

Por otro lado, fuentes del Ministerio del Interior señalaron a varios medios que los índices de reincidencia delictiva de quienes portan las tobilleras electrónicas se mantienen prácticamente en cero.

“El temor a la revocación inmediata del arresto domiciliario y el retorno directo a prisión actúa como un fuerte elemento disuasorio”, señaló un informe de la Policía Nacional del mes de marzo de este año.

Al cierre de agosto de 2026, un informe del MNP concluyó que las cárceles de Paraguay albergan a 20.285 personas adultas, registrando una sobrepoblación crítica en el 77,3% de los casos según parámetros oficiales.

Para Ayala Amarilla, teniendo en cuenta la escasa utilización de las tobilleras desde su implementación, “aún no se puede tener un panorama definitivo, no se puede realizar una afirmación en cuanto a eficacia o ineficacia del sistema”.

Agregó que es necesario seguir trabajando para que los jueces amplíen su utilización, por un lado, y, por otro lado, que se realice una revisión de la normativa para hacerla más accesible, especialmente desde el punto de vista económico. El costo por su uso es de 2 millones de guaraníes o más, monto que debe pagar la persona que la usa.

A pesar de algunos escasos resultados cualitativos, el impacto cuantitativo en la descompresión de las penitenciarías nacionales es menos que marginal, hasta ahora.

Según expresó semanas atrás Enrique Riera, ministro del Interior, la escasa incidencia del sistema responde directamente a la prudencia y los plazos que establecen los magistrados.

“La Policía Nacional opera estrictamente como un brazo ejecutor y de control, pero carece de la potestad para dictar la medida. La decisión de otorgar este beneficio y definir las condiciones procesales recae de forma exclusiva en el Poder Judicial”, afirmó el ministro.

Como cierre, Ayala Amarilla dijo que un factor que ayudará a mejorar la efectividad de las tobilleras electrónicas es una mayor accesibilidad para los beneficiarios de las penas alternativas a la prisión preventiva, “removiendo los obstáculos económicos y burocráticos que hoy existen”.

Asumió que, si bien la reglamentación prevé la exoneración de pago del uso, los trámites burocráticos para acreditar la insolvencia de la persona beneficiada siguen siendo objetivamente una barrera que compromete el principio de igualdad en la utilización de las tobilleras.