La Contraloría se propone combatir la corrupción municipal con IA

La Contraloría General de la República (CGR) tiene un plan para apuntalar el control de los ingresos y egresos de los 263 municipios con Inteligencia Artificial (IA) y tecnologías de punta para combatir la alta corrupción en las comunas.

El mismo contralor general, Camilo Benítez, informó días a atrás a una radio local los montos aproximados de las recaudaciones y gastos del Estado paraguayo (municipios, gobernaciones, poderes de Estado): USD 6.000 millones de recaudación anual, y USD 20.000 millones de gastos cada año.

Muchos de los recursos económicos que corresponden a las comunas, que engrosan su presupuesto general anual, son devorados por la corrupción de sus autoridades electas y funcionarios permanentes.

¿Cuál es la propuesta de la contraloría?

Según recogimos de las web institucional de la CGR, con el uso de una IA específicamente diseñada para el efecto, se posibilitará la obligatoriedad de cobros digitales a arrendatarios de locales municipales y compradores de lotes fiscales para evitar la recaudación fuera de la formalidad, así como se promoverá el uso efectivos de la factura electrónica y la fiscalización de los depósitos de dinero en efectivo en un plazo máximo de 24 horas, evitándose el frecuente retraso, muchas veces de meses, de lo recaudado a las arcas de los municipios.

Ante los altos niveles de robo de los recursos públicos, la CGR destaca “la urgencia de aplicar sinergias de control, porque el Estado es ineficiente, padece de altos niveles de corrupción y pierde muchos recrusos”.

El plan presentado por la CGR segmenta a las intendencias del país en tres grupos de acuerdo con su capacidad presupuestaria y operativa: unos 30 municipios, como los de Asunción, Ciudad del Este y Encarnación, en el primer grupo, alrededor de 150 en el segundo, y el resto en el tercero. La agrupación de los municipios es para fijar exigencias proporcionales a cada intendencia comunal.

Benítez explicó en la entrevista difundida en el medio radial que, en materia de transparencia, la estrategia apunta a estandarizar buenas prácticas administrativas antes de la asunción de las nuevas autoridades comunales, que ocurrirá el próximo 3 de noviembre, y garantizar el cumplimiento de la Ley de Integridad Pública de 2024 sobre transparencia activa.