Sobre la gran caja paralela del gobierno de Santiago Peña

¿Por qué si el proyecto es un hospital no se mete en el presupuesto de Salud? ¿Por qué si son pupitres escolares no figuran en el programa del Ministerio de Educación? ¿O las becas universitarias? Según la ex directora financiera de Itaipú, Gladys Benegas, no hay impedimento alguno, ni técnico, financiero ni jurídico, para que los 700 millones de dólares de Gastos Sociales de Itaipú (o los 50 de Yacyretá), se utilicen en programas establecidos en el Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGGN).

El gobierno de Paraguay había alcanzado, con mucha incomodidad del gobierno brasilero, incorporar en la tarifa de la electricidad emanada de Itaipú Binacional un rubro denominado Gastos Sociales. Por eso la tarifa escaló a 19.28 kW-mes. Ese aumento lo pagamos, esencialmente, los usuarios, ya que, en el 2024, la ANDE (Administración Nacional de Electricidad) ya contrató el 60% de lo que a Paraguay le corresponde de la energía generada por la binacional.

La tarifa y los gastos sociales están incorporados en el Acta de Entendimiento de abril de 2024, firmado el 7 de mayo del mismo año. Ese dinero anual seguirá hasta el 31 de diciembre de 2026, luego la tarifa corresponderá exclusivamente a su costo operativo, dejando del lado los “costos discrecionales”.

Este último párrafo es una observación metida por los negociadores brasileros que, a regañadientes, asumieron el aumento de la tarifa.

El gobierno de Santiago Peña lo había señalado como una conquista histórica. Así lo han dicho casi todos los voceros de las negociaciones, comenzando con el vocero actual, el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez.

En ningún momento al gobierno de Santiago Peña se le ocurrió incluir esta “conquista histórica” en el Presupuesto General de Gastos para cubrir planes de Salud, Educación, Viviendas o lo que tanto los expertos en energía reclaman: la inversión en tendidos eléctricos, subestaciones y redes de transmisión.

Esgrimió una serie proyectos en los que iba utilizar ese dinero manejándose los fondos desde la entidad binacional. Ergo, sin pasar por el control de los ministerios, de la Dirección de Contrataciones Públicas y la Contraloría General de la República.

Esta utilización con licitaciones directamente manejadas por ItaipúI se hace también en nombre de una antigua idea de que es un organismo perse, supranacional, algo así como la FIFA.

La ex directora financiera Gladys Benegas recuerda que, a los 50 años del tratado (desde el 2023), las contralorías de Paraguay y Brasil ya podían auditar esta entidad.

Más allá de esa ventana abierta desde el 2023, Benegas, directora financiera durante el período 2008-2012 (durante el gobierno de Fernando Lugo) sostiene que no hay ley, ni reglamento que prohíban que esos fondos pasen a formar parte de presupuestos de los organismos del Estado.

“Es mucho más trabajo, hay que estar en coordinación permanente con los ministerios, firmar acuerdos, y organizar desembolsos, y pasar por procesos licitatorios más complicados, pero, en definitiva, no existe ningún impedimento legal”, asegura.

En Itaipú el pliego de bases y condiciones es más específico. Con buena información de mercado, “se puede tranquilamente favorecer a tal o cual en empresa”.

También, por esa especificidad, si se maneja mejor el proceso, es menor la denuncia de los oferentes sobre posibles irregularidades, contrariamente a lo que ocurre con el Estado, con mayor cantidad de demandas.

En síntesis, es más expeditivo administrar el dinero con las normas de Itaipú.

Justo Zacarías Irún, hermano de Javier, aparece como el gran gestor del gobierno a través de los gastos sociales.

CÓMO SE HACE FINANCIERAMENTE

Para Benegas es fácil financieramente la transferencia del dinero de Itaipú a los organismos públicos. Se ubica como fondo de contrapartida de Itaipú. Al igual, como se hace, por ejemplo, con los bonos.

Pero como es un organismo binacional, se necesita el acuerdo de todos los consejeros a partir de USD 5.000.000.

Las direcciones locales pueden usar directamente hasta USD 500.000. Luego, hasta 5 millones se necesita la aprobación del consejo por país y a partir de cinco millones el consejo bilateral.

“Pero el criterio general es respetar lo que cada gobierno decide sobre el uso de lo que le corresponde. Y mucho más seguro y serio es que los fondos formen parte de contrapartida de proyectos públicos, definidos en el Presupuesto General de Gastos de la Nación”, asegura Benegas.

Ya el primer escándalo sobre posible uso discrecional se ha dado con los pupitres para escuelas. A juzgar por los datos publicados, el pliego de bases y condiciones se hizo directamente para favorecer a una empresa a un precio muy superior a los precios de mercado.

Los dedos del intendente de Ciudad del Este Miguel Prieto (a quien le llueven las medidas contraloras y judiciales) apuntan al director de Itaipú, Justo Zacarías Irún, hermano de Javier, ex intendente de la misma ciudad, señalando una sobrefacturación de más de G. 20.000 millones.

Ciertamente, Justo Zacarías Irún, en la actualidad, aparece como un gran gestor de gobierno, ora otorgando becas, ora pupitres, ora habilitando iluminaciones o viviendas populares. En una buena parte de los actos, el presidente Santiago Peña, generalmente acompañado de su esposa, la señora Leticia Ocampos y el vicepresidente Pedro Aliana, sacándose selfies.

El gobierno de Nicanor Duarte Frutos (2003-2008) había conseguido unos USD 50 millones de dólares en Gastos Sociales. Luego, durante el gobierno de Fernando Lugo, se consiguió triplicar el monto recibido por cesión de energía. Se pasó entonces de USD 120 millones a 360. Estos fondos se transfirieron periódicamente a las arcas del Estado y su uso está programado en el PGGN.

Ya con aquellos USD 50 millones, cuando la dirección de la Margen Derecha, paraguaya, estaba a cargo de Víctor Bernal, se había denunciado una serie de irregularidades y de usos discrecionales.

Para este año, Itaipú presupuestó USD 700 millones en Gastos Sociales. El mismo monto, el gobierno de Santiago Peña presupuestó para bonos de deudas. Pero también es una cantidad muy importante que puede utilizarse para las inversiones necesarias y urgentes en las líneas de transmisión y en las subestaciones.

Por fallas en estas, se producen apagones y pestañeos permanentes, provocándose una angustia ciudadana permanente, y perdiéndose el 30 por ciento de la energía, según lo ha manifestado el actual director de la ANDE, Félix Sosa.

Si no se ha puesto a disposición del PGGN hasta ahora, pues nada impide (legalmente hablando) que se lo haga más adelante, a través de una reformulación.

“Es un derecho ciudadano reclamar esto”, asume Benegas.

Ya no es, como lo había ya advertido el ex director de la ANDE Pedro Ferreira, una donación de Itaipú o de Yacyretá, o de Argentina y Brasil, si no que corresponde a plata de los usuarios, a través del pago de sus facturas de la ANDE.

Si su uso se mantiene en “forma discrecional”, se seguirá prestando para engordar empresas de amigos, correligionarios y demás deudos, concluye Benegas.