El proceso licitatorio convocado por la ANDE, plagado de llamativos cambios en las cláusulas del pliego de bases y condiciones y las fechas de apertura de sobres de ofertas originales, despierta sospechas por las fuentes que afirman que la licitación está dirigida para que gane la empresa IMPSA.
Todo está listo para que mañana, a partir de las 9:00, se realice el acto de recepción de sobres de ofertas de las empresas y apertura de las mismas en el salón auditorio de la sede de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Es una la licitación pública internacional para la rehabilitación y modernización hidro-electromecánica del Complejo Hidroeléctrico Acaray-Yguazú. Las empresas competirán por poco más de USD 82 millones para realizar los trabajos.
El llamado, identificado en la página de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) como ID 470438 (LP N° 1903/25), fue publicado el 9 de mayo de 2025. Al inicio, la apertura de ofertas estaba prevista para el 28 de julio pasado, pero cambió la fecha repetidas veces. Hasta la adenda número 16, emitida el 31 de octubre pasado, la ANDE ya había prorrogado el plazo en cinco ocasiones (1 de agosto, 1 de octubre, 20 de octubre y 31 de octubre), estableciendo finalmente como nueva fecha límite el 6 de enero de 2026.
Sin embargo, ese mismo 31 de octubre, con la misma numeración de adenda, la ANDE volvió a modificar la fecha de apertura de sobres y lo adelantó, inesperadamente, para mañana viernes 7 de noviembre. Más llamativo aún es que esta modificación no está contemplada formalmente en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), donde ya no figura la extensión previa hasta el 6 enero de 2026.
Varias fuentes del sector empresarial energético nacional adelantaron a El Prisma que “todo está organizado” para que esta licitación sea adjudicada a Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A. (IMPSA), actualmente propiedad del Consorcio IAF en el que la estadounidense ARC Energy tiene la mayoría de las acciones.
IMPSA es una empresa que en sus inicios perteneció a la familia Pescarmona de la provincia de Mendoza, Argentina. En 2018 cambió su denominación social a “IMPSA S.A.” y en 2021 fue capitalizada por el Estado Nacional de Argentina y el Estado Provincial de Mendoza. En febrero de 2025 fue privatizada por el gobierno de Javier Milei y adquirida por el Consorcio IAF, de capital norteamericano.
Pero sus “pecados” del pasado en trabajos para las represas hidroeléctricas causan sospechas y advertencias en otras empresas competidoras, en funcionarios de alto rango y en medios de comunicación cuando se presenta en licitaciones públicas.
Los antecedentes de IMPSA
Según fuentes creíbles, que prefirieron el anonimato para resguardarse, surge la sombra de IMPSA como la que ganaría esta licitación, gracias a los privilegiados contactos y facilitadores que tiene en la ANDE, y pese a que tiene un negro precedente en presentaciones y ejecuciones en licitaciones para obras de energía eléctrica con las represas Acaray y Yacyretá.
IMPSA carga sobre sus espaldas el incumplimiento de contrato y la mala ejecución de los trabajos de repotenciación de los grupos de generadores 3 y 4 de la Represa Acaray, gracias a que había ganado la licitación pública correspondiente en el 2007, un proceso licitatorio plagado de denuncias contra la ANDE por supuestamente haber amañado el proceso para que gane IMPSA.
IMPSA terminó los trabajos de repotenciación recién en julio de 2019, con un retraso de 12 años después de haber firmado el contrato de prestación de servicios con la ANDE e iniciado los trabajos.
En una publicación difundida en junio de 2019, Héctor Vera, entonces jefe de la Dirección de Generación de la ANDE, narró que IMPSA incumplió el contrato al subcontratar a una empresa venezolana para que realice partes del trabajo, pero que esta denunció que nunca le había pagado por el trabajo, para luego judicializarlo. Este ingreso a los estados judiciales interrumpió la ejecución de las obras.
Esta empresa también tiene el poco amable precedente de que el 23 de diciembre de 2019 presentó una medida cautelar ante el Poder Judicial de Argentina con jurisdicción en Buenos Aires. La acción apuntó a suspender durante 50 días hábiles la ejecución del contrato firmado por la represa Yacyretá con la multinacional Voith Hydro, “para el suministro de las turbinas y otros equipamientos para la central hidroeléctrica”.
A causa de esta medida cautela, a la que la justicia argentina dio lugar, se suspendieron las obras de Yacyretá durante casi un año y medio, lo que acarreó innumerables perjuicios financieros y técnicos a la represa y al Estado paraguayo.