Exigen que Contraloría audite el “discrecional manejo” de Itaipú

Publicado en Denuncia Ciudadana, Destacado
por El Prisma
- 26
de mayo
de 2025

Por una tarifa superior a lo que corresponde, por la inclusión en el costo los gastos “socio ambientales”, por la cesión -exportación- de energía a Brasil a un costo muy inferior a 2019-2021. Y por varios temas más.

Un grupo encabezado por Ricardo Canese, Mercedes Canese y Heriberto Bobadilla presentó esta tarde la denuncia contra el manejo político y administrativo de la entidad binacional. En esta nota exigen que el contralor general de República, Camilo Benítez, audite la administración de la Itaipú conforme a las atribuciones establecidas en el artículo 283 de la Constitución Nacional.

El grupo de organizaciones al cual representan entiende que aquella fijación de la tarifa a USD 19,28 kW-mes al período 2022-2027 es muy superior al costo real del servicio.

Efectivamente, en esta tarifa se incorporó un gasto considerado discrecional: los gastos sociales. Son unos USD 650 millones anuales, de 2024-2026. Precisamente de estos gastos sociales están saliendo una cantidad de contratos económicos muy cuestionados, como aquel por el cual se consiguieron los pupitres chinos, comprobadamente sobrevaluados.

Igualmente se le pide a la CGR auditoría por la exportación de energía paraguaya de Itaipú al Brasil (denominada cesión de acuerdo al Anexo C de Itaipú) a un valor “por debajo del precio ya pagado entre 2009 y 2021 y contrario al criterio de “justo precio” (Acta de Foz de Yguazú, 1966, incluida en el Preámbulo o Introducción del Tratado de Itaipu y, por tanto, vigente según la Convención de Viena del Derecho de los Tratados)”.

En otro punto cuestionan la no contratación de toda la potencia instalada “para beneficio del sistema eléctrico brasileño”. En cuanto esto, en el 2024 se registró la contratación más alta. Un 30.8% del total de ese año, lo que equivale a un 60% de lo que le corresponde a Paraguay.

Por la cesión de ese 40%, Paraguay recibió USD 240 millones. Los expertos entienden que en una venta directa de la energía este monto debería, como mínimo, cuadruplicarse. Cerca de los USD 1.000 millones.

También exigen la investigación del “cuestionable vertido de “energía turbinable” en Itaipú y el consiguiente no cobro, por parte del Estado paraguayo, de royalties, compensación por cesión de energía y resarcimiento”.

E insisten de nuevo en litigar la deuda “espuria”, los gastos discrecionales y superfluos de administración de Itaipú, y el desalojo de las comunidades Ava Guarani Paranaense, en violación de acuerdos internacionales de derechos humanos vigentes (OIT N.º 107/1957). Por último, demandan el inequitativo depósito de los fondos de Itaipu en bancos brasileños (la mayor parte se deposita allá) y el vaciamiento de ANDE.

En cuanto a este vaciamiento de la ANDE se sostiene sobre la base del muy poco ingreso, fuera de lo que cobra a los usuarios, para llegar a sus metas de redes de transmisión y subestaciones de la energía.

Al 2030, la ANDE necesitaría aproximadamente USD 3.000 millones para cumplir con sus metas, según el Insitituto Paraguayo de Profesionales de la Electricidad (IPPE)