Unos USD 193 millones costaría la tarifa social ampliada para pequeñas empresas, adultos mayores, comunidades indígenas y una baja importante hasta familias de clase media. Esta plata se puede conseguir de los USD 650 millones que Paraguay recibe del rubro Gastos Sociales en Itaipú.
El proyecto de ley de ampliación de la tarifa social ya está en estudio de tres comisiones parlamentarias. Faltan dos. Aún no existen dictámenes. Es un proyecto de ley por iniciativa popular, con 48.000 firmas certificadas por Tribunal Superior de Justicia Electoral. Define una escala que va desde la tarifa gratuita a personas de muy escasos recursos, con consumo hasta 300 Kwh. Esta escala está pensada directamente para comunidades indígenas. Luego se exploran descuentos hasta sociedades de clase media de un 35 por ciento.
La energía como derecho humano es el lema central de esta campaña que también define como sujeto de sustanciales rebajas a las Pymes, pequeñas y medianas empresas que, en Paraguay son generadoras y sostenedoras de un 80 por ciento de la economía.
En la fecha, en la Biblioteca del Congreso Nacional se desarrolló un panel sobre este tema y otros anexos como la renegociación de Itaipú. En varias localidades hubo movilizaciones frente a locales de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
El proyecto se concentra básicamente en la reutilización de la energía que esta entidad binacional genera.
De dónde sacar el dinero
Con la tarifa, que incluye gastos sociales, establecida en 19, 28 kW-mes, el país recibe unos USD 650 millones al año. Ese es un dinero que está ahí, por qué no usarlo en el sector eléctrico, bajando el costo de la energía para el consumo de Paraguay, se pregunta Itaipú Causa Nacional, cuyo secretario general, Rubén Penayo, arrancó recordando que ya durante la pandemia este movimiento alentó a ejercer soberanía y abandonar el endeudamiento crónico, ya de más de 14.000 millones en la actualidad.
Pero de cara a las negociaciones del Anexo C, para este movimiento es central que la tarifa de la Itaipú solo integre el costo operativo. Si así fuera Ricardo Canese señala que dicha tarifa debería bajar a USD 8 kW-mes. De hecho así lo establece el tratado, que una vez pagadas las deudas la tarifa solo contemple el costo operativo.
Pero el gobierno paraguayo, encabezado por Santiago Peña, negoció la incorporación de los mencionados gastos sociales en la tarifa, lo que generó esos USD 650 millones que ahora se están usando sin pasar por el Presupuesto General de Gastos y el control de los organismos públicos.
Con este costo discrecional, a la ANDE, la que debe pagar esa alta tarifa, se le está “robando” USD 300 millones anuales, arguye Ricardo Canese. Y de paso a la población, a las residencias, comercios e industrias porque la Ande finalmente traslada la tarifa a sus clientes.
La segunda gran demanda de este movimiento es la contratación de toda la energía que le corresponde a Paraguay y la venta de su excedente.