Por ahora, la ausencia de marcos regulatorios claros, de sistemas de información confiables, infraestructura logística y capacidades institucionales suficientes “limita la posibilidad de que la minería de litio actúe como un vector de transformación productiva”, asegura la investigadora Sara Seux Mongelós, en su tesis sobre el tema.
De que hay hay, pero.
El litio se ha convertido en uno de los minerales más apreciados de las industrias tecnológicas.
Las empresas que han venido por el mineral en Paraguay, todas canadienses, se han aglutinado en torno de Chaco Minerals. Este holding está compuesto por Minera Atenea SA, Chaco Lithium SA, Roca Lithium SA, Paraguay Lithium SA y Guaraní Lithium SA
La sexta, Valquiria Exploration SA, también canadiense, no forma parte del consorcio pero comparte representante legal. Estas empresas exploran el litio en unas 2.300.000 hectáreas, en tres departamentos del Chaco paraguayo.
Hace poco, Sara Seux, asuncena, se consagró ingeniera ambiental presentando su tesis sobre el litio en Paraguay.
Según sus estudios, todavía no hay una información oficial sobre la concentración de litio en Paraguay, pero de acuerdo con la información que recopiló de empresas el litio, este se encuentra potencialmente en aguas subterráneas de la región occidental. No descarta que pueda existir alojado en rocas.
Justamente un punto central en su trabajo es que el Estado nunca se encargó de recopilar información geológica oficial. La existente es incompleta y principalmente realizada por corporaciones que buscaban hidrocarburos hacia los setentas.
En su tesis, sostiene que hay empresas que afirman que encontraron un grado económico de litio (más de 200 ppm), pero no respaldan esa afirmación con documentación geológica.
Su análisis fue comparativo. Se basó en analizar la gobernanza de este mineral en países del triángulo del litio (Argentina, Chile y Bolivia) y en la aplicación que existe en Paraguay de las normativas relacionadas con lo administrativo, climático y minero.
“El marco normativo sigue siendo relativamente completo, pero las instituciones del Estado carecen de capacidad para aplicarlo”, concluye.
Según Seux, la falta de información hidrogeológica es un factor fundamental. Esta falta- arguye- impide la toma de decisiones fundamentadas. En general, “la legislación funciona como un marco declarativo, orienta principios, pero no dispone insumos necesarios para la fiscalización”.
Además, la implementación efectiva de dichas políticas se ve limitada por el escaso presupuesto en el caso del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Social (MADES) -alrededor de 0,06% del PGN- y por falta de procedimientos en el caso del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
De acuerdo con sus investigaciones, en lugar de constituirse en una plataforma para diversificar la economía, atraer cadenas de valor de mayor complejidad o promover procesos de industrialización, la actividad queda reducida a niveles preliminares que no generan efectos multiplicadores ni encadenamientos productivos significativos.

El impacto socio ambiental
Sara Siux entiende que problema ambiental no es solo “la minería”, sino el contexto en el que ocurriría: “el Chaco es frágil, el Estado tiene pocos recursos técnicos, y falta información básica y sostenida (sobre todo hidrogeológica) para evaluar bien qué puede pasar”.
Como no hay líneas de base amplias ni monitoreo continuo de agua y contaminación, dictamina que es difícil saber qué es cambio natural y qué es impacto de un proyecto, y también es difícil detectar problemas a tiempo.
Entonces, infiere que la gestión ambiental termina siendo reactiva: depende de denuncias, inspecciones puntuales o datos que entregan las propias empresas, y el Estado no siempre puede verificar de forma independiente.
Sin datos y sin herramientas
La ingeniera sostiene que la explotación minera se vuelve más delicada porque el Chaco ya está bajo presión por el cambio de uso del suelo y por sequías y variabilidad climática. Por eso, el gran riesgo de este escenario es la incertidumbre: no porque sea inevitable que la minería cause daño o porque esta tenga un impacto ambiental (como toda actividad extractiva), sino porque no hay suficientes herramientas y datos para anticipar y controlar los impactos.
Esto mismo se aplica con los impactos sociales. El conflicto social no es inevitable o quizás se podría anticipar que no escale tanto con procesos definidos, aplicados e información completa.
Así, aun sin conflictos manifiestos, ni oposición social, el propio diseño institucional del país impide que la actividad del litio transite hacia etapas avanzadas. El resultado es un escenario donde la minería existe en un plano declarativo-administrativo (permisos, sondeos aislados, anuncios, campañas exploratorias) pero sin producir los hitos que definen el desarrollo real del sector extractivo contemporáneo.