Industrias y comercios pagarán los gastos discrecionales del gobierno paraguayo a través de Itaipú

La ingeniera Mercedes Canese sostiene que la ANDE pierde USD 300 millones anuales por el alza de la tarifa de Itaipú. El mismo por el cual el gobierno de Paraguay ha conseguido, para uso discrecional, unos USD 650 millones. También pierde unos 170 millones por el bajo costo de la tarifa para las criptomineras. Toda esa perdida ahora la piensan trasladar a comercios, industrias. “Gravísimo”.

El presidente de la ANDE Félix Sosa ha confirmado que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) estudia un aumento de la tarifa de la electricidad, pero cuidando “la clase trabajadora y lo sectores más vulnerables”. Señaló que, protegiendo el consumo domiciliciario, serán objetos de aumento (muy grande según publicaciones de ABC Color) los comercios y las industrias.

“Sería muy dañino para la economía de nuestro país que el aumento se transfiera a la industria y el comercio, sostenedores y generadores de empleos en el país”, advierte en entrevista con El Prisma, la ex viceministra de Minas y Energía Mercedes Canese.

Para ella el aumento de la tarifa de la ANDE se veía venir desde el mismo momento en que está gastando USD 300 millones más al año para comprar la energía de Itaipú. Hace referencia al alza de la tarifa de la energía de esta entidad en el 2024, aumento mostrado por el gobierno de Santiago Peña como una gran conquista histórica. Es que por este aumento en el precio de la energía a USD 19,28 kW mes, el gobierno paraguayo se aseguró unos USD 650 millones en un rubro discrecional, arbitrario, al que se le denominado gastos socioambientales o simplemente gastos sociales.

Es decir, se incorporó al costo operativo de la producción de la energía ese rubro, cuando que, en la actualidad, sin la histórica deuda, denominada espúrea, solo debería imponerse el tratado de la binacional, el cual, en el Anexo C, consagra que la tarifa de la potencia se allanará solo a su costo operativo, a nada más que su costo operativo.

Finalmente es la gente la que está pagando “los pupitres de oro y las obras conferidas a la patria contratista, sin ningún control público, ni del Parlamento ni de la Contraloría ni de la Dirección de Contrataciones Públicas”, esgrime Canese.

A pesar de que el propio presidente de la ANDE haya dicho que por el sistema de interconexión energética (Yacyretá y Acaray), la entidad no iba a sufrir el aumento ni iba a trasladarlo al consumo interno, está ocurriendo exactamente lo contrario, lo que la lógica común determina: si la energía, en este caso de Itaipú, es más cara, la Ande debe ofrecer al público a un precio más caro.

Pero este asunto, según Canese, forma parte del histórico vaciamiento al que se somete a la entidad que trasmite y distribuye la energía en Paraguay. Salvo unos USD 50 millones que de la Itaipú recibe en concepto de pago por hacerse cargo de retirar y transmitir la energía, la renta hidroeléctrica no se traslada o se traslada casi nada a la ANDE, para generar una sensación de que no sirve, de que es ineficaz, y poder así abrir completamente el mercado eléctrico a la privatización

“La verdad es que la intención de volverla ineficiente, para tercerizar los servicios y que no cumpla con su ley orgánica que le exige una rentabilidad del 10 por ciento”, asegura la ingeniera Canese.

Efectivamente, en su plan de inversión para el 2026 el 55% del dinero presupuestado por la ANDE corresponde a créditos con bancos de desarrollo como el Banco Interamericano de Desarrollo, el CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y donaciones, pequeñas, de Itaipú y de Taiwán.

Carece de recursos propios porque la mayor renta de la energía de Itaipú y Yacyretá se usa en otras cosas.

Pero, subraya, todo esto se debe enmarcar en la pérdida de soberanía sobre la energía producida, cuya cesión tanto a Argentina como a Brasil sigue produciendo un dinero muy menor al que debería el país recibir en concepto de venta.

“Unos USD 1.800.000 anuales deja de percibir”, asume.

Si esto se le agrega el hecho de que se cobra un precio muy por debajo del mercado a las empresas electrointensivas, en el caso paraguayo, a las criptomineras, pues se tienen los resultados a ojos vista.

Según Canese, por la venta de la electricidad a las criptomineras la ANDE debería recibir por lo menos USD 170 millones de dólares más en forma anual. Por contratos con 50 criptomineras, que usarán 1.000 MW (lo que produce una turbina y media de Itaipú) en el 2025, la ANDE tiene previsto por este servicio recibir unos USD 240 millones.

Pero lo central en cuanto a la tarifa es que esta corresponda únicamente al costo operativo como bien lo expresa el Anexo C.

La actual tarifa de Itaipú, la principal proveedora de energía a la ANDE, se mantendrá en 19, 28, kW mes hasta el 31 de diciembre de 2026. Desde el 1 de enero del 2027 debe corresponder únicamente a su costo operativo, según el Acta de Entendimiento. En Brasil y en Paraguay se sostiene que esta tarifa debe oscilar entre el 8 al 10.

Pedro Ferreira, ex presidente de la Ande, considera que esta baja será gradual, primero 15, luego 12 y así hasta que se ajuste al tratado.

Según el cálculo del Instituto Paraguayo de Profesionales de la Electricidad (IPPSE), hay un retraso en inversión de obras para transmisión y estabilización del servicio eléctrico de unos USD 1.200 millones. Y cada año será más, atendiendo el plan maestro de la entidad estatal.

De hecho, recuerda Canese, el 30 por ciento de los pueblos originarios no cuenta aún con el servicio de energía eléctrica.

Ella, junto con su padre, Ricardo Canese, y otros referentes de la sociedad han presentado un proyecto de tarifa social ampliado, que incorpora descuentos a pequeñas y medianas empresas. Han juntado 47 mil firmas certificadas por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, pero hasta ahora este proyecto de ley solo tiene una sola recomendación positiva, justamente de la comisión de pueblos originarios.