Las negociaciones previas a la revisión del Anexo C establecidas por el gobierno de Santiago Peña, y las dos dilaciones, parecen haber derribado gran parte de la expectativa que se tenía en torno de este acontecimiento histórico. Eso pareció verse reflejado en la escasa concurrencia en la audiencia pública convocada por la Bancada Democrática.
En un día frío y húmedo, una sala bicameral del Parlamento paraguayo casi vacía, con algunos legisladores y panelistas. Con poquísimos representantes de sectores sociales, ciudadanos y políticos. Un vacío casi pleno sobre un tema que durante más de cincuenta años se consideró de una importancia vital para el Paraguay.
Allí, en una caja sin resonancia, referentes históricos de la lucha por el ejercicio de la plena soberanía en Itaipú y Yacyretá como Ricardo y Mercerdes Canese, Germán Escauriza, Pedro Ferreira, se encontraron casi cara a cara con los legisladores de la mesa de la audiencia pública: la senadora Esperanza Martínez, los senadores Rafael Filizzola, Ignacio Iramain y el diputado Raúl Benítez. Fue en ese escenario en el que las posiciones nuevamente se cruzaron sin mirarse, sin cotejarse ni con los actuales negociadores (el gabinete ministerial de Santiago Peña) ni los legisladores de la mayoría parlamentaria.
Allí, con una fría humedad en los entornos, Ricardo Canese disparó sus luces de reclamos sobre tres cuestiones esenciales. Que Paraguay contrate el total de la energía que le corresponde a través de la ANDE y que, de haber excedente en su uso interno, lo venda a precio de mercado. En su análisis, como ya lo ha expuesto en diversas ocasiones, en Paraguay pueden ingresar por venta directa de energía eléctrica de Itaipú USD 2.800 millones.
En el segundo punto, que la tarifa de la potencia corresponda únicamente al costo operativo, sin “gastos discrecionales”.
Estamos hablando de unos USD 9 Kw-mes.
Recordemos que el gobierno de Santiago Peña logró alzar la tarifa a USD 19,28 kW mes, incorporando en sus costos los denominados gastos sociales. “Es una tarifa ilegal que, entre otras cosas, produce un vaciamiento de la ANDE en unos USD 300 millones al año, dejando a esta entidad sin poder mejorar sus capacidades de administración y distribución y a la ciudadanía con costos muy altos por el uso de la energía”, esgrimió.
Un tercer punto es el resarcimiento de la deuda espúrea de unos USD 4.000 millones, según la Contraloría General de la República del Paraguay. Y por último, el resarcimiento y la reparación de los daños causados a la comunidad ava guaraní, antiguos pobladores del Alto Paraná.
“Nada que negociar”
Por su parte, el ingeniero Germán Escauriza, más desde el derecho, señaló que no hay nada que “negociar”. Que hay que atenerse al numeral 6 del Anexo C donde se estable que las disposiciones del presente Anexo serán revistas, después el curso de un plazo de cincuenta años a partir del ingreso en vigor del Tratado, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, el grado de amortización de las deudas contraídas por ITAIPU para la construcción del aprovechamiento y la relación entre las potencias contratadas por las entidades de ambos países.
“Qué hay que negociar. No hay que negociar nada. Debemos sacar de nuestro vocabulario la palabra negociación. El 50% es nuestro. Hay que tomarlo y venderlo a precio justo de mercado”, enfatizó.
Según Escauriza, entre la energía producida por Itaipú y Yacyretá, con un valor de mercado de no menos de 100 dólares MWh., a Paraguay le pueden ingresar más de USD 5.000 millones año.
El contrapunto
El ingeniero Fabián Cáceres, docente del sector eléctrico y ex directivo de la ANDE, puso el ideal y la realidad en entredicho. Para él, la ANDE no tiene condiciones para contratar toda la energía producida por las binacionales porque no tuvo los recursos necesarios para aprovechar todo el potencial energético y porque las licitaciones de obras llevan mucho tiempo. Recordó que el uso de la energía se concentra en la zona metropolitana en más del 50%, en Alto Paraná está por los 20 y así llegando al Chaco con menos del cinco por ciento. Gran parte de esto se debe a que la empresa no tiene condiciones infraestructurales para acercar la energía a todas las regiones. En ese sentido, Paraguay se ubica, aún teniendo dos grandes hidroléctricas, con las más precarias redes de transmisióin y distribución entre sus vecinos del Sur.
Hechos consumados
Este recorrido por el Anexo C se dio en el contexto también de un enfriamiento de las negociaciones entre Paraguay y Brasil. El gobierno paraguayo parece ya descansar en el acuerdo previo alcanzado en el Acta de Entendimiento de abril de 2024, el cual, al alzar la tarifa a 19,28, y al meterse un costo discrecional, el de los gastos sociales, le otorga unos USD 650 millones que también puede usarlos en forma discrecional.
Para que lo que estime. Es un dinero que tendrá hasta el 31 de diciembre del 2027. El mismo acuerdo sostiene que una vez revisado el Anexo C, Paraguay podrá vender su energía al mercado brasilero y que el costo corresponderá únicamente al costo operativo.
Sin deudas que pagar, entonces, la tarifa puede reducirse a USD 9 kW mes, como bien lo dijo Ricardo Canese.
Las negociaciones, que debieron cerrarse el 31 de diciembre del 2024, fueron aplazadas al 30 de mayo de este año. Pero el gobierno de Santiago Peña las congeló cuando desde Brasil se conoció la información de que durante el gobierno de Jair Bolsonaro se había espiado a las autoridades paraguayas en el contexto de las inminentes negociaciones.
Negociaciones que, durante los gobiernos de Bolsonaro y Mario A. Benítez finalmente nunca comenzaron. Se quedaron atrapadas en el descubrimiento de una posible acta secreta, denunciada en su momento por el ingeniero Pedro Ferreira, entonces titular de la ANDE.
Para Canese es clara la película. Contratar toda la energía y apuntar a un desarrollo industrial que genere más empleo.
Para eso necesitamos negociadores “patriotas y honestos”.