En el retraso de las negociaciones del Anexo C de Itaipú, lo que más le preocupa al politólogo Miguel Carter es que Paraguay negocie en secreto, sin acompañamiento ciudadano ni apoyo popular. En el mismo modo en el que “siempre se negociaron pequeñas ventajas y migajas”. Espera que en algún momento el gobierno de Paraguay se deje de ser cha’i (arrugado) y se ponga los pantalones largos para devolvernos soberanía sobre nuestros más importantes recursos naturales.
En este momento, Carter se encuentra en Nairobi, Kenia, preparando su más pretencioso compendio sobre la historia de Itaipú. “Itaipú, causa nacional”, se llamará. Lo quiere presentar en julio.
No está muy atento a los detalles de la actual negociación que ya debió cerrarse en el 2023, y que ahora, en el gobierno de Santiago Peña ya lleva dos postergaciones, nos dice, como excusándose, pero entiende que por la forma, sin consultas ciudadanas, sin apoyo popular, lo que salga de esas negociaciones seguirá el derrotero de siempre: “pequeñas ventajas, migajas, no acordes a los intereses y a las demandas del pueblo paraguayo”.
Infiere que la única negociación que se corrió de esa lógica fue el acuerdo Lula-Lugo (se triplicó el precio de la cesión de energía a Brasil y se consiguió una línea de transmisión 500 kV), pero aquel acuerdo -recordó- vino “precedido de un amplio debate. Consultas y movilización previa que fortalecieron un poco las fibras patrióticas”.
Nada de eso se da hoy en el gobierno de Santiago Peña. “Negociando siempre en secreto, sin apoyo ciudadano, no creo que nos vaya bien”, pronostica.
A su criterio, el manejo que Paraguay ha hecho de sus dos grandes hidroeléctricas refleja en esencia “la falta de comprensión de lo que debería ser la soberanía de Paraguay en el manejo de sus recursos naturales; en este caso el Río Paraná, uno de los más caudalosos del planeta”.
Desde sus orígenes
Pero esta historia tiene un origen. Desde el mismo momento en que se acordó la construcción de Itaipú. Desde entonces, durante el gobierno de Alfredo Stroessner, “se apuntó a sacar pequeñas ventajas, pequeñas platitas, aquí y ahí, y se cedió a todas las cuestiones importantes a largo plazo que pudieron haber redituado mucho más recursos, mucho más riqueza para el Paraguay”.
Para Carter eso queda muy claro cuando se analiza esa trayectoria de más de 50 años. “Dejó de vender a precio acorde del mercado, se esmeró en conseguir utilidades, resarcimientos, recargos financieros, royalties, a costa de un precio muy bajo por la energía excedente”.
Esa tónica se ha visto en muchos momentos, también en Yacyretá.
“Se negocia por lo chiquito y se cede en los temas más grandes”, remata en diálogo con El Prisma.
En el origen mismo del acuerdo de construcción de la hidroeléctrica, en su momento la más grande del mundo (ahora es la que más energía limpia produce), un tema que a Carter le llamó mucho la atención fue la absoluta insistencia de Alfredo Stroessner de que Paraguay “no podía poner un solo centavo en Itaipú, a tal punto que el mismo Enzo Debernardi (director en esa época de la entidad, luego de la ANDE) comenta en su libro que él tampoco entendía por qué Stroessner se oponía a poner dinero”.
“Paraguay hasta le tuvo que pedir prestados a Brasil los USD 50 millones para conformar el capital inicial de 100 millones. Entiendo que eso, y pedir tantas otras cosas chiquitas, hacía que Paraguay “quedara como país pedigueño, cha’i, que por poca plata aceptaba entregar lo más preciado de sus riquezas naturales”, dictamina.
Qué intereses están en juego
Para Carter, en el centro de los intereses de Paraguay está en juego la soberanía nacional. La idea de que Paraguay debe hacer pleno uso de sus riquezas naturales y que estas deberían beneficiar en primer lugar y por sobre todo al pueblo.
Y en el caso de Itaipú, resarcir las comunidades indígenas desterradas “que tanto sufrieron con el despojo de sus tierras. Es el momento en que Paraguay se ponga los pantalones largos y asuma su plena soberanía”.
Las dilaciones
Las negociaciones sobre el Anexo C del Tratado de Itaipú (que establece la tarifa y ahonda en las cuestiones financieras de la entidad binacional) debieron cerrarse, primero el 31 de diciembre de 2024. Pero unos días antes se anunció su postergación para el 30 de mayo de este año.
El gobierno paraguayo decidió congelar las negociaciones al informarse desde Brasil que el gobierno de Jair Bolsonaro había espiado a las autoridades paraguayas durante el primer período del gobierno de Mario Abdo Benítez (2028-2023).
Pero ya hubo negociaciones preliminares. En ellas descansa el gobierno de Santiago Peña. En esas negociaciones, el gobierno de Paraguay consiguió alzar la tarifa a 19,28 kW-mes, incorporando a su costo un rubro denominado: Gastos sociales. Unos USD 650 millones anuales que podrá disponer, sin pasar por el Presupuesto General de Gastos de la Nación, hasta el 31 de diciembre del 2026.
En el mismo acuerdo (Acta de Entendimiento del 24 de abril, firmado el 7 de mayo de 2024), se establece que Paraguay, una vez revisado el Anexo C, podrá vender su energía excedente (si tomamos los datos del 2024, le queda un 40% de energía que no usa) al mercado brasilero.
Ya durante el gobierno de Mario Abdo Benítez se debieron comenzar las conversaciones formales, pero el descubrimiento de un acta secreta, muy lesiva a los intereses de Paraguay, dejó muy mal parados al entonces gobierno, y también al de Bolsonaro.
Recién este año tiempo, en el marco de un proceso judicial que se desarrolla en Brasil por espionaje, se supo que agentes de Inteligencia brasilera intervenían las comunicaciones de las autoridades paraguayos a través de aparatos electrónicos.