Un proyecto presentado en el Congreso mediante la figura de la iniciativa popular puede generar -de convertirse en ley- un impacto social y económico para toda la población.
Seis organizaciones sociales del país se articularon y decidieron utilizar la figura del derecho a la Iniciativa Popular establecida en el artículo 123 de la Constitución Nacional. Dichas organizaciones son: Ande Pueblo Mba’e, Itaipú Es También Soberanía, Comité de Iglesias Para Ayudas de Emergencia, Movimiento Campesino Paraguayo, Coordinadora de Adultos Mayores y Familia e Itaipú Causa Nacional.
El artículo constitucional dice literalmente: “Se reconoce a los electores el derecho a la iniciativa popular para proponer al Congreso proyectos de ley. La forma de las propuestas, así como el número de electores que deban suscribir serán establecidas en la ley”. Esta ley es el Código Electoral Paraguayo, interpretado y ejecutado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
Desde fines del año 2023 hasta fines del 2024, cientos de miembros de las seis organizaciones citadas recogieron en todo el país las firmas en papel de casi 50.000 personas cuyos nombres están en el padrón nacional como electores habilitados, tal como establece la ley.
El pasado 8 de mayo se realizó en la Sala Bicameral del Congreso Nacional una audiencia pública en la que participaron más de 100 personas de las organizaciones promotoras. En la audiencia, de la que también participaron varios legisladores de distintos partidos políticos, se debatió sobre los enormes beneficios que traería al país la aprobación del Proyecto de ley “Que garantiza la energía eléctrica como un derecho humano y amplía la tarifa social”, el cual fue remitido por el TSJE al Congreso, el pasado 2 de abril. El Congreso debe tratarlo en un plazo máximo de 2 meses, contados a partir de la recepción del proyecto, según dispone la ley.
El proyecto establece los rangos de consumo de la energía eléctrica y los descuentos correspondientes: De 1 a 100 Kw hora/mes, 90% de descuento; de 101 a 200 Kw hora/mes, 85% de descuento; de 201 a 300, 75% de descuento; de 301 a 500, 50%; de 501 a 750, 35%; de 751 a 1000, 25%, y de 1001 a 1500 Kw hora/mes, 15% de descuento.
Según cálculos de los proyectistas de las seis organizaciones, el costo de la ampliación de la tarifa social será de 200 millones de dólares, aproximadamente. Técnicos de la ANDE calcularon su costo en 193 millones de dólares.
El proyecto prevé que los recursos para costear esta ampliación provenga de la llamada “renta eléctrica”, es decir del dinero que reciben las hidroeléctricas binacionales Itaipú y Yacyretá en conceptos de royalties y compensaciones, calculados en USD 600 millones anual, y de la diferencia entre la tarifa y el costo del servicio de Itaipú, calculada en 765 millones de dólares anual. Además, se prevé en el proyecto un impuesto especial a los altos salarios que están por encima de lo que gana el presidente de la República en las instituciones del Estado, cuya recaudación irá al fondo para costear la ampliación de la tarifa.
El ingeniero Ricardo Canese, uno de los que elaboró el anteproyecto de ley citado, afirmó que este proyecto plantea la filosofía de que la energía eléctrica “es un derecho humano fundamental para la vida”, y que “el que menos tiene, menos pague por la energía eléctrica”.
De ese proyecto de ley -que ya está en manos de los legisladores del Congreso para su estudio- extraemos cinco beneficios concretos que traerá a la población y al sistema eléctrico del país la eventual sanción, promulgación y entrada en vigencia de la ley de ampliación de tarifa social de energía eléctrica.
1 Beneficiosa para casi toda la población
El 90% de la población paraguaya -sobre todo los que pertenecen a la clase social popular integrada por los sectores sociales con menos ingresos y más carenciados pero también los de la clase media- se beneficiarán con descuentos de hasta el 90% del costo de sus consumos de electricidad distribuidos por la ANDE. Dentro de este porcentaje, la energía eléctrica será gratuita para las familias indígenas y personas de tercera edad que consuman hasta los 300 Kw hora/mes de electricidad.
2 Energía barata para las MIPYMES
La reducción de la tarifas social para las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MIPYMES) se mantiene en los mismos rangos que para las familias que consumen energía eléctrica hasta 1.000 kW hora/mes. Eso significará un apoyo a las MIPYMES para que generen más puestos de trabajo.
3 Energía barata para las Juntas de Saneamiento
La reducción de la tarifas social para las Juntas de Saneamiento de Agua Potable es de 75% en todos los casos y hasta 5.000 kWh/mes, no importa incluso cuál es la tensión de abastecimiento (baja o media tensión), pues en este caso lo que importa es que el agua potable sea también un derecho humano. Se pretende favorecer así a las pequeñas y medianas juntas de saneamiento, las más vulnerables, que benefician con el líquido vital a cientos de miles de paraguayos.
4 Mejorará la eficiencia de la ANDE
El proyecto de ley prevé descuentos fuera del horario de punta de carga (de mayor uso de la electricidad) desde 501 a 1.500 kW hora/mes, lo que hará que disminuya la demanda en horario de punta y evite que ANDE tenga que: a) contratar más potencia de Itaipú a alto costo, para la punta de carga, y b) invertir más en generación, transmisión y distribución para atender tal demanda de punta.
Este ahorro de ANDE, en potencia no contratada de Itaipú y en inversiones prematuras para cubrir una demanda de punta de carga exagerada, también ayudará indirectamente a financiar la ampliación de la tarifa social o, más bien, a que la ANDE disponga de más fondos para fortalecer y ampliar el sistema eléctrico nacional.
5 Dará de más recursos a la ANDE
El proyecto de ley prevé que el 50% de la renta eléctrica sea entregada por el Estado a la ANDE, como debió hacerse siempre, pues la renta eléctrica es del sector eléctrico. Así, si la renta eléctrica actual es de 1.365 US$/año, sin tanta austeridad (con buena austeridad sería bastante más), la ANDE dispondría de 682,5 millones US$/año para expandir y mejorar el sistema eléctrico nacional, tanto en generación, transmisión y distribución, y prolongar así, por décadas, mediante una complementación solar-hidroeléctrica, una matriz eléctrica renovable y barata.