Partidos de oposición exigen retomar inmediatamente la negociación con Brasil

Un comunicado conjunto de varios partidos de oposición asume que Paraguay debería ejercer su soberanía y acelerar –no detener– la revisión del Anexo C. Es así que lo denuncian por traición a la patria a Santiago Peña, “quien insólitamente suspendió la de por sí demorada revisión del Anexo C de Itaipu, en lugar de acelerarla”.

El motivo aducido es el ilegal espionaje llevado a cabo por el gobierno de Jair Bolsonaro contra el Estado paraguayo, “luego suspendido por (Luiz Inácio Da Silva) Lula y ahora conocido”, establece el comunicado en su inicio.

Dicen que tal lesivo espionaje debió haber motivado el repudio contra quien perpetró tal agresión (en este caso el gobierno de Bolsonaro) y, antes que postergar, exigir al Estado brasileño acelerar la revisión del Anexo C de Itaipu, “un reclamo ciudadano de hace más de 50 años”.

Sostienen que también era y es el momento para que se reconozcan todos los derechos soberanos del Paraguay en Itaipu, “que curiosamente Peña los ignora y viola.

Según los partidos firmantes, el Anexo C debe ser revisado teniendo en cuenta el grado de amortización de las deudas y la relación entre las potencias contratadas (Anexo C, artículo VI). En cuanto a la deuda, la Contraloría General de la República (CGR) demostró que la denominada “deuda espuria” de 4.193 M US$ es enteramente ilegal y que perjudicó al Paraguay.

Peña, en lugar de exigir el debido resarcimiento a favor del Estado paraguayo por esta Ilegal deuda espuria, ha optado por el silencio. En cuanto a la potencia contratada, “el gobierno de Lula ya reconoció en el año 2009 que el Estado paraguayo puede exportar su energía de Itaipu a precio de mercado al Brasil y a terceros países desde el 2023”, agregan.

Según los partidos, Peña, en lugar de ejercer nuestra soberanía hidroeléctrica desde agosto del 2023, “cuando había condiciones ideales pues el costo del servicio pasó a ser mínimo, le entregó al Brasil nuestra energía de Itaipu a un precio de exportación –costo del servicio más compensación– inferior al que rigió desde el 2009 al 2021, en tanto que todas las cotizaciones de energía subieron notoriamente”.

Manifestación contra aquella acta secreta sobre Itaipú, durante el gobierno de Mario A. Benítez. Foto: Daniel Duarte.

Las organizaciones firmantes se preguntan:

¿Por qué Peña entrega a Brasil nuestra energía de Itaipú a un precio inferior al que el mismo Lula aceptó pagar y pagó ya hace 15 años?

¿Por qué Peña no ejerce la soberanía y, como Estado paraguayo, exporta nuestra hidroelectricidad a precio de mercado?

O bien, ¿por qué al menos no exige que Brasil nos entregue en trueque los hidrocarburos que deja de quemar gracias a nuestra energía de Itaipu.

La suspensión de la revisión del Anexo C de Itaipu decidida por Peña “puede entenderse, más bien, como su afán de prolongar la abierta violación del Tratado de Itaipu –que establece que la tarifa debe ser igual al costo del servicio– manteniendo una ilegal tarifa mayor al costo a fin de que sobre un remanente de uso discrecional en Itaipu, para pagar 32 M US$ lo que vale 5 M US$, como ha ocurrido con los pupitres de oro, robo hasta ahora impune, y muchos otros casos”
La energía de Itaipú debe ser barata hoy para la ANDE y los usuarios nacionales, con una tarifa igual al costo, como establece el Tratado. En cambio, el Brasil debe pagar un precio de mercado, tal como ya se exporta la energía eléctrica en todo el Mercosur y el gas natural de Bolivia al Brasil, referidos a precios de mercado, desde hace décadas, y como Lula ya lo aceptó en el 2009.

Las organizaciones firmantes son:

Partido Revolucionario Febrerista (PRF); Partido Paraguay Soberano (PaSo); Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA); Partido Yo Creo; Senadora Kattya González; Partido de la A; Partido Participación Ciudadana (PPC); Partido Paraguay Pyahurã (PPP); Partido País Solidario (PPS); Partido Democrático Popular (PDP); Partido Frente Amplio (PFA) y Partido del Frente Patriótico Teeté (PFPT).