Criptomineros ilegales se exponen a 10 años de prisión

La nueva ley, la 7300/24, muy poco conocida aún, establece esta penalidad para las personas que usan media tensión, más de 1.000 voltios. En Paraguay, se calcula la existencia de más de 60 instalaciones de este tipo. Si solo fueran 60, juntas estarían usando la energía equivalente al uso en 60.000 viviendas.

A estas granjas se suman las instalaciones de baja tensión, las domésticas, que utilizan dos o tres computadores. Para la sustracción de energía en esta escala, la nueva ley prevé hasta tres años de cárcel, lo que se puede sustituir por multa, y la pérdida de todo el equipamiento incautado.

Además de la pérdida que significa para la Administración Nacional de Electricidad el uso intensivo de energía sin permiso o contrato (las legales pagan un promedio anual de USD 200 millones de dólares por consumo), el establecimiento de las granjas de media tensión es una de las causas principales de los apagones y los pestañeos intermitentes en varias comunidades. Se cuelgan del tendido de la ANDE y usan intensamente la energía, lo que genera una sobrecarga en la distribución.

El reconocimiento de las granjas criptomineras ilegales generalmente se da por desestabilización del sistema de distribución, nos cuenta el ingeniero y gerente comercial de la ANDE Hugo Rolón.

Esta desestabilización aparece en un sistema de raestro. Buena parte de la intervención, como la de ayer en Emboscada, de una instalación de 236 procesadores de bitcoin, se da por denuncias de apagones a cada rato de la comunidad.

Una ley aún desconocida en los procedimientos

Si bien esta ley ya se promulgó a mediados del 2024 la fiscalía, cabeza de los procesos penales en Paraguay, ha estado utilizando aún el antiguo código penal, que establecía solo hasta tres años de prisión por sustracción de energía. Este es el caso del fiscal Rolando Ortega, asignado a la jurisdicción del departamento de Itapúa. Él, a cargo de varios operativos, el último, en San Pedro del Paraná, estuvo aplicando todavía la antigua disposición.

Como es un delito nuevo, el antiguo código no contemplaba todavía la criptomiería. La actual ley, la 7300/24 incorpora la figura por primera vez.

Es así que estipula que quien sustraiga indebidamente “energía eléctrica de una instalación u otro dispositivo empleado para su transmisión o almacenaje en media tensión o niveles superiores, superando los un mil voltios; o, con la intención de desarrollar actividades de minería de criptoactivos o actividad similar, será castigado con pena privativa de libertad de hasta diez años”.

Parte de los materiales incautados en Emboscada.

La Cámara Paraguaya de Minería de Activos Digitales (Capamad) calcula que en nuestro país existen entre 60 a 100 establecimientos ilegales. Los que no tienen contrato con la ANDE. Su titular, Jimmy Kim, supone que el alto costo de la energía para las granjas criptomineras está generando esta multiplicación de establecimientos ilegales.

En junio del año pasado, aumentó la tarifa para la criptominería en 16%. Según la mencionada cámara, que aglutina, entre otras, a las empresas multinacionales que usan energía de alta tensión (con miles de computadores que buscan encriptar la moneda), el costo de la energía alcanza un 70 por ciento de las operaciones.

Detrás del bitcoin

El primero de enero de 2024 el valor de un bitcoin trepó a UDS 94.000. Al 28 de enero se ubicaba en USD 105.000

Estas monedas se “cazan” luego de complejos problemas matemáticos que deben resolver las computadoras. Estas computadoras se preparan y se configuran en China y Tailandia. Se las denomina ASICZ. Las monedas minadas se cargan en un archivo digital. Luego ya las puede vender. Existen unos 1,200 millones de bitcoin aún por “cazar”.

Detrás de esta moneda se arriesgan grandes capitales.

El equipamiento desmantelado ayer en Emboscada (236 procesadores y equipo de refrigeración) fácilmente equivale a una inversión de G. 1.500 millones, sostiene el jefe de Operaciones Estratégicas de la ANDE, Fredy González.

Él nos cuenta que una instalación así utiliza la energía de unas mil viviendas. Esa es la potencia que usan las granjas de mediana tensión. Si calculamos sobre el mínimo calculado por la Capamad, de 60 granjas ilegales, estamos ante el uso equivalente a 60.000 viviendas.