Itaipú: Paraguay y Brasil ya acordaron casi todo el Anexo C

En el silencio “discrecional”, Paraguay ha acordado ya casi todo lo que contendrá el Anexo C de Itaipú. El acuerdo de entendimiento firmado el 7 de mayo de 2024 definió un período puente “discrecional”, y lo que el Anexo C contendrá desde el 1 de enero de 2027. Brasil juega a dejar “por el suelo” la tarifa de la energía eléctrica a partir de 2027 y Paraguay jugó esta partida conquistando un oxígeno económico de 650 millones de dólares por año, el costo “discrecional” por el cual se ha subido la tarifa a 19,28 KW/mes.

En un video, emitido en mayo del 2024, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunciaba un “histórico” acuerdo con Brasil en el marco de la revisión del Anexo C del Tratado. “Es un día de fiesta”, asumió el director paraguayo de la entidad, Justo Zacarías Irún. “Es para festejar, claro que sí”, exclamaba la entonces jefa de gabinete presidencial, Lea Giménez.

En dicho acuerdo, el gobierno resaltaba el establecimiento de una tarifa por energía eléctrica en 19,28 dólares Kw/mes hasta el 2026, el mantenimiento del acuerdo operativo de la Itaipú, la posibilidad inmediata para Paraguay de vender al mercado libre brasileño su energía, y el acuerdo para concluir este año la negociación del Anexo C de la binacional.

“Realmente es un logro para nuestro país, representa un salto cuantitativo y cualitativo en su visión de desarrollo sustentable, sostenible e inclusivo, para todos los paraguayos y paraguayas”, expresó entonces el jefe de la delegación paraguaya, el canciller Rubén Ramírez Lezcano.

En cuanto a la venta directa

Lo que el gobierno paraguayo ha resaltado con énfasis es que el nuevo precio de la tarifa iba a generar, por tres años, alrededor USD 280 millones de ingresos por royalties, USD 650 millones para inversión social, USD 265 millones por compensación de energía y USD 53 millones en utilidades de capital, totalizando USD 1.250 millones anuales. Pero lo central, en el artículo más discutido del Anexo C, configuró, sin embargo, la palabra venta de energía.

Pero acá hubo un enredo inicial que luego fue aclarándose. No era la energía de Itaipú la que inmediatamente se podía vender al mercado libre brasileño, sino otra energía, que no fuera binacional. Así que lo que quedó en pie fue la energía producida por Acaray. La de Itaipú sólo podrá vender al mercado brasilero desde el 1 de enero del 2027.

El Anexo C del tratado firmado en 1973, en el punto II.5, reza lo siguiente: “Cuando una entidad decide no utilizar parte de la potencia contratada o parte de la energía que a esta le corresponde, dentro del límite fijado, podrá autorizar a ITAIPU ceder a las otras entidades la parte que así se hiciera disponible, tanto de potencia como de energía, en el período referido en II.4, en las condiciones establecidas en IV.3.”

El acuerdo del 7 de mayo de 2024 indica el rumbo que tendrá la renegociación en esta cuestión central, al dejar la cesión de energía por una nueva cláusula: la venta de energía al mercado brasilero.

¿Avance u otra entrega?

De izq. a der. Rubén Ramírez, ministro de relaciones exteriores, Santiago Peña, presidente de la República, y Mauro Viera, canciller de Brasil.

Lo que para el gobierno ha sido una conquista histórica, el ingeniero Ricardo Canese, antiguo referente del sector de energía, y defensor de las posiciones paraguayas de utilización de la energía en la generación de empleos y de transportes de calidad, el acuerdo con Brasil no ha sido sino “una política entreguista más del gobierno paraguayo. Una gravísima, de sujetarse al capital brasilero”.

A su criterio, la posición que hay asumir y promover es muy sencilla: “la Ande (Administración Nacional de Energía) tiene que contratar el 100 por ciento de lo que le corresponde al Paraguay, a precio de costo. “Si Brasil quiere usar la energía contratada, pues que paguen a precio de mercado”.

“Lo que ha conseguido es un dinero, en gastos sociales, que de sociales y medioambientales muy poco, que utilizarán discrecionalmente, como lo han hecho siempre. Eso es lo que festejan, y a cambio de qué, de seguir atado al capital brasilero y seguramente para mantener el contrabando de cigarrillos, y la política de obras para el complejo sojero”, arriesga Canese.

El acta secreta y el silencio

Ciudad de Sao Paulo.

El 24 de mayo de 2019, el embajador paraguayo en Brasil, Hugo Saguier, firmó un acta bilateral con su par brasileño Pedro Miguel Da Costa, comprometiendo a la Ande a un nuevo cronograma de contrato de energía que afectaba los intereses paraguayos. Se hablaba de una pérdida de 250 millones de dólares para Paraguay. Al poco tiempo, el entonces director de la Ande, Pedro Ferreira, renunció, explicando en detalle cómo quisieron que él firmara los términos de un nuevo contrato, en forma silenciosa y oscura. Se abría al público algo que se manejaba en secreto. Al poco tiempo, los gobiernos presididos por Jair Bolsonaro y Mario Abdo Benítez decidieron dar por finalizado el principio de acuerdo, pero la malograda intención le costó al gobierno de Mario A. Benítez la primera y tal vez más grande crisis política, con un proyecto de juicio político encabezado por sectores no colorados. Entonces, los parlamentarios de Honor Colorado, cuya jefatura recaía y recae en Horacio Cartes, cerró filas con el presidente, trabándose así, por falta de votos, la intención.

Si por entonces ya existían grupos ciudadanos que reclamaban tomar en serio la renegociación del Tratado de Itaipú, este descubrimiento abrió una discusión más pública sobre la inminencia de la renegociación de Itaipú. Se habilitaron mesas de diálogos y nuevas formas de distribución de la información, pero el gobierno de Santiago Peña, que asumió el 15 de agosto de 2023, estableció un cerrojo en torno del tema, al decir de Ángeles Ferreira, integrante de la campaña Itaipú Ñane mba’e y de otras fuentes periodísticas consultadas para esta nota.

“Todo se maneja en el silencio y en la oscuridad. No tenemos información, no hay debate público. No sabemos cuál es la agenda del gobierno”, comenta. “Estamos perdiendo un tiempo de oro, trascendental para nuestro país”, agrega.

Más allá del Anexo C

Así como lo determina el artículo 15 del tratado, el Anexo C contiene las bases financieras y las de prestación de los servicios de electricidad de Itaipú. Está consagrado a las cargas y movimientos financieros, a los precios, a fórmulas y a los cronogramas de contratación de la energía tanto por la Administración Nacional de Energía (Ande) como de su contraparte en Brasil. Firmado en 1973, su cláusula de revisión se estableció a cincuenta años. Por el lado paraguayo, el equipo negociador está constituido por los ministros del Poder Ejecutivo y el director de la entidad binacional, que al cierre de esta nota estaba a cargo de Justo Cárdenas.

Durante las diversas campañas establecidas, con estudiosos y activistas interesados en mejorar la posición paraguaya, se ha llegado a una coincidencia en lo que Paraguay debe asumir, sostener y desarrollar. Por ejemplo, en la plataforma que integra Ferreira son puntos vitales para nuestro país la utilización de la energía en la industrialización, una dirección estatal de Itaipú y la inclusión en el presupuesto general de gastos todo cuanto Itaipú es, desde la energía y el funcionariado.

En tanto que para Canese, esto de mantener en la oscuridad las negociaciones y los recursos son un caldo permanente de componendas, reacomodos, de nuevos ricos y extendida corrupción. “Es mantener todo cuanto está y sepultar las históricas demandas de soberanía y desarrollo económico y social”, afirma categóricamente.

Las definiciones del acuerdo de entendimiento

El acuerdo de entendimiento firmado el 7 de mayo por las autoridades paraguayas y brasileras en Asunción define los puntos centrales de cómo quedaría el Anexo C del tratado. Ahí se estableció “que las directrices deberán guiar las medidas posteriores de ambos países” y que las partes se comprometen a que el Anexo C revisado “deberá contener los términos de este entendimiento”.

El acuerdo puente

Los acuerdos establecidos definen un plazo puente entre los términos actuales del Anexo C y cómo quedaría a partir del 1 de enero de 2027 el tratado en el aspecto financiero y la distribución de la energía. Lo que más festejó el gobierno paraguayo, como bien lo han demostrado el presidente de la República y sus miembros del Gabinete, son esos 650 millones de dólares que se estipulan en “Gastos Sociales”.

Con este dinero, el gobierno de Santiago Peña ha anunciado inversión en escuelas, en “seguridad” (más dotación de miembros y recursos para la Policía), hospitales y en el sistema eléctrico de distribución. Ese dinero, de esa manera “discrecional” (ese término se usa en el acuerdo de entendimiento, como lo veremos más abajo), terminará en el 2027. Para este período puente, el Paraguay acordó la contratación de la potencia hasta de un 10 por ciento más para cada año a partir del 2024. Y a partir del 1 de enero del 2027 “el Paraguay se compromete a contratar acorde a todas sus necesidades” y tendrá “la posibilidad inmediata al mercado libre de acuerdo con las normas actuales vigentes en Brasil”

La cláusula de cierre

Entre la euforia del gobierno paraguayo por los acuerdos puente y las discusiones en torno de los manejos de los fondos, el silencio de las negociaciones y las reales implicancias de las nuevas cláusulas, quedó como muy por debajo tal vez el acuerdo más definido de todos: la tarifa desde 2027. El acuerdo reza que después del 2026 “las altas partes se comprometen a aplicar una tarifa que refleje únicamente el costo estricto de la operación de la entidad binacional previsto en el Anexo C, sin incluir costos discrecionales”.

Brasil, el mayor consumidor de la energía de Itaipú, está muy interesado en bajar la tarifa por el piso. Ya sin deuda, la denominada “deuda espúrea”, y sin gastos sociales, Brasil pretende dejar la tarifa de la energía a nueve dólares, según la periodista Silvana Bogarín, experta en el sector energético.

Qué aspectos quedarían por renegociar en el marco del Anexo C

En apariencia, los aspectos más importantes del Anexo C ya están definidos. Pero en ese marco de la renegociación hay algunos temas que flotan, flotan entre entrevistas informales, off the record. Entre estos, se habla, sin asumirse nada oficial, de la repotenciación de las turbinas, de una compensación por la destrucción de los Saltos del Guairá y de las esclusas de navegación, según Bogarín.

Recordemos que la primera turbina operó hace 40 años. En diez años necesitarán un mantenimiento. Con una repotenciación, cada turbina, de las 20 en operación, podría pasar de producir 700 megavatios anuales a 900 megavatios. Es decir, un 23 por ciento más de la energía total que hoy se está produciendo. Esta sería la mayor demanda de los negociadores de Paraguay.

En cuanto a las esclusas, estas son cauces de navegación, una franja por la cual pueden pasar las embarcaciones. En tanto que la compensación económica por la destrucción de los Saltos del Guairá (Siete Quedas en el lado brasileño), esta es una demanda de ambas partes, nos cuenta Bogarín.

El gobierno paraguayo no suelta prenda. No asume nada públicamente. Y tal vez la mayor demanda de nuestra población, luego de tantos años de entrega de la soberanía, deuda espuria y uso discrecional del dinero de la segunda mayor hidroeléctrica del mundo, sea que, alguna vez, todo se maneje con transparencia.